La propuesta legal para que los delitos sexuales contra menores de edad nunca prescriban fue aprobada el domingo 4 de febrero del 2018, luego de obtener más del 70% del respaldo de los votantes que dijeron 'sí' en la pregunta planteada en la consulta popular y referéndum de Ecuador.
El siguiente paso para que la voluntad del pueblo ecuatoriano se convierta en ley sería, "en primer lugar, realizar la enmienda constitucional", según el presidente Lenín Moreno. Introducir un nuevo texto en el artículo 46 de la Constitución. Será el siguiente: "Las acciones y penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes serán imprescriptibles". En los considerandos también se señala lo siguiente: "Correspondería a la Asamblea (…) efectuar una reforma al Código Penal, de manera que (el contenido) sea incluido en los artículos 16 y 75".
Actualmente, el Código Integral Penal (art. 417, numeral 3, literal a) señala que esos hechos se extinguen en el mismo tiempo de la pena máxima del delito cometido. Por poner un ejemplo: si la condena más alta por la violación a una menor de 10 años es de 22 años, esto quiere decir que el abusador no podrá ir a juicio una vez cumplido ese tiempo.
Actualmente, esos articulados citan al menos 10 ilícitos que no prescriben, pero allí no consta la imprescriptibilidad de los delitos contra los niños. Sin embargo los ecuatorianos esperan que esto quede para la historia con la publicación de los resultados oficiales en el Registro Oficial para dar inicio a la implementación de los cambios aprobados.
Denuncias de delitos sexuales
Entre el 2015 y septiembre de 2017, según datos reportados por la Fiscalía, a escala nacional se registraron 4.854 denuncias relacionadas con delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Únicamente en el ámbito educativo hubo 714 denuncias que llegaron a las oficinas fiscales del país.
Sobre las denuncias registradas en varias ocasiones y en muchas entrevistas a medios de comunicación, el ministro de Educación, Fander Falconí, ha manifestado que la violencia debe ser enfrentada como sociedad con una política de cero tolerancia a los abusos sexuales. En su red social se refirió a los resultados de la pregunta de la consulta popular.
María Lourdes Cuesta, asambleísta e integrante de la comisión legislativa que investiga los abusos a los menores, manifestó que independientemente de que se reformen los artículos del cuerpo legal sobre el tema, la decisión tomada en las urnas entra en vigencia inmediatamente en que los resultados se envíen al registro oficial. "Una vez que esté publicado no necesita discusión adicional, no hace falta otro trámite", argumentó.
El abuso a los niños en Ecuador también ha sido analizado en el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU). El 28 de noviembre del 2016, la entidad mostró su "consternación ante la persistencia de casos de abuso y violencia sexual a alumnos en centros educativos". Por eso instó al Estado ecuatoriano a que continuara "adoptando medidas necesarias para prevenir y eliminar estos casos". El Comité también llamó al Estado a velar por las víctimas y a acompañarlas en los juicios hasta que reciban una reparación integral". Al plantear este tema en la consulta, el Gobierno citó las normas que protegen a los menores de edad, como la Declaración de Ginebra, el Pacto de San José, la Convención sobre los derechos del niño y la Constitución.