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El Consejo de Europa tira de las orejas a España por su deficiente lucha contra la corrupción

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El país no ha cumplido aún ninguna de las once recomendaciones para luchar contra la corrupción que le hicieron en 2013.
El Consejo de Europa tira de las orejas a España por su deficiente lucha contra la corrupción

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) se ha mostrado muy duro con España en la presentación de su informe sobre las medidas de lucha contra la corrupción en el país.

Según el organismo internacional, España no ha cumplido ninguna de las once recomendaciones que le hicieron en 2013. Tan solo aprecian que siete de ellas se han puesto en marcha parcialmente. El nivel de ejecución de las recomendaciones es descrito como "globalmente insatisfactorio".

El GRECO echa en falta la materialización de las propuestas en la práctica del Parlamento, donde hay una "falta de novedad en la adopción de un código de conducta" para diputados y senadores. Así, reclama a los políticos españoles que "son los propios parlamentarios los que deben mostrar una acción decidida en este ámbito", como señal "inequívoca de compromiso y adhesión a una férrea cultura de la ética".

La organización internacional también se ha quejado de que falta reformar la regulación sobre 'lobbies', incluir la ética de los propios parlamentarios en su relación con esos grupos, así como una mejora del sistema de declaración de bienes y posibles conflictos de intereses, en donde el Consejo de Estado recomienda incluir también a los familiares de los políticos.

Ámbito judicial

Sobre prevención de la corrupción en el ámbito judicial, el grupo valora positivamente en aras a la separación de poderes que en España se estén planteando que los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial –órgano supremo de los jueces- sean elegidos por los propios jueces y los partidos políticos dejen de proponer candidatos. Con respecto a la Fiscalía General, el GRECO recomienda avanzar en mejorar su autonomía.

España tiene de nuevo un año, hasta el 31 de diciembre de 2018, para informar de las acciones llevadas a cabo para prevenir la corrupción en los ámbitos legislativo y judicial.

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