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España: Puigdemont pide amparo al Parlamento catalán para ser investido este martes

Publicado: 29 ene 2018 14:37 GMT | Última actualización: 29 ene 2018 17:24 GMT

El exjefe de la Generalitat y candidato a repetir en el cargo ha dirigido una misiva al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent.

El expresidente catalan Carles Puigdemont durante una entrevista en Bruselas. 23 de diciembre de 2017. / Eric Vidal / Reuters
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Este lunes, solo 24 horas antes del pleno de investidura en el Parlamento de Cataluña, que está previsto el martes 30 de enero a las 15.00 horas (local), el expresidente de la Generalitat y candidato para revalidar el cargo, Carles Puigdemont, ha dirigido una carta al presidente del Parlamento regional solicitando su amparo.

En la misiva recuerda que tiene "derecho a asistir a las votaciones y a los debates del pleno", así como que inmunidad "con el efecto de que no puede ser detenido si no es en el caso de delito flagrante". Afirma que las actuaciones gubernamentales y judiciales están encaminadas a obstaculizar el ejercicio de su mandato como diputado y, en particular, que, como candidato a la Presidencia de la Generalitat, "pueda asistir al pleno de investidura".

Por todo lo anterior solicita a Roger Torrent, como "máxima autoridad de la Cámara", que  le ampare y tome las medidas necesarias para "salvaguardar los derechos y prerrogativas del Parlamento y del conjunto de sus miembros".

De esta forma, Puigdemont responde al auto del Tribunal Constitucional español de este domingo, en que avisaba de que no era admisible una investidura ni telemática ni por delegación. Y que la investidura presencial solo sería posible si Puigdemont contaba con la autorización de Pablo Llarena, juez que está conociendo el caso contra el expresidente, debido a la situación jurídica de este. El político catalán se encuentra acusado de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos y pesa sobre él una orden de detención en vigor.

El expresidente catalán se encuentra en Bruselas desde el 30 de octubre, tres días después de proclamar la declaración unilateral de independencia, con la intención se sustraerse a la acción de la justicia española.

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