"Diputado nacional, preso sin condena", así se presenta el perfil de Twitter de Julio de Vido, exministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La lista de exfuncionarios de aquella gestión que vieron la prisión en los últimos meses puede continuar con Carlos Zannini, antiguo director de la Secretaría de Legal y Técnica argentina y reciente candidato a vicepresidente, y el exvicepresidente y también ministro de Economía durante el kirchnerismo, Amado Boudou, quien recuperó la libertad el 12 de enero tras salir del Complejo Penitenciario de Ezeiza. A su vez, el excanciller Héctor Timerman debió ser trasladado a prisión domiciliaria por graves problemas de salud, de hecho el 22 de enero fue operado de sus pulmones en aquel país porque EE.UU. le negó el acceso para tratarse en Norteamérica.
La lista de referentes políticos ligados a la Administración anterior que se encuentran privados de su libertad podría continuar. El común denominador de las causas mencionadas es que ninguno de los apresados recibió una sentencia firme, es decir, una argumentación jurídica que justifique su reclusión. Lejos de calificar si un servidor público es bueno o malo, valoraremos a continuación las posturas de acusadores y defensores en dos causas emblemáticas que pueden servir de ejemplo para comprender el contexto jurídico y democrático de Argentina.
1. Cristina Kirchner
Por su característica de liderazgo y oposición política al oficialismo, el caso de la expresidenta de aquel país sudamericano es el más llamativo. Cristina es acusada de promover el memorándum de entendimiento con Irán con el presunto fin de encubrir a dirigentes de aquella nación, sospechados de cometer o impulsar el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en 1994, que mató a 85 personas. Concretamente, se sostiene que Kirchner pretendió levantar las notificaciones rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que insta a detener a los implicados. Esa hipótesis estaba planteada en la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en su departamento en enero del 2015, justo cuando debía ir al Congreso para argumentar sus acusaciones.
Sobre Kirchner hoy pesa un pedido de prisión preventiva, pero al ser senadora nacional por la provincia de Buenos Aires cuenta con inmunidad parlamentaria. Sin embargo, el juez Claudio Bonadío ya solicitó su desafuero para concretar la detención, que deberá ser analizado por el parlamento local. José Magioncalda es abogado, preside la organización Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional y es uno de los tantos argentinos que pretende ver a la dirigente peronista tras las rejas. A la causa ya iniciada intentó añadirle la carátula de 'traición a la patria', que puede conllevar de diez a 25 años de cárcel, y esto fue aceptado por el juez Bonadío. Sin embargo, luego se rechazó en instancias superiores de la Justicia local.
"Eso no quiere decir que no pueda ser revisado en otras etapas", avisa el letrado. Magioncalda explica que su denuncia se basó en que el acuerdo planteado con Irán, declarado inconstitucional en Argentina y nunca llevado a cabo, "significaba beneficiar a los individuos que estaban siendo investigados, personas que habían actuado como funcionarios de un Estado –Irán–, protegidos por ese país".
Para el denunciante, el pedido de prisión preventiva es una decisión correcta: "Esto se da cuando hay posibilidades de perjudicar el funcionamiento de la Justicia en cuanto a la propia investigación u ocultar elementos del delito. Acá hablamos de alguien que ayudó nada menos que al Estado iraní; tiene mucho poder y el respaldo de un país beneficiado, con sus servicios de inteligencia, inclusive conexiones locales de estos servicios". Además, añadió que "todavía hay que determinar cómo se produjo la muerte del fiscal Nisman", y consideró: "Con esos antecedentes, la gravedad del delito y el poder económico de Cristina y sus allegados, me parece que es lógico que el juez haya pedido la detención".
Por el lado de la defensa se denuncia una feroz persecución ideológica y consideran que la causa es un ridículo armado teatral, de principio a fin. El abogado que tiene la tarea de representar a la exmandataria, Alejandro Rúa, opina que se trata de "una utilización espuria del Poder Judicial", y agrega: "Ahora no se usan procesos militares para el hostigamiento, pero utilizan herramientas propias de esta época".
Según Rúa, "no hay justificación técnica, sino que es política y arbitraria, no resiste el menor análisis", y se explaya: "Los estándares internacionales sobre los motivos para detener a una persona de forma preventiva, a los cuales adhiere nuestro país, tienen que ver con el riesgo de fuga. Esto no es posible, no hay ningún elemento para considerar esta posibilidad. La otra causa es que estando en libertad se pueda contribuir a que las investigaciones se frustren. La investigación está terminada, ahora se envía el caso a juicio oral y público, donde se debatirán las pruebas ya recogidas".
- Factor Noble
Ronald Noble fue el secretario general de Interpol entre el 2000 y 2014, vale recordar que el memorándum se firmó en 2013. Al poco tiempo de conocerse la denuncia de Nisman, expresó públicamente –y lo sigue haciendo– que las acusaciones son falsas e hizo hincapié en que el Gobierno de Cristina Kirchner nunca planteó anular las notificaciones rojas que pesan sobre ciudadanos iraníes. No hace falta ser un estudiante de Abogacía para notar que su testimonio es fundamental para el desarrollo del expediente judicial. Sin embargo, para el magistrado sus dichos no son relevantes en la investigación y dio por concluida esa etapa: "Noble no declaró porque lo impidió el juez Bonadío. El mismo Noble presentó una comunicación en el juzgado diciendo que estaba a disposición. La negativa del juez solo muestra que no le interesa conocer la verdad; hay un testigo presencial, pero no lo convoca, lo elude. Eso refleja la arbitrariedad del caso".
