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Argentina: Exdirectivos de Ford van a juicio por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura

Publicado: 20 dic 2017 23:12 GMT

Este martes comenzó la causa que investiga el secuestro y tortura de 24 obreros de la automotriz durante la última dictadura en el país sudamericano.

Argentina: Exdirectivos de Ford van a juicio por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura
Logo de Ford en una de sus sedes.
Edgard Garrido / Reuters
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Luego de dos postergaciones por distintos problemas, este martes comenzó el juicio contra dos antiguos directivos de la empresa automotriz Ford en Argentina. Se trata del exgerente de Manufactura, Pedro Müller (85 años), y el exjefe de Seguridad, Héctor Francisco Sibilla (90). También será juzgado en la misma causa el exjefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros (94).

Los imputados están acusados del secuestro y tortura de 24 trabajadores de la compañía en 1976, durante la última dictadura en el país. Se trata de un caso emblemático en el que se juzgará la complicidad que tuvieron sectores civiles, en este caso empresarios, con los militares que detentaron el Gobierno en aquellos años y llevaron a cabo un plan sistemático de desaparición de personas.

El proceso estará a cargo de los jueces Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Diego Barroetaveña, del Tribunal Oral Federal de San Martín. Por su parte, los fiscales serán Jorge Auat y María Ángeles Ramos, y los abogados querellantes Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta.

Los hechos denunciados

"Solo en el 5% de las fábricas torturaron adentro de la empresa y Ford fue una de esas", relató al diario Tiempo Argentino el exdelegado Carlos Propato, que fue secuestrado en su lugar de trabajo.

"El 24 de marzo de 1976 secuestraron a tres compañeros del comedor, tres pibes de 19, 20 y 21 años que eran los delegados" y "en la puerta les hicieron un simulacro de fusilamiento", añadió.

El periodista Diego Martínez, de Página/12, recordó que el 25 de marzo de ese año, un día después del golpe, otros delegados fueron citados a una reunión por el exgerente de relaciones laborales Guillermo Galárraga -quién falleció el año pasado y por eso no llegó a juicio-. Allí les dijo que "se acabaron todos los problemas" y que la empresa Ford Motor Argentina pasaba a ser "objetivo y prioridad militar".

Sin embargo, el delegado Juan Carlos Amoroso protestó y reclamó por el pago de salarios atrasados. "Esta reunión se terminó, Amoroso. Dele saludos a Camps", dijo Galarraga. "¿Quién es ese señor?", preguntó el delegado. "Ya se va enterar", le respondió. Tres días después el trabajador fue secuestrado, no sabía que el gerente se refería a Juan Ramón Camps, quién pasaría a ser jefe de la Policía Bonaerense y uno de los principales referentes del terrorismo de Estado argentino.

De acuerdo a las denuncias, la operatoria era siempre la misma: los militares deambulaban libremente por la fábrica y detenían a quienes, previamente marcados por la empresa, consideraban "subversivos". Eran trasladados al quincho de deportes del predio donde las Fuerzas Armadas habían montado su campamento y luego a las comisarías de Tigre e Ingeniero Maschwitz, bajo la jurisdicción de Camps. Allí eran torturados e interrogados.

Complicidad civil con la dictadura

La abogada querellante en esta causa, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo en un artículo que "resulta imposible" explicar la "convergencia de los intereses de las fuerzas represivas y de parte del empresariado sin un análisis de la estructura social y económica previa al golpe". A una elevada tasa de sindicalización se sumaba que "los asalariados habían logrado captar un 48% del ingreso nacional".

En ese sentido, "la violencia necesaria para modificar el patrón de acumulación vigente" en Argentina "fue la del terrorismo de Estado".

"Además de eliminar a la disidencia política, esa violencia buscaba disciplinar a la clase trabajadora", apuntó la abogada.

Por ese motivo, la causa Ford resulta emblemática. Como enumeró Martínez, la empresa llevó a cabo la entrega de "datos precisos para que el Estado terrorista secuestrara a una veintena de activistas", lo que se complementó con "el silencio frente a las familias", ya que jamás informó sobre las detenciones.

Finalmente, en diciembre de 1976, cuando los secuestrados ya habían sido legalizados y puestos formalmente en cárceles, la compañía los despidió "con causa". De ese modo, los empresarios eliminaron toda resistencia gremial y se ahorraron las indemnizaciones por despido.

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