El poder judicial brasileño ordenó la detención judicial del ex presidente y candidato presidencial Luiz Inácio 'Lula' da Silva.
El ex mandatario tendrá plazo hasta las 5:00 de la tarde de este viernes para presentarse de manera voluntaria a la sede de la Policía Federal en Curitiba.
De acuerdo a la orden, dictada por el juez Sergio Moro, Lula da Silva cumplirá condena en "una sala reservada" en la superintendencia de la Policía Federal, separado de los demás presos, en "razón de la dignidad del cargo ocupado" por el ex mandatario.
Sin 'habeas corpus'
El pasado miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó el pedido de 'habeas corpus' presentado con caráter preventivo por los abogados del expresidente, en el caso de presunta corrupción que se le sigue por la posesión de un departamento triplex.
Mientras cinco de los 11 magistrados votaron en favor del recurso, los otros seis se manifestaron contra, lo que precipitó la orden de detención. Esa decisión trunca el camino de Lula a la presidencia de Brasil, a pesar de ser el más aventajado en las encuestas.
El juicio duró más de 10 horas. La última en pronunciarse sobre el caso y decantar la balanza hacia el eventual encarcelamiento de Lula fue la magistrada Cármen Lúcia.
¿De qué se le acusa?
La causa contra el exmandatario brasileño es parte del megacaso Lava Jato (lavado a presión, en español), que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobrás y un compendio de sobornos pagados a dirigentes políticos por parte de la constructura Odebrecht.
Al líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo acusan de aceptar un lujoso departamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (municipio del estado de San Pablo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS en sus contratos con la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que Lula sea el propietario del inmueble, y tampoco se ha identificado cuál sería el acto o la omisión que habría dado origen al recibimiento del inmueble.
Por ese hecho, a Lula se le ha acusado bajo el cargo de corrupción pasiva, delito que supone que un funcionario público realiza o deja de cumplir un acto de su competencia a cambio de algún beneficio. Bajo ese alegato, fue condenado el año pasado a nueve años de prisión por un juez de primera instancia; la condena, revisada por un tribunal de apelación, fue confirmada en enero y elevó la pena a 12 años y un mes de cárcel.
En la opinión de la doctora en derecho, Gisele Ricobom, la rapidez y la excepcionalidad del caso es una muestra de la intromisión del poder judicial en la política y la democracia.