Rúa también detalla que "la declaración de Noble es pública, lo único que no se hizo es formalizar su declaración testimonial en la Justicia", y señala: "Como en el expediente no está su declaración, ellos pretenden que esto no exista. Otra irrealidad, ya contra las leyes de la naturaleza directamente. Además, sus dichos no son aislados, están corroborados en los documentos que figuran en toda la causa: son posiciones oficiales y documentadas en Interpol durante el tiempo de los hechos, es decir, en la firma del memorándum. Pero aquí no intervino solo Noble, también fue la Oficina de Asuntos Legales de Interpol. Si se contempla esto, no se puede sostener la acusación contra Cristina".
Por último, opina que el sistema judicial "limita el ejercicio de los derechos políticos, no solo de Cristina Kirchner, si no de las millones de personas que la votaron para que ejerza su mandato legislativo en libertad, no condicionada con la espada de Damocles y la posibilidad de estar en prisión según lo que resuelva el Senado de la Nación".
2. Milagro Sala
Otro de los casos que trascendió fronteras fue el de la dirigente de la Organización Barrial Túpac Amaru, una agrupación militante ligada al kirchnerismo en la provincia de Jujuy, al norte del país. La referente norteña ganó su lugar en el Parlamento del Mercosur (Parlasur) en las elecciones nacionales del 2015, pero todavía no pudo cumplir sus funciones por estar privada de su libertad desde enero del 2016.
Milagro Sala ya lleva más de dos años detenida sin condena firme, cuando la legislación provincial estipula que ese es el tiempo máximo para recluir a alguien sin una sentencia. Sin embargo, de forma excepcional, extendieron la pena por un año más. "Milagro tiene tres prisiones preventivas", informa su abogada, Elizabeth Gómez Alcorta, y explica: "Acudimos a la Corte, pero entendió que ello no era arbitrario. Agotamos todos los recursos sobre la prisión preventiva". La extensión del castigo fue autorizada por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.
La causa más conocida que pesa sobre Sala es por fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión, donde se investiga el presunto desvío de fondos estatales destinados a la construcción de viviendas sociales. En las otras dos causas, se la acusa de tentativa de homicidio "en un caso viejo", y "la otra es por lesiones, en un hecho más ridículo aún". Según cuenta la letrada, el tercer expediente se corresponde a una trifulca que se armó en una dependencia estatal en 2006, que incluyó golpes de puño, pero había prescrito en 2009. En 2016 reabrieron el caso y se declaró nula la causa anterior: "Llamaron a indagatoria a Milagro, que había participado de ese hecho, y se le dictó la prisión preventiva por 'lesiones gravísimas', para evitar la rápida prescripción", detalla.
Para la defensora de Milagro no hay posibilidades de fuga, ya que "siempre se presentó en la Justicia y estuvo sujeta a derecho", y suma: "Ellos dicen que puede entorpecer la investigación, pero estas investigaciones son del 2006 y 2007. Además, el período de prueba ya cerró. En la causa sobre supuesto fraude, toda la evidencia es documental y está en estamentos estatales. Que alguien me diga cómo Milagro puede acceder a esa documental y entorpecer la investigación".
- Nueve causas
La Administración de la provincia estuvo a cargo de la denuncia por fraude. Al comunicarnos con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, solicitó que lo llamemos una hora más tarde. Después de 60 minutos, su celular jamás volvió a ser respondido. Desde su equipo de prensa afirmaron que solo estaba autorizado a contestar la Fiscalía de Estado provincial, un organismo encargado de asesorar, defender y controlar la legalidad del Poder Ejecutivo local, que a su vez impulsa la querella contra Milagro Sala.
Vía mail, el fiscal Mariano Miranda explica que la acusada "se encuentra imputada en nueve causas que tramitan en la Justicia de la provincia", y sostiene que su prisión preventiva está "fundada por los fiscales y jueces que intervienen, y ratificada por las instancias de alzada: Cámara, Casación y Superior Tribunal y Corte Superior de Justicia". Además, remarca que "la Justicia le ha concedido todos los recursos judiciales y apelaciones ante las diversas alzadas que corresponden a las garantías del debido proceso", y finaliza: "Por 'daño agravado y amenazas', Sala también ha sido condenada en primera instancia y ratificada en segunda, por la Justicia federal".
Sobre ello, el funcionario hace alusión a un ataque que recibió Morales en 2011, cuando le habrían lanzado huevos con la intención de ridiculizarlo. Sin embargo, Alcorta desmiente estos dichos: "Tuvo juicio en diciembre de 2016, no está firme esa sentencia y solo la condenaron por 'daño agravado' a tres años en suspenso. Es decir, no está firme, no es por amenazas y sería en suspenso. Nada que ver con la preventiva".
Por su parte, el presidente argentino Mauricio Macri comentó en una entrevista con RT desde Moscú que la persecución "es falsa", y aseguró que "la Justicia actúa de forma independiente". A su vez, explicó que "se está tratando de dilucidar frente a tantas denuncias contra el Gobierno anterior, si son verdad o no", y destacó: "Los acusados se defienden, tienen muchas instancias. Muchos se quejan en Argentina de que no se va a juicio y no hay condenas. Justo salió un informe sobre casos de corrupción que dice que hay muchas denuncias y pocos resultados".
35.000 presos sin condena
Mientras tanto, para el resto de los mortales no corre mejor suerte. Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de los 76.261 individuos privados de su libertad en 2016, más de 35.000 personas no tenían una condena en su contra, es decir, el 49%. Hasta la actualidad, las cifras no se actualizaron.
Asimismo, desde el entorno del ministro de aquella cartera, Germán Garavano, evitaron concederle una entrevista a RT para brindar explicaciones. Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (XUMEK) comunican, basados en cifras oficiales, que entre 1997 y 2015 la población recluida en Argentina se incrementó un 145%: de 29.690 personas a 72.693 seres humanos.
Leandro Lutzky