El Gobierno de Donald Trump cancelará el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de El Salvador.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió un anuncio a los legisladores estadounidenses informando que se pone fin a los permisos provisionales de unos 200.000 salvadoreños, informó The Washington Post.
A estos inmigrantes se les da plazo hasta septiembre de 2019 para abandonar el país o que encuentren una forma de obtener una residencia legal.
El TPS fue activado en 2001 por primera vez, tras los terremotos que afectaron gravemente a ese país en enero y febrero de ese año.
En el documento del DHS se especifica, según el citado medio, que las condiciones en El Salvador han mejorado desde que se aplicó el TPS, por lo que no hay justificación alguna para que la medida siga vigente.
Reacción del Gobierno de El Salvador
El gobierno de El Salvador recibió este lunes la notificación de la cancelación del TPS.
A través de un comunicado, la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén, agradeció a Washington la medida, entendiéndola como una prórroga, puesto que el TPS vigente vencía en marzo de 2018.
"Esta decisión constituye un reconocimiento al aporte de nuestros compatriotas que cuentan con dicho beneficio migratorio, al ser en ese país una importante fuerza laboral y realizar relevantes contribuciones en otros ámbitos como el económico, el cultural y el social", reza el comunicado.
"La preocupación entre los salvadoreños continúa"
El cofundador de la Alianza Nacional TPS, Francisco Pacheco, ha comentado a RT que después del anuncio del Gobierno estadounidense "la preocupación continúa".
"Regresar, digamos, al país de origen, concretamente a El Salvador, es una cuestión incierta por varias razones: por la falta de oportunidades que se genera y la cuestión de la violencia por las pandillas y el narcotráfico. Y luego hay algunos muchachos pequeños que si bien es cierto son bilingües, no hablan perfectamente el español", ha indicado Pacheco.
Movilización sin frutos
Este fin de semana, la exembajadora de EE.UU. en El Salvador y actual subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Mari Carmen Aponte, publicó en la versión impresa de The Washington Times un artículo en el que manifestaba su preocupación ante la cancelación del TPS para esta nación de Centroamérica.
De acuerdo a la funcionaria, el TPS es necesario aún porque El Salvador tiene "terribles tasas de homicidios (la más alta de América Latina) provocada por el tráfico generalizado de drogas, la violencia de pandillas y la extrema desigualdad"; además, "más del 40 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza".
Explica que, con este beneficio, miles de salvadoreños "están trabajando arduamente (en EE.UU.) para mejorar su país".
El año pasado, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, realizó una intensa agenda con funcionarios de EE.UU. en favor de prorrogar el TPS.
Una nota de la Embajada de El Salvador en Washington recoge que Martínez se reunió con congresistas, senadores y altos funcionarios del ejecutivo estadounidense, entre ellos del Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca.
En noviembre pasado la administración Trump puso fin al TPS para 60.000 haitianos que llegaron a EE.UU. después del terremoto de 2010 y para 2.500 nicaragüenses que se asentaron tras el paso del huracán Mitch de 1998.
Pero esta medida contra los salvadoreños podría tener más impacto porque las casi 200.000 personas que obtuvieron el beneficio del TSP son padres de alrededor de 190.000 niños nacidos en territorio estadounidense.
Funcionarios del Gobierno de Trump han dicho en varias ocasiones que cuando el Congreso creó el TPS en 1990 era para brindar protección temporal de la deportación. Para ellos es un ejemplo de que la política migratoria ha salido mal.