En España tan solo cuatro grupos, RTVE, Mediaset, Atresmedia y CCMA, controlan el 94% del mercado de la televisión y el 78% de la audiencia. En radio, el 97% del mercado pertenece a otras cuatro manos: SER (Grupo PRISA), COPE, Uniprex y Radiocat XXI, que concentran el 80% de la audiencia.
No se trata de un caso aislado en Europa. En el Viejo Continente al menos dos tercios de sus Estados tienen el 80% de la propiedad de los medios concentrado en cuatro o menos compañías. Así lo muestra el último informe del Centro europeo para el pluralismo informativo y la libertad de prensa, que recoge datos del 2016, los más recientes disponibles.
De esta manera, según el estudio, España afronta un riesgo medio para el pluralismo de los medios de comunicación. El texto relata que hay elementos objetivos para considerar que ciertas decisiones y presiones políticas pueden afectar a la independencia y pluralidad informativa. Así, identifica tres importantes retos:
El primero de ellos se refiere a las modificaciones legislativas llevadas a cabo durante la primera legislatura del gobierno de Mariano Rajoy, que han sido denunciadas por diferentes colectivos por entender que amenaza la libertad de expresión. Entre ellas, se encuentran:
- La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', que prohíbe el uso no autorizado de imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que dificulta obtener pruebas de abusos policiales e informar sobre ellos
- La reforma del Código Penal, que impone condenas de hasta tres años por enaltecimiento o justificación de un delito
En segundo lugar, en cuanto a la independencia de los medios, avisa de que existen "informes frecuentes sobre la manipulación progubernamental" de los medios públicos, en especial desde el 2012, cuando el Gobierno español cambió el modo de designar a los responsables de los medios públicos, dejándolo en la práctica en manos del Ejecutivo. Con respecto a los medios privados, también apunta una falta de independencia y autonomía.
En último lugar achacan a la crisis el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los periodistas, considerando los principales problemas de la profesión el desempleo, la inseguridad laboral y los bajos salarios, que amenazan "la libertad de expresión e independencia de los periodistas". También resaltan la situación de las mujeres, que reciben salarios más bajos por trabajos similares y que están infrarrepresentadas en los consejos de administración.
Otros países europeos
El informe constata que el sector con mayor concentración es el audiovisual, seguido muy de cerca por la radio y a mayor distancia por la prensa escrita. Los países analizados han sido los 28 que forman parte de la Unión Europea, así como los candidatos Montenegro y Turquía. Ninguno de ellos está libre de riesgo para el pluralismo.
Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que ha difundido los datos, opina que el derecho a la información de la ciudadanía, que requiere pluralismo informativo e independencia de los poderes políticos y económicos, "no está garantizado en Europa en este momento". Señala que los ciudadanos no pueden saber de manera transparente "quiénes son los propietarios de los medios, ni sus intereses económicos y políticos".
En España el riesgo para la transparencia según este estudio es del 19%, mientras que el riesgo de concentración asciende al 59%. Otros países europeos no se encuentran mejor situados en este 'ranking'. Los Estados con un mayor riesgo de concentración, por encima del 90%, son Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Luxemburgo. En este último caso tres compañías dominan claramente el sector de los medios de comunicación.
Con respecto a la transparencia, los países con mayores riesgos son Grecia y República Checa (75%), seguidos de Luxemburgo (69%) y Letonia (63%).
"Los ciudadanos necesitan conocer la propiedad de los medios para conocer la credibilidad de las informaciones", apunta Lutz Kinkel, director del Centro europeo para el pluralismo informativo y la libertad de prensa. "Los políticos necesitan saberlo para prevenir la concentración de la propiedad y poder garantizar el pluralismo", añade.