La Misión de Expertos Electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha presentado un informe preliminar al Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) tras la consulta popular celebrada el domingo 4 de febrero.
El punto más relevante de este documento es la crítica a la falta de pronunciamiento de la Corte Constitucional de Ecuador en su responsabilidad de avalar o no el plebiscito antes de que este se llevase a cabo, lo que ocasionó muchos "cuestionamientos", porque algunos sectores políticos lo consideraron inconstitucional.
La misión señala que la Corte debió pronunciarse ante el documento enviado por el presidente Lenín Moreno, el pasado 2 de octubre, a fin de que esta instancia dictaminara si era viable o no realizar la consulta popular y si eran legales cada una de las siete preguntas que esta abarcaba, a las cuales los ciudadanos debían responder con un 'sí' o con un 'no'. Por la falta de un dictamen, el mandatario convocó la consulta sin el aval de la Corte, amparándose en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
La instancia volvió a guardar silencio cuando asambleístas presentaron, el 30 de noviembre, una denuncia de inconstitucionalidad de la consulta, por haber sido convocada sin el dictamen de la propia Corte Constitucional.
"Frente a los recursos pendientes, la Misión estima importante que ya sea por recursos de inconstitucionalidad o por el control posterior la Corte Constitucional emita un pronunciamiento de fondo sobre la materia", dice el texto de los expertos de la OEA.
Otros aspectos observados
El informe de la Misión de la OEA, que estuvo compuesta por nueve expertos en el tema electoral y dirigida por Leonardo Valdés Zurita, expresidente del Instituto Federal Electoral de México, destacó otros puntos positivos y negativos del plebiscito en Ecuador, luego de estudiar aspectos como la organización y tecnología electoral, financiamiento de campañas, justicia electoral y democracia directa:
- Consideró que fue una elección que transcurrió de manera pacífica y con una alta afluencia de votantes.
- Alabó la rapidez con la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó resultados a la ciudadanía. No obstante, criticó la falla que tuvo el ente comicial con su página web, al inicio de las publicaciones de los resultados, a la que no se podía acceder.
- Pidió fortalecer el marco normativo ecuatoriano, porque "no establece criterios específicos para la formulación de preguntas sometidas a la decisión de la ciudadanía".
- Congratuló al CNE por "garantizar la acreditación de organizaciones políticas y sociales" para hacer campaña a favor del 'sí' (que promovía el gobierno) y el 'no' en la consulta, aunque, de las 40 organizaciones acreditadas, solo cuatro fueron aprobadas para participar por el 'no'.
- Constató inequidad en la campaña, debido a que funcionarios públicos, en eventos de carácter institucional y en las representaciones diplomáticas en el exterior, hicieron campaña a favor del 'sí'.
- Criticó que se hiciera pública, apenas a pocas semanas de realizar la consulta, una reforma al 'Reglamento sobre Personas Naturales o Jurídicas que Realicen Pronósticos Electorales', lo que impidió que muchas firmas consultoras se abstuvieran de inscribirse para realizar resultados a boca de urna.
Proceso ante la CIDH
La consulta también generó un proceso legal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a la polémica generada por una de las preguntas del referéndum, en concreto, la tercera interrogante, que consultaba a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), dar por terminado el período de sus actuales miembros y nombrar un Consejo transitorio.
Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, tres miembros del CPCCS pidieron a la CIDH medidas cautelares para no ser destituidos. La instancia internacional falló a su favor y pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordene al Estado ecuatoriano que se abstenga de dar por terminado su período.
Ante este hecho, la Cancillería ecuatoriana llamó a consultas a su representante permanente ante la OEA, José Valencia. La canciller María Fernanda Espinosa viajará a Costa Rica, a la sede de la CIDH, para explicar "la posición del Estado".
El presidente Moreno, por su parte, informó que conversó con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien dijo que "así como somos respetuosos de los organismos internacionales, haremos respetar el mandato popular libremente expresado en las urnas".