La operación Erial, en la que ha sido detenido el exministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España Eduardo Zaplana, ha destapado que el político habría ocultado en Panamá –hasta hace poco considerado paraíso fiscal por la Unión Europea– hasta 10,5 millones de euros, informa la Cadena Ser.
El intento de repatriar ese monto y reintegrarlo al circuito legal ha sido el detonante de su detención este martes, acusado de los delitos de blanqueo de capitales y delitos fiscales. Los más de 10 millones de euros serían el resultado de los sobornos durante su etapa al frente del Gobierno de la Generalitat Valenciana, entre 1995 y 2002, y que habría ocultado en el país centroamericano gestionado desde empresas con sede en Uruguay, publica El Confidencial.
En el trascurso de otra investigación judicial, el caso Taula, la Guardia Civil localizó durante un registro unos documentos en poder de un ex alto cargo del Partido Popular (al que pertenecía Zaplana), Marcos Benavent. Ese fue el hilo del que tiró la Fiