La semana pasada, a días de celebrarse el Día del Trabajador, el gobierno de Mauricio Macri retomó un proyecto de ley de reforma laboral que había sido postergado en diciembre del año pasado en un intenso clima de protestas. Tres capítulos de una nueva version del proyecto fueron enviados al Senado de la Nación para su posterior tratamiento en el recinto.
Los tres ejes fundamentales de la iniciativa son:
Regularización del trabajador no registrado: Los empleadores que registren legalmente a sus empleados como tales estarán exentos de posibles acciones penales, infracciones y multas de cualquier tipo vinculadas con la regularización de su planta de empleados, incluidas aquellas derivadas de la falta de pago de aportes y contribuciones al sistema de Seguridad Social. También se les dará de baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.
Sistema de Prácticas Formativas para los estudiantes: Establece un sistema de pasantías para estudiantes y graduados recientes de la educación secundaria mayores de 18 años, en instituciones tanto privadas como públicas, con una carga horaria máxima de hasta 30 horas semanales y por un máximo de 12 meses. Por su labor recibirán una suma de dinero "en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo", calculado en base al salario básico del convenio colectivo vinculado al rubro en el que se desempeñen.
Creación de la Agencia Nacional de evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET): Se trataría de un organismo autárquico vinculado al Ministerio de Salud cuya finalidad sería "la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO)". Según afirma Página/12, el objetivo de AGNET "es reducir la litigiosidad para las obras sociales" y limitar "la posibilidad del Congreso de incluir nuevas prestaciones al Programa Médico Obligatorio".
Si bien estos puntos habían sido discutidos en diciembre con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), la central sindical con más afiliados en el país, un capítulo del proyecto que evidencia la intención del gobierno de modificar el cálculo de las indemnizaciones en casos de despido generó el repudio de gran parte del espectro gremial.
Indemnizaciones y controversia
Según establece el proyecto, se excluye del cálculo indemnizatorio "el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador".
Para sustituir a las indemnizaciones, desde el gobierno proponen la creación de un fondo de cese laboral, negociado en cada convenio colectivo y con el consenso de las cámaras empresariales, para asistir a las empresas a costear los despidos. Dicho fondo se financiaría en base a un aporte de los empleadores calculado sobre un porcentaje de los salarios de sus empleados más adicionales remunerativos y no remunerativos.
Durante una entrevista en Radio Mitre, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, defendió el proyecto de ley: "Nuestro objetivo es generar un vínculo entre trabajadores y empleadores en función del consenso. Buscamos la formalización de los trabajadores, creamos un fondo de cese como el que tiene el sector de la construcción. Damos un criterio indemnizatorio uniforme, acá no se le quita ningún derecho a ningún trabajador".
De acuerdo al ministro, la creación de un fondo para la indemnización depende exclusivamente de cada gremio. "Solo cuando estos convenios lo quieran, el fondo de cese reemplazaría las indemnizaciones tradicionales. El fondo de cese debe ser aprobado por cada convenio, es opcional".
La reacción sindical
En diálogo con Radio La Red, Juan Carlos Schmid, uno de los líderes de la CGT, se opuso al proyecto: "Ya he manifestado que no hay confianza en las propuestas del Gobierno, porque primero dice una cosa y termina haciendo otra. Si en el proyecto aparece este tema de rebaja de indemnización ante despidos, lo voy a rechazar".
En un acto durante el día del trabajador y acompañado por la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, Héctor Daer, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina y otro de los tres líderes de la CGT, también se mostró crítico con la reforma laboral que busca aprobar el oficialismo.
"En estos días nos desayunamos con un proyecto que quiere volver a bajar las indemnizaciones y otro que quiere hacer desaparecer las indemnizaciones, como si eso fuera el problema de la inversión en la Argentina", afirmó, para luego agregar sobre el gobierno de Mauricio Macri: "Permanentemente quiere hacer culpables a los trabajadores de todo lo que gobiernan mal, para los más poderosos y ahora utilizando las tareas liberales por excelencia".
Por su parte, Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato de Camioneros, se mostró más intransigente con la iniciativa y no descartó la posibilidad de llamar a un paro: "Se va a tener que consensuar con el resto de los dirigentes si se va a un paro general", dijo en declaraciones a FM La Patriada. Según consideró, la baja en las indemnizaciones "no puede pasar en el Congreso", ya que "va a traer una ola de despidos".
La ley que no fue
En diciembre del año pasado el gobierno de Mauricio Macri sometió a votación tres reformas en el ámbito legislativo que generaron una fuerte controversia en Argentina: una reforma previsional, una impositiva y una laboral.
El 14 de diciembre, durante la votación de la reforma previsional en el Congreso, un choque entre manifestantes y fuerzas de seguridad terminó con 88 policías heridos, más de 60 detenidos y con la sesión suspendida. El 18 del mismo mes se retomó el diálogo legislativo y la ley que habilitó ajustes en las jubilaciones fue aprobada.
Diez días más tarde, el Congreso votó a favor de la reforma en materia tributaria, que introdujo cambios en el cobro de impuestos y propuso achicar gastos en el sector empresario y patronal con el argumento de atraer inversiones y generar mayor productividad.
En medio de un clima social agitado luego de las protestas y por la resistencia social ante una posible reforma laboral, el gobierno de Mauricio Macri decidió postergar el tratamiento de la iniciativa para el ciclo legislativo 2018.
Ignacio Fernández Albano