"A ver si voy a ser yo el culpable de que el rey financie sus cacerías con dinero público y a sus amantes", ha espetado el rapero Pablo Hasél al juez de la Audiencia Nacional, argumentando en su defensa que las supuestas injurias a la Corona por las que se le juzga –entre otros delitos– son hechos "recogidos por medios de comunicación", y que la mitad de los españoles "piensa igual".
Con esta actitud se ha presentado Hasél ante este tribunal, en cuyo banquillo de los acusados se sienta este jueves por segunda vez. Además del mencionado delito de injurias y calumnias a la Corona, se enfrenta también a una acusación por enaltecimiento del terrorismo.
A este respecto, sin embargo, también se ha mantenido firme en sus argumentos: ha indicado ante el tribunal que, en su opinión, los miembros de los Grapo [banda terrorista cuyo nombre es el acrónimo de 'Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre', desaparecida hace más de una década] "son comunistas que son ejemplos de resistencia". Y ha remachado su argumentación señalando que defiende "la libertad para que cada uno escoja sus ejemplos de resistencia; a mi nadie me tiene que decir quién es un ejemplo".
El fiscal Daniel Campos Navas solicita dos años y nueve meses de prisión más una multa total de 40.500 euros. En caso de no poder pagar la multa, la pena de cárcel ascendería a cinco años.
La Fiscalía considera que Hasél lleva a cabo en Twitter un "sistemático enaltecimiento de las actividades terroristas y de sus autores, presentándolos como héroes y ejemplos a imitar y sus actos como actos heroicos y justificados".
En el escrito de acusación consta una recopilación con un total de 62 tuits, publicados entre 2014 y 2016, en los que figuran frases como "¿50 policías heridos? Estos mercenarios de mierda se muerden la lengua pegando hostias y dicen que están heridos" o "La policía trata con racismo a los inmigrantes y cuando reciben una hostia en respuesta, se hacen las víctimas. El cuento de siempre".
La acusación por el delito de injurias contra la Corona se fundamenta también en la letra de una de sus canciones, el rap 'Juan Carlos el Bobón', en la que califica al rey emérito español, Juan Carlos I, de "capo mafioso", y le acusa de gastarse el dinero público "en juergas y putas".
En otro video, Pablo Hasél se refiere a la Audiencia Nacional como "un tribunal heredero del Tribunal del Orden Público franquista". Se trata de una grabación en la que explica su situación procesal en diferentes causas pendientes, que en total podrían acarrearle varias penas de prisión consecutivas que sumarían 12 años en total.
"Aquí [en España] somos los antifascistas quienes somos acusados de delitos de odio contra el nazismo, y no a la inversa", denuncia ante la cámara el rapero, que también afirma que "en el Estado español, la libertad de expresión, como tantos derechos más, no se respeta".
El rapero termina el video pidiendo ayuda en su difusión, con el objetivo de "que se sepa lo que está pasando en el Estado español".
Movilizaciones para pedir su absolución
La Plataforma por la Absolución de Pablo Hasél ha organizado para la mañana de este jueves una concentración de protesta frente a la Audiencia Nacional. Se trata de un colectivo bastante activo en las redes sociales, que considera que el proceso judicial contra el rapero atenta contra el derecho a la libertad de expresión.
Esta plataforma ha denunciado en sus perfiles de redes sociales que el rapero "será juzgado en la Audiencia Nazi-onal [sic] por cantar y opinar en Twitter contra la monarquía, la brutalidad policial y ser solidario con las presas políticas antifascistas".
Pablo Hasél ya fue condenado en 2014 a dos años de cárcel por el delito de enaltecimiento del terrorismo. En aquella ocasión, la acusación se basó en letras de varias de sus canciones, que contenían alusiones a diversas bandas terroristas como ETA, Al Qaeda, Facción del Ejército Rojo (RAF) y Terra Lliure.
El tribunal que le condenó entonces admitió que no es legítimo limitar el derecho a la libertad de expresión o información incluso cuando resulte hiriente o molesto, pero fundamentó su decisión en que "el discurso del odio no está amparado por la libertad de expresión en un Estado democrático".
España y la libertad de expresión: un periodo difícil
La Plataforma por la Libertad de Información en España calificó el año 2017 como "el año de los delitos de opinión", y declaró sin ambages que había sido "muy mal año para la libertad de expresión".
La presidenta de esta organización señaló, con preocupación, que "cuesta encontrar en la última etapa democrática de España un precedente parecido al grado de represión contra la libertad de expresión al que hemos llegado en este año: se ha enviado a personas a la cárcel por simples canciones o por un tuit. Esto lo teníamos olvidado y ha ocurrido en plena Europa y en pleno siglo XXI".
La misma plataforma denunció que en marzo de 2017 la propia Audiencia Nacional "fue motivo de alarma" por llegar a celebrar nada menos que siete juicios por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales.