La vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Ejecutivo de ese país solicitará un informe al Consejo de Estado —un órgano supremo consultivo del Gobierno español— para analizar la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad o un escrito de impugnación ante el Tribunal Constitucional sobre la decisión del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, de proponer al exmandatario Carles Puigdemont como candidato a presidente de esa región.
Si la respuesta es positiva, el Consejo de Ministros presentará un escrito de impugnación ante el Tribunal Constitucional y ese paso supondría la suspensión automática de la investidura de ese aspirante, que no tiene fecha definida pero se tiene que celebrar el 31 de enero, como muy tarde.
Sáenz de Santamaría ha argumentado que el estatus jurídico de Puigdemont es incompatible con su presencia en la sesión de investidura porque, si regresa a España, tendría que presentarse voluntariamente ante la Justicia o sería detenido para llevarle ante el juez que, casi con toda seguridad, decretaría su ingreso en prisión.
Además, el Gobierno español realizará una consulta potestativa al Consejo de Estado para conocer cómo actuar en diferentes escenarios. Por ejemplo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere saber si sería posible una investidura sin la presencia de Carles Puigdemont y, en caso de que apareciera, si podría impugnar ese acto ante el Tribunal Constitucional.
Otra de las incógnitas que desean despejar los gobernantes de España es si la Mesa del Parlamento de Cataluña podría admitir el voto delegado de los diputados catalanes que están fuera del país —incluido Puigdemont— y, en el caso de ser así, si podría recurrir esta decisión ante los tribunales.