La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha revelado esta semana un informe de la ONU que el Gobierno mexicano mantenía en reserva, donde denunciaba corrupción, práctica generalizada de la tortura y su impunidad en las cárceles y centros de detención del país latinoamericano.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (SPT) de las Naciones Unidas, había entregado su informe a la Secretaría de Exteriores de México en diciembre del año pasado, pero las autoridades federales no lo hicieron público. Sin embargo, el Estado se ha visto forzado a dar a conocer el documento por una solicitud hecha por la CMDPDH a través del Sistema Nacional de Transparencia.
En el reporte, el SPT informó que la "tortura es una práctica generalizada" en las prisiones mexicanas, y que la "impunidad, casi absoluta" de esos casos de maltrato "fomenta su repetición". Además resaltó que la "falta de independencia de los servicios forenses de las procuradurías se traduce en el encubrimiento de actos de tortura", mientras que muchas personas privadas de libertad prefieren no denunciar los actos de maltrato a los que son sometidos por temor a represalias.
"Distintas formas de corrupción y connivencia"
El Subcomité de la ONU, asimismo, se mostró preocupado por las "distintas formas de corrupción y connivencia entre grupos de criminalidad compleja, las autoridades y personal de los penales". "La tortura es comúnmente aplicada durante el arresto, traslado, ingreso a lugares de detención e interrogatorios, con el fin de que las víctimas hagan declaraciones autoincriminatorias o incluso para obligarlas a firmar hojas en blanco", resaltó el SPT.
Como responsables de esos actos que van contra los derechos humanos, el informe señala a funcionarios públicos de diferentes dependencias: agentes de la Policía federal, estatal y municipal, de migración e integrantes de las Fuerzas Armadas. Por último recomienda al Estado mexicano eliminar la figura del arraigo, fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y desarrollar acciones de prevención y sanción de la tortura.