Expresidente Correa denuncia persecución política en Ecuador

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa denunció este lunes una "persecución política" en su contra, luego de acudir a la Fiscalía de Guayas, en la ciudad costera de Guayaquil, para rendir su versión libre sobre el sonado caso Petrochina.

Se trata de una investigación –que se encuentra en etapa de indagación previa– por un posible perjuicio al Estado de 2.200 millones de dólares, producto de la venta anticipada de petróleo a China durante su mandato.

Las indagaciones judiciales sobre el caso, respecto al cual ha venido recopilando información desde 2016 el fiscal Fabián Salazar, se han acelerado en el último mes para recoger las versiones de dos personas: Enrique Cadena Marín, empresario ecuatoriano que  presuntamente fungió de intermediario en el transporte del petróleo que salió del país; y el exsindicalista petrolero Fernando Villavicencio, denunciante del caso.

Villavicencio dijo que Correa habría autorizado con su firma ventas anticipadas de crudo a China hasta 2016. El exmandatario rechaza esa acusación y sostiene que firmó "una sola petición, en 2010", y que lo hizo únicamente hasta ese año, cuando una reforma de la ley financiera ecuatoriana proscribió ese tipo de acuerdos. "Queda claro que es mentira", enfatizó.

Correa considera que Villavicencio "está defendiendo empresas norteamericanas", que seguramente "se vieron afectadas por las empresas chinas".

En su declaración a la prensa, defendió el sistema de preventa de crudo, que —según explicó— le permitió al país obtener recursos en condiciones favorables, en momentos en que se desplomaron los precios del petróleo.

En las afueras de la sede de la Fiscalía se concentró un gran número de personas, que llegaron para manifestar su apoyo al exmandatario.

Explosión en San Lorenzo

Correa también fue llamado a declarar por el caso de una explosión ocurrida en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia, el pasado 27 de enero.

El exmandatario fue citado tras declarar, en una entrevista de radio, que esa explosión no tenía relación con su reciente visita a San Lorenzo, –como parte de la campaña por el plebiscito de este 4 de febrero–, y que estaba relacionada con el narcotráfico, según le había informado una alta autoridad.

Correa manifestó su molestia por el hecho de que no se tomara en cuenta el asedio del que fue víctima justamente mientras daba esa entrevista radial, pese a que  denunció públicamente los nombres de los agresores, algunos de ellos armados.

Sus declaraciones las brindó ante la Fiscalía de Guayas un día después que se realizaran el referendo y la consulta popular que convocara el presidente Lenín Moreno. En esa convocatoria electoral, una de las siete preguntas que se aprobaron fue para enmendar la Constitución de manera de sancionar, a toda persona condenada por actos de corrupción, con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes. El nuevo texto del artículo de la Carta Magna quedaría así: "La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas".

La "persecución" de la que habla el exmandatario se está volviendo recurrente, durante el mandato de Moreno, en contra de funcionarios y exgobernantes de la administración de Correa. En diciembre pasado fue condenado a seis años de prisión, en un juicio acelerado, el entonces vicepresidente Jorge Glas, por el caso de Odebrecht en Ecuador. Ya antes de ser detenido, el presidente actual le había restado las funciones principales del cargo.