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"Superpoblación carcelaria": ¿Una excusa para sacar de prisión a los genocidas en Argentina?

Publicado: 7 mar 2018 21:42 GMT | Última actualización: 8 mar 2018 00:44 GMT

Se dio a conocer un listado, presuntamente enviado desde el Ejecutivo a la Justicia, donde se pide considerar la prisión domiciliaria para 96 represores ya condenados.

"Superpoblación carcelaria": ¿Una excusa para sacar de prisión a los genocidas en Argentina?
Un trabajador es arrestado durante la dictadura militar argentina en 1982, en Buenos Aires.
DANIEL GARCIA / AFP
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El 6 de marzo trascendió un listado con los nombres de 96 represores de la última dictadura argentina que, según informa el portal Cohete a la Luna, habría sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Justicia local para solicitar que quiten a los condenados de las cárceles y sean beneficiados con la prisión domiciliaria. Las autoridades no negaron que hayan enviado el escrito, pero aludieron a que se trató de un simple trámite de rutina. 

En efecto, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) publicó un comunicado este martes para calmar las aguas. En uno de los párrafos, el texto dice que "la confección de un listado de internos para acceder al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica u otras modalidades de egreso anticipado, solo implica compartir información con el Poder Judicial de aquellos que temporalmente estarían en condiciones objetivas de ser avaluados para el acceso a los distintos institutos previstos por ley". Así las cosas, los jueces a cargo de las causas todavía no se expresaron públicamente al respecto.

Reacción de organismos de derechos humanos

Vale destacar que la nota enviada por el Estado al sistema judicial incluye a todos los reclusos con más de 70 años, madres con chicos de hasta diez años, embarazadas, o personas con problemas de salud, encarceladas por otros crímenes. Sin embargo, entre los internos mencionados en el descargo figuran los genocidas, repudiados por gran parte de la sociedad argentina debido a su rol durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1983. 

Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Germán Garavano. / JUAN MABROMATA / AFP

De allí sobresale el nombre de Jorge 'El Tigre' Acosta, condenado a cadena perpetua por homicidios, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos para obtener información, además de la sustracción de menores de diez años. Por eso, la noticia causó mucho malestar en organismos de derechos humanos; agrupaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abuelas de Plaza de Mayo están preparando un comunicado para criticar el hecho. 

"Había una superpoblación carcelaria"

El abogado de Abuelas, Alan Iud, explicó que el listado confeccionado por el SPF fue remitido al Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, conducido por la Cámara Federal de Casación Penal. Según el letrado, se trata de un ámbito de coordinación entre jueces penales, entidades gubernamentales, funcionarios y organismos de derechos humanos que defienden la integridad de los reclusos. 

"Allí se venía discutiendo que había una superpoblación carcelaria, y se le manifestó al Ministerio de Justicia la preocupación que eso generaba", comentó el entrevistado. La solución planteada desde el Gobierno es que la Justicia argentina otorgue más prisiones domiciliarias a las personas privadas de su libertad que cumplan con los requisitos.  

Tanques y soldados junto a la Casa Rosada en la Ciudad de Buenos Aires, el 24 de marzo de 1976. / AFP / AFP

Para Iud, el argumento "es una falacia", y amplía: "Los 96 condenados por crímenes de lesa humanidad representan menos del 1% de la población del Servicio Penitenciario Federal, no afecta en nada la superpoblación". Por otro lado, consideró "paradójico" que "se intente liberar a los represores para copar las cárceles con condenados por crímenes de menor cuantía".

Para finalizar la entrevista, concluyó: "La mayoría de los genocidas está detenida en al cárcel de Campo de Mayo, que es exclusiva y tiene privilegios. El Gobierno la reabrió para que estén detenidos los responsables de crímenes de lesa humanidad".

RT intentó comunicarse con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y con el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, para desmentir o confirmar la grave acusación. Sin embargo, desde el Ministerio prefirieron no dar declaraciones.

Leandro Lutzky

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