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Caso Browder: El fiscal general ruso arremete contra el Parlamento Europeo por su presión a Chipre

Publicado: 25 dic 2017 18:50 GMT

El fiscal general de Rusia, Yuri Chaika, ha escrito una carta al presidente del Parlamento Europeo en relación a la 'ilegal' intervención de Rusia en la investigación del caso del fundador de Hermitage Capital.

Caso Browder: El fiscal general ruso arremete contra el Parlamento Europeo por su presión a Chipre
Alexey Nikolsky / Sputnik
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A finales de octubre se dio a conocer que 17 miembros del Parlamento Europeo firmaron una carta abierta al presidente chipriota Nicos Anastasiades en la que instaron a que Chipre dejara de colaborar con Rusia en la investigación del caso de William Browder, inversor británico y fundador de Hermitage Capital, que participó de manera activa en la elaboración de la 'Ley Magnitski' y está acusado por las autoridades rusas de evasión fiscal.

Los diputados tildaron el caso de "políticamente motivado" y acusaron al Gobierno chipriota de ayudar a Rusia a cometer "violaciones de los derechos humanos", lo cual  iba a tener "implicaciones más allá del caso" para Chipre.

"Una intervención directa en los asuntos internos de Chipre"

Este lunes el fiscal general de Rusia, Yuri Chaika, ha escrito una carta al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en la que subraya que "la cooperación en la esfera legal entre Rusia y Chipre se efectúa totalmente en cumplimiento del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal del 20 de abril de 1959", y en el marco del acuerdo entre la URSS y Chipre del 19 de enero de 1984.

Chaika ha señalado que la petición de los miembros del Parlamento Europeo "es una intervención directa en los asuntos internos" de Chipre y representa "un intento políticamente motivado de influir en los órganos judiciales y otros organismos gubernamentales independientes de Chipre" con el fin de incider en el proceso judicial.

El fiscal general ruso ha recordado que la petición de los parlamentarios responde a los intereses de la persona que afronta la persecución penal "por una serie de graves delitos fiscales y otros delitos económicos" en cumplimiento con la legislación rusa y el derecho internacional.

"Esta petición no puede considerarse de otra manera que un instrumento de la presión política en las ramas del poder de un Estado soberano, miembro de la Unión Europea. Esto contradice los principios de la democracia y la supremacía del derecho", ha indicado Chaika.

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