La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano: Más de una década de controversias

La vacuna contra el VPH (Virus del Papiloma Humano) es la propuesta de la medicina tradicional para prevenir la aparición del cáncer cervicouterino y otras posibles lesiones cancerosas. Respaldada y promovida como "segura" por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacuna cuenta con dos opciones comercializadas a lo largo del mundo; Gardasil y Cervarix, producidas por los laboratorios Merck Sharp & Dohme y GlaxoSmithKline, respectivamente.

En la última década solamente en EE.UU. se reportaron 336 muertes y 47.463 reacciones adversas por la aplicación de la vacuna. Por otro lado, mientras que el Gobierno japonés quitó la vacuna de su esquema sanitario en 2013 por las múltiples denuncias de reacciones adversas; hoy, países como Argentina y Chile, la incluyen en sus calendarios de vacunación obligatorios en niños en edad escolar.

Si bien organizaciones como la OMS y los ministerios de Salud de los países que obligan a la aplicación de la vacuna contra el virus no advierten sobre las posibles complicaciones que esta puede generar, asociaciones en distintas partes del mundo, miembros de la comunidad médica y padres de niños damnificados por la aplicación de estos fármacos alertan sobre los riesgos y ponen en duda la eficacia y seguridad de la vacuna.

Médicos que dicen 'No'

Juan Gérvas es un médico jubilado perteneciente a Equipo CESCA. Fue profesor de las universidades de Valladolid, Autónoma de Madrid y Johns Hopkins. Actualmente ejerce la docencia como profesor visitante en la Escuela Nacional de Sanidad en Madrid. Según considera, una vacuna eficaz contra el VPH sería de suma utilidad, ya que la mortalidad por cáncer de cuello de útero es un problema serio. No obstante, encuentra que la efectividad de las vacunas comercializadas en la actualidad no ha sido demostrada científicamente.

Juan Gérvas, médico retirado y profesor visitante en la Escuela Nacional de Sanidad en Madrid.

"Se precisan décadas para poder afirmar que son vacunas contra el cáncer. No se hicieron estudios suficientes, especialmente respecto a su eficacia y a su seguridad", afirmó Gérvas, y agregó: "La vacuna es una vacuna experimental; habría que esperar para poder decidir su idoneidad".

Según aseveró, el cáncer de cuello de útero es de evolución muy lenta, ya que su desarrollo toma décadas. "Nadie sabe cuánto durará la inmunidad producida por la vacuna, pero si dura menos de 30 años todo habrá sido inútil. Tampoco se sabe si habrá que re-vacunar con la vacuna del papiloma humano", manifestó.

Respecto a la controversia en torno a la droga, el actual profesor expresó: "Hay gran debate sobre los efectos adversos vinculados a la vacuna. Se considera probado que hay asociación con graves efectos adversos, infrecuentes, como fracaso ovárico, enfermedades autoinmunes, uveítis, alteraciones neurológicas, embolias pulmonares y muerte".

Gérvas no es el único profesional en España con esta visión respecto a las vacunas contra el VPH que se comercializan en la actualidad: "En 2009 miles de profesionales sanitarios en España pedimos que se suspendiera la aplicación de la vacuna, incluyendo a más de la mitad de los catedráticos de salud pública de las universidades. El problema es tanto de seguridad como de eficacia. De todos modos, la vacuna es un inmenso negocio", aseguró el profesor.

Sin respuestas

El 5 de marzo de 2016, Natalia Bezi, una madre argentina de la provincia de Chaco, llevó a su hija Delfina, de once años, a un control pediátrico. El médico le indicó que le faltaba la vacuna contra el VPH para estar al día con las exigencias del Estado, por lo que le hizo una orden médica para que se acercara a un centro de salud. Una vez vacunada en el Hospital Público de Pediatría, y sin recibir ninguna advertencia más que la posibilidad de una fiebre, madre e hija continuaron con su día como de costumbre.

Sin embargo, al día siguiente, mientras estaba en una clase de educación física, Delfina comenzó a sentirse mal y le pidió a una amiga que la acompañara al baño. La niña sintió una quemazón y un dolor intenso en la nuca, por lo que pidieron ayuda. Bezi cuenta que su hija sentía que "las piernas no le reaccionaban" y que luego se desmayó.

A partir de ese día la vida de Delfina y la de toda su familia cambió para siempre: la internaron y le hicieron estudios invasivos con regularidad por sus recurrentes desmayos, dolores intensos y dificultad para caminar. Bezi atribuye los problemas que sufre Delfina a la vacuna que le pusieron: "Mi hija presentaba un buen estado de salud. Después de que la vacunaron empezó a tener síntomas muy extraños. No había explicación para lo que le pasó".

Como Delfina seguía teniendo dificultad para caminar y dolores muy fuertes en la nuca y columna, fue derivada al Hospital Italiano, en la ciudad de Buenos Aires. En una de las tantas esperas en el hospital, el padre de la niña se puso en contacto con la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP), una organización sin fines de lucro radicada en España, pionera en denunciar los efectos adversos de la vacuna y en contar las historias de sus víctimas.

Natalia Bezi, madre de Delfina, niña damnificada por la vacuna contra el VPH.

En el sitio web, las madres relataban los mismos síntomas que sufría Delfina. "No teníamos respuesta de la parte médica porque la medicina convencional evalúa un síntoma hasta llegar a un diagnóstico. La única respuesta la encontramos en otras víctimas", confiesa la madre de la niña.

El malestar físico y emocional continuó durante un año, hasta que en abril de 2017 Bezi decidió llevar a su hija a una sesión de acupuntura: "Logró dormirse por cinco minutos y fue el momento más feliz de mi vida. Encontramos una respuesta en esta terapia".

Hasta el momento, Delfina sufre de dolor neuropático, síncope vasovagal, migraña vestibular, ampollas en manos y pies, quemazón en el cuerpo y fallas en el sistema digestivo y urinario. Sus padres se inclinaron por la medicina alternativa para su hija, porque, según afirma Bezi, la medicina convencional está parada desde un lugar de empresa.

"Los médicos no te explican, no te dicen los efectos adversos", afirma. Además, pide que la comunidad médica haga una autocrítica: "Aspiro a que se reconozca que en Delfina existió un efecto adverso y espero que en el futuro no tenga una enfermedad autoinmune. Preservar su calidad de vida es mi objetivo".

Pese a los sucesivos pedidos de RT sobre la cantidad de efectos adversos notificados por la aplicación de la vacuna del papiloma humano a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el organismo oficial argentino que aprobó la comercialización de las vacunas Cérvarix y Gardasil no brindó la información solicitada.

Del otro lado del océano atlántico, en España, la vacuna no es obligatoria. No obstante, Alicia Capilla, presidenta de AAVP, la agrupación que pudo brindarle respuestas a la familia de Delfina, afirmó recientemente en un comunicado de prensa que las autoridades de salud españolas tampoco hacen lo suficiente para alertar sobre los peligros de la vacuna ni para respaldar a sus víctimas.

"No se han querido reconocer los efectos adversospadecidos. Tras 9 años de implantación de la vacunación contra el VPH en nuestro país no existen ni tratamientos ni protocolo de actuación médica", sostuvo. Capilla considera que de este modo las afectadas y sus familias se encuentran "en una situación de abandono", y que se está vulnerando el derecho a la salud que tienen todas las mujeres del país.

"Nosotras no somos antivacunas, de lo contrario no nos hubiéramos vacunado. Pero confiamos en las Autoridades Sanitarias de nuestro país cuando nos vacunamos, y ahora nos han dejado de lado", sentenció la presidenta de AAVP y madre de una niña afectada.

La lucha recién comienza

El Colectivo Ciudadano por la No Obligatoriedad de Vacuna Contra VPH-Uruguay, una agrupación que al día de hoy nuclea a casi 14.000 personas, fue creado en 2016, momento en que desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunciaron la intención de hacer obligatoria la aplicación de la vacuna contra el VPH para todas la niñas del país en el sexto año escolar, es decir, a niñas de entre 11 y 12 años.

Luego de las declaraciones del Director Nacional de Salud nació el colectivo con menos de diez miembros activos que, junto a la ONG feminista Mujer y Salud en Uruguay, comenzó a movilizarse de inmediato: presentaron sus dudas y adjuntaron toda la información que hallaron en contra de la vacuna ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), así como ante las comisiones de salud del Senado y el Ministerio de Salud Pública.

Cecilia Muñiz, miembro de Colectivo Ciudadano por la No Obligatoriedad de Vacuna Contra VPH-Uruguay.

Ya que en Uruguay es necesaria una ley para que una vacuna se haga obligatoria, los esfuerzos del colectivo y la atención que generó su movilización impidieron que la iniciativa avance en el ámbito legislativo. No obstante, el 2 de abril de este año, el MSP comenzó una campaña de vacunación contra el VPH en las escuelas del país sin informar sobre la no obligatoriedad de la aplicación ni sobre los posibles efectos adversos.

"Ahora lo que se está haciendo es una obligatoriedad de hecho porque se está dando en todas las escuelas del país. El ministerio no está avisando que la vacuna no es obligatoria y, la autorización que manda a los padres, no es un consentimiento informado porque no informa de ningún factor de riesgo, de contraindicaciones, ni de posibles efectos adversos", sostiene Cecilia Muñiz, uno de los miembros fundadores del colectivo.

Debido a lo que considera un "gran atropello de los derechos" en relación a que la población sepa sobre los pro y los contra de todo acto médico, el colectivo se presentó nuevamente ante el INDDHH y se generó un expediente. "Estamos a la espera de la respuesta y viendo qué acciones legales tomar porque consideramos que se está sesgando la información y promocionando la vacuna como si fuera inocua y obligatoria, cosa que no es real, ninguna de las dos", afirmó Muñiz.

Por otro lado, sospecha que desde el ministerio están aplicando la vacuna del VPH "camuflada" junto a la vacuna de difteria, tétanos y tos convulsa, que sí es obligatoria en Uruguay.

"Están yendo a todas las escuelas, dando una vacuna que es obligatoria a los doce años y metiendo esa para las niñas. Desde mi punto de vista, están generando todo este aparato para dar la del VPH, ya que todos los niños que están en la escuela tienen que tener esa vacuna al día. No hay niños que no estén previamente vacunados con la de difteria, tétanos y tos convulsa, ya que se pide desde las instituciones educativas", manifestó.

Muñiz subraya que desde el colectivo no están en contra de que los padres y madres que quieran vacunen a sus hijos, pero consideran "que no debe ser en las escuelas y que debe ser con consentimiento informado, en lo posible aprobado por un comité de ética".

Reacción adversa masiva

"Yo era la clásica madre que iba con sus hijos a las instituciones de salud y que peleaba para que le pusieran las vacunas. Pensaba que si no les ponían las más costosas estaban violándoles el derecho de la salud. Y así fue hasta que me encontré con esta situación y la tuve que vivir en carne propia con mi hija”, expresó Mónica León del Río, una abogada colombiana de la ciudad de Bogotá cuya hija, Alejandra, sufrió efectos adversos luego de una aplicación de Gardasil.

Meses después de que comenzaron los problemas físicos de Alejandra, estalló un escándalo en el municipio de El Carmen de Bolívar, un pueblo a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Cartagena, que abrió los ojos de Mónica y cambió su perspectiva de lo que le estaba sucediendo a su hija: en un lapso de aproximadamente tres meses, más de 700 niñas tuvieron reacciones adversas a la vacuna Gardasil, aplicada en la escuela de manera obligatoria, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud de Colombia.

Al tratarse de un pueblo en el que todos se conocen y que cuenta con un único hospital, todas las niñas con efectos adversos llegaron a ese centro de salud y se hizo evidente que algo raro estaba pasando. Los síntomas que presentaban las menores eran síncopes, pérdida de consciencia durante una o dos horas, debilidad muscular, desmayos y toda una serie de sintomatología de carácter neurológico.

Mónica Léon del Río, abogada y presidenta de la Asociación Reconstruyendo Esperanza.

"Esto fue un 'boom' en las noticias porque los padres de familia de ese pueblo cerraron calles y denunciaron lo que pasaba quemando llantas, mostrándole al Gobierno colombiano que estaba pasando algo y que había sido a raíz de la aplicación de Gardasil", recordó León del Río, para luego agregar: "Cuando vi los síntomas adversos que estaban denunciando estos padres de familia me dije a mi misma: 'son idénticos a los que tuvo mi hija y a los que tiene en este momento'.

Ante el escándalo, que estaba alcanzando proporciones nacionales, el gobierno decidió realizar una investigación para determinar qué es lo que había pasado en El Carmen de Bolívar. "Sin grandes pruebas de medicina, clínicas, el estudio estableció se trataba de un caso de histeria colectivo", afirmó León del Río, quien sostiene que se trata de una teoría absurda ya que los efectos adversos no fueron simultáneos, sino progresivos.

"Hay niñas por ejemplo que tuvieron efectos adversos a la primera dosis, otras a la segunda. Otras a la tercera. Y otras que un tiempo después de la tercera recién tuvieron los efectos adversos", aclaró. Ante la impotencia de la respuesta por parte del gobierno, la abogada y madre de Alejandra decidió crear un grupo de Facebook donde contaba la situación de su hija.

Demandas y dictámenes sin cumplir

A través de este medio le llegó el primer caso de una de las niñas de El Carmen de Bolívar que estaba embarazada, tenía los efectos adversos y quería una cesárea. Debido a la urgencia de la situación, ya que la jóven podía morir dando a luz mediante el parto natural, la abogada presentó una demanda, la ganó y se ordenó la atención a la menor.

A raíz de este éxito, la abogada comenzó a recibir los distintos casos de El Carmen de Bolívar. Gracias a los esfuerzos de un grupo de madres y a que la abogada creó la Asociación Reconstruyendo Esperanza, la problemática de los efectos adversos comenzó a obtener cada vez más atención en el país.

Al margen de la difamación por parte de las autoridades de salud, de ciertas organizaciones feministas y de los propios medios de comunicación, León del Río decidió continuar la lucha a nivel judicial. "Empecé a defender los intereses de personas que quizás ni siquiera me conocían. Tomé todo el grupo de las afectadas de El Carmen de Bolívar y actúo en nombre de ellas", sostuvo.

Luego de ganar una segunda y una tercera demanda, en las que estaban incluidas su hija y diez niñas de El Carmen de Bolívar, las sentencias ordenaron atención inmediata a las víctimas, cubrimiento de todos los aspectos de salud y una investigación respecto a los efectos adversos de la vacuna. Nada de lo que exigen los tres dictámenes obtuvo respuesta por parte del Gobierno colombiano hasta el momento.

"Posteriormente entro con otra demanda en nombre de todas las víctimas a nivel nacional y ahí la sentencia de la Corte Constitucional ordena que la vacuna no puede ser obligatoria, y que a nadie en virtud y en desarrollo al derecho de la dignidad humana puede obligarse a aplicar una vacuna si no tiene la intención o si no desea hacerlo", manifiesta León del Río.

Gracias a estos esfuerzos y al de tantas otras madres para visibilizar la problemática, el porcentaje de vacunación de más del 90% durante el primer año en que se hizo obligatoria la aplicación de la vacuna del papiloma humano, hoy disminuyó al 16%.

Actualmente la abogada encabeza una acción de grupo presentada ante las autoridades civiles en contra la farmacéutica Merck sharp & Dohme, responsable de la fabricación de Gardasil, instaurada en nombre de todas las damnificadas. León del Río aclara que las familias afectadas, en su mayoría, no solamente tienen la carga de un hijo permanentemente enfermo, sino que muchas de las madres han dejado de trabajar para dedicarles el 100% de sus vidas a sus hijas.

"La enfermedad es una enfermedad que no tiene una cura definitiva. Esto lo demuestran varias de las personas que tengo representadas y que tuvieron que ser pensionadas por invalidez porque no pudieron continuar con su vida de manera normal. Lo que se pretende con esta demanda en contra de Merck es que haya una indemnización razonable para las víctimas a nivel nacional", sostiene la abogada.

Al margen de la resistencia de parte de organismos oficiales o de las propias farmacéuticas a reconocer los efectos adversos de la vacuna, León del Río considera que el problema es más profundo y que afecta directamente al cuerpo social en su conjunto: "Somos miles de padres quejándonos en el mundo y nadie nos quiere oír. El mundo no quiere oír esto. Al padre que la vacuna no le hizo nada a su hijo no le interesa. Es algo de la actitud del ser humano frente al dolor del otro: no le importa".

Ignacio Fernández Albano