33 de las muertes ocurridas en Honduras, en el marco de las protestas que denunciaban un fraude en los resultados de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2017, son atribuibles a la fuerza pública, asegura un informe presentado por Coalición contra la Impunidad.
Precisa el documento que la movilizaciones sociales y las manifestaciones pacíficas fueron "gravemente reprimidas, incluso con fuerza letal o bala viva disparada al cuerpo de los manifestantes".
Producto de esa represión se contabilizaron las muertes de 33 manifestantes y tres agentes policiales, "sumando decenas de heridos, centenares de detenidos y más de 100 personas judicializadas o criminalizadas".
Autores materiales
El texto, avalado por 58 organizaciones de derechos humanos y civiles de esta nación centroamericana, señala como "autores materiales" de los crímenes a "la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), la Policía Militar del Orden Público (Pmop), las Fuerzas Armadas de Honduras, la Secretaria de Seguridad, a través de la Policía Nacional, y la Dirección Policial de Investigación".
Los organismos de derechos humanos concluyeron que la victoria del reelecto presidente Juan Orlando Hernández fue una "imposición" que se logró gracias a "la fuerza policial y militar".
Así mismo apuntan que el actual Gobierno de Honduras mantiene un "control absoluto de la institucionalidad", debido al apoyo del "grupo político, empresarial y militar que respalda al actual gobernante".
Persisten las causas
A lo largo de estos meses, las protestas no han cesado, ni siquiera disminuido. Según Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (Ciprodeh), esta situación se debe a que las condiciones políticas y sociales que las originaron "siguen absolutamente presentes".
Explicó que la respuesta del gobierno a las protestas consiste en una estrategia de represión que pretende "neutralizar, anular y evitar que la oposición política continúe con las protestas", en contra de lo que califican como una "dictadura".
Justicia en debate
Méndez detalló que persiste la impunidad alrededor de las violaciones a los derechos humanos porque "desde el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, la Justicia de Honduras oprime a la víctima y protegeal victimario, y esa situación no ha cambiado".
Al contrario, agregó el defensor hondureño, "la estructura militar que controla a la Policía se ha vuelto más cruel".
Mencionó como ejemplos de esa crueldad que la Policía "ha torturado" a civiles en plena vía pública sin importarles que les estén grabando. También, que ha recibido denuncias de personas que aseguran haber sido encarceladas y que luego son obligadas a hincarse sobre alambres "durante 8 horas o más".
Para el director de Ciprodeh, "la brutalidad militar y policial en Honduras está amparada por una estructura institucional que garantiza esos extremos a los agresores".
Testimonios
El informe de la Coalición contra la Impunidad publica una serie de testimonios de los familiares de aquellos ciudadanos cuyas muertes están vinculadas a la represión de las protestas. Compartimos a continuación algunos de ellos:
- José David Ramos Lambert.
Operario de maquila de 22 años. Fue "asesinado" el 1 de diciembre de 2017 en la colonia López Arellano, departamento de Cortés, mientras participaba de una toma pacífica. Su padre, David Ramos, dijo: "Mi hijo es incomparable. Él fue un varón muy dedicado a su trabajo (…) Voy a llegar hasta las últimas consecuencias no solo por mi hijo, sino por todos los que han perdido la vida, porque la lucha es de todos".
- David Octavio Quiroz.
Soldador y padre de cuatro hijos. Asistió a una protesta contra el fraude electoral el 15 de diciembre de 2017. Resultó herido de bala y trasladado a un hospital donde falleció después de varios paros respiratorios. Su esposa expresó que "el dolor de su ausencia crece con los días".
- Kimberly Fonseca.
Estudiante de 19 años. Salió a protestar el 1 de diciembre de 2017 en contra del resultado electoral. Ese día la Policía Militar de Honduras había puesto en vigor un toque de queda. Testigos dijeron que una bala de fusil disparada por un soldado alcanzó a la joven en la frente. Su tía Karla Sosa expresó: "Mi muchacha vino en la tarde y me pidió comida porque tenía hambre, por eso le mandé un bocadito. Cómo voy a extrañar a mi muchachita"
- Manuel de Jesús Bautista.
Fue reportado como desaparecido el 3 de diciembre de 2017, luego de ser detenido por agentes de la Policía Militar. Junto con él se encontraban otros dos jóvenes que siguen con vida y ya fueron puestos en libertad. El 6 de diciembre, los familiares de Bautista interpusieron denuncia por su desaparición forzosa, sin embargo, aún continúa sin existir noticias de su paradero.
Víctimas y sus familiares
Para Ciprodeh, en las condiciones actuales resulta "casi imposible que las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares reciban algún tratamiento humano",mucho menos, una reparación por las agresiones sufridas.
Citó como ejemplo el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres porque, en su opinión, "demuestra el ejercicio directo de este gobierno, y como se puede manipular y esconder un caso tan importante, con maniobras para evitar el castigo de la élite política involucrada".
¿Y los defensores?
También resaltó Wilfredo Méndez que la vida de los defensores de Derechos Humanos "corre un altísimo peligro, tanto en el área urbana como en las zonas rurales".
Él mismo, relató, ha recibido amenazas y agresiones por el ejercicio de su tarea.
"En varios actos públicos hay personas que se acercan y me dicen al oído: 'te vamos a matar', luego desaparecen entre la multitud. Pero no nos vamos a detener, porque la gente sigue luchando y pidiendo justicia".
Finalmente, destacó que "a pesar del llanto y el dolor causados por las muertes y las torturas",el pueblo hondureño no ha detenido su paso y continúa en las calles con una acción clara de reclamo ante estas estructuras corruptas y aunque quisieron imponer el miedo y el terror, las personas siguen firmes".
Ernesto J. Navarro