Cristina Fernández de Kirchner irá a juicio oral por presunta corrupción en obra pública
La senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner, que gobernó el país sudamericano entre los años 2007 y 2015, fue procesada en una nueva causa judicial. El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral la investigación del presunto desvío de fondos en la provincia de Santa Cruz. Mediante este mecanismo se habría favorecido al empresario Lázaro Báez (hoy detenido), titular del Grupo Austral.
En total son 19 imputados, donde además de Kirchner y Báez figuran el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y Nelson Periotti, exdirector de Vialidad Nacional, la entidad estatal encargada de las carreteras.
Así, Ercolini decidió dar por concluida la etapa de instrucción y dar el siguiente paso ya que, tal como recuerda Clarín, venció el plazo para que los acusados respondieran a una demanda civil por 22.500 millones de pesos (más de1.100 millones de dólares) que realizó Vialidad Nacional. Esa es la cantidad de dinero estimada en concepto de daños y perjuicios ocasionados por las obras encargadas a Báez y que quedaron inconclusas.
Cabe recordar que el magistrado acusó a la actual senadora de encabezar una "asociación ilícita" para defraudar al Estado y favorecer al empresario.
Tal como recordó el diario Ámbito Financiero, Cristina Kirchner había solicitado ser enviada a juicio oral para poder probar su inocencia. En ese entones había hecho una presentación a través de su abogado, Carlos Beraldi, en la que afirmaba: "En la próxima instancia procesal se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes con el propósito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho, se relatan en los requerimientos de elevación a juicio".
Esta es la segunda causa contra la expresidenta que llega a esta instancia, la anterior es la llamada 'dólar futuro'. La denuncia sostiene que la venta de dólares en el mercado de futuros a un precio bajo —realizada por el Banco Central y aprobada por el Ministerio de Economía bajo el mandato de Kirchner— califica como "administración infiel con perjuicio al Estado", ya que la misma requería el pago de una gran cantidad de dinero de diferencia a los compradores.