El Consejo de Ministros del Gobierno español ha dado luz verde este martes, en sesión extraordinaria, al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, y ahora debe granjearse los apoyos que necesita para que el parlamento lo apruebe.
La tramitación de este proyecto en el Congreso de los Diputados va a suponer un reto para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuyo portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha pedido ya "responsabilidad a todas las fuerzas políticas" y ha recordado que "no aprobar los Presupuestos perjudica a todos, y no beneficia a nadie". Asimismo, el portavoz ha exhortado a los diferentes grupos parlamentarios a excluir los "oportunismos y electoralismos" de las negociaciones.
No obstante, los presupuestos diseñados por el Gobierno de España presentan para este ejercicio un corte expansivo, con aumento del gasto social y una reducción de impuestos que podría ser congruente con el hecho de que el año que viene hay elecciones locales, autonómicas y europeas.
Algunas de las medidas contempladas en este proyecto consisten en rebajas de impuestos directos para quien perciba ingresos anuales entre 12.000 y 18.000 euros, beneficios fiscales para familias con gastos de guardería o cuidados de dependientes, subidas en el salario de los funcionarios y una partida presupuestaria para equiparar los sueldos en las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, la medida más llamativa, de la que se beneficiarán casi siete millones de españoles, es la subida de las pensiones más bajas, que ascenderán de un 1% a un 3%.
Obstáculos, "parches" y "migajas"
El Ejecutivo de Rajoy parte de una premisa parlamentaria simple: recabar el apoyo de las formaciones que respaldaron los presupuestos de 2017. Este lunes lograron dar un importante paso en ese sentido: llegaban a un acuerdo con Ciudadanos, cuarta fuerza política en el hemiciclo español. Su líder, Albert Rivera, lo explicaba señalando que son unos "presupuestos más sociales, que cumplen el déficit y que dan una estabilidad económica en España".
Sin embargo hay un importante aval que se les resiste: el del Partido Nacionalista Vasco (PNV) , cuyos diputados afirman que no apoyarán los presupuestos mientras siga en vigor el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
Uno de los principales partidos detractores de las medidas presupuestarias anunciadas este martes es Podemos que, a través de su portavoz parlamentaria, Irene Montero, se ha referido a ellas como una "tomadura de pelo" a los pensionistas, que en su opinión solo recibirán "migajas" en el reparto diseñado por el Ejecutivo.
Por su parte, Izquierda Unida ha incidido en las críticas al Gobierno de Rajoy y a la elaboración de estos presupuestos. En concreto, el responsable federal de Políticas Económicas del partido, Carlos Sánchez Mato, se ha referido a las subidas de las pensiones como "parches", y al proyecto en general como un "lastre" para el crecimiento sano y equilibrado de la economía española.