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El macrojuicio contra los miembros de la Mara Salvatrucha en España se aplaza hasta marzo

Publicado: 21 feb 2018 23:03 GMT

La Guardia Civil detectó en 2014 que esta organización criminal de origen salvadoreño tenía intención de establecerse en España y extenderse por Europa.

El macrojuicio contra los miembros de la Mara Salvatrucha en España se aplaza hasta marzo
Un miembro de la Mara Salvatrucha llegando a la cárcel en Zacatecoluca, El Salvador, agosto de 2017.
Victor Pena / Reuters
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El macrojuicio en España contra la organización criminal conocida como Mara Salvatrucha, previsto para este martes, quedó suspendido y la vista ha sido aplazada hasta el próximo 8 de marzo. Mientras tanto, el fiscal jefe de la provincia de Alicante –donde se juzga a los 34 presuntos integrantes y colaboradores de esta banda delictiva multinacional– tendrá que ratificar, si procede, los acuerdos alcanzados por la acusación pública con las defensas de los procesados, que intentan conseguir reducciones de condena a cambio de diferentes confesiones

La Fiscalía Anticorrupción, que tiene competencias en la lucha contra el crimen organizado, solicitó un total de 230 años de cárcel para los acusados, siendo la pena más alta, de 30 años, para el líder de la banda, apodado Darki.

Los delitos que se les atribuyen a quienes ocuparon este martes el banquillo de los acusados van desde pertenencia a organización criminal hasta intento de asesinato, pasando por tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas o infracciones por lesiones y amenazas.

Establecer la Mara en España

La Mara Salvatrucha tenía la intención de echar raíces en España –donde tenía serias expectativas de negocio–, y tal vez extenderse por el resto del continente europeo. Para hacerlo, empezaron estableciéndose discretamente en la localidad alicantina de Ibi, un tranquilo pueblo industrial a menos de 40 kilómetros de la costa mediterránea española. Ahí estaría, provisionalmente, su cuartel general. 

Miembros de la Mara Salvatrucha llegando a la cárcel en Zacatecoluca, El Salvador, agosto de 2017. / Jose Cabezas / Reuters

En 2014, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó una operación para frenar los planes de la mara, que todavía no había comenzado a funcionar plenamente, o al menos sus delitos no habían alcanzado la gravedad por la que son conocidos al otro lado del Atlántico. Sin embargo, algunos de sus miembros ya habían comenzado con la venta de droga a pequeña escala y habían asesinado a un cabecilla de los Latin King, otra banda latina de menor entidad y alcance.

En enero de ese mismo año, El Negro, uno de los presuntos líderes encarcelados de la Mara Salvatrucha, detalló a otro miembro de la banda cuáles eran las intenciones de la cúpula de la organización: "Crecer y establecer la Mara en España". La conversación telefónica estaba siendo intervenida, y esta revelación estructuró de ahí en adelante el trabajo policial.

Las investigaciones lograron esclarecer que los salvatruchos pretendían realizar inversiones en actividades comerciales de curso legal, tanto para blanquear dinero de procedencia ilícita como para tramitar la llegada de otros mareros desde América Latina con contratos de trabajo previamente formalizados. 

Los mareros afincados en España obedecían fielmente las normas remitidas desde El Salvador, que según resaltan los fiscales en su escrito de calificación final de los hechos, al que ha tenido acceso el diario El Mundo, incluían "el castigo a imponer por su infracción, que en los casos más graves llevaba aparejada la muerte".

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