La Justicia española insiste ante la alemana sobre Cataluña: "Hubo rebelión y malversación"

El Tribunal Supremo de España enviará una serie de documentos a la Justicia alemana para que entreguen al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y así poder imputarlo por el delito de rebelión.

El Tribunal Supremo de España enviará una serie de documentos al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de Alemania, que solicitó información complementaria para tomar una decisión sobre la euroorden de detención contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, informa La Vanguardia.

En los documentos que el órgano español enviará a la Justicia alemana se repasa una serie de acciones y conductas ocurridas en Cataluña durante la jornada del 1 de octubre —cuando se llevó a cabo el referéndum de independencia que había sido previamente suspendido por el Tribunal Constitucional—, y se pide al órgano alemán que evalúe si dichos hechos serían considerados como delitos en Alemania, sin necesidad de comparar los códigos penales de ambos países.

Según el Tribunal Supremo, el 1 de octubre se registraron en Cataluña delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Asimismo, se señala que Puigdemont tuvo una responsabilidad plena durante el desarrollo de los acontecimientos al ocupar el cargo más alto en la región cuando ocurrieron los hechos.

La finalidad de esta acción emprendida por la Justicia española es que Alemania entregue a Puigdemont para imputarlo por rebelión por lo ocurrido desde el comienzo del proceso soberanista, alegando que hubo "reiteradas desobediencias a las resoluciones del Tribunal Constitucional".

Asimismo, en la documentación preparada por el Tribunal Supremo se hace hincapié en las sesiones que se celebraron los días 6 y 7 del pasado septiembre en el Parlament, en las que se aprobaron tanto la ley del Referéndum como la ley de Transitoriedad Jurídica, que más tarde fueron anuladas por el Tribunal Constitucional por considerarse que preveían la convocatoria y celebración del referéndum, declarado ilegal por la máxima instancia jurídica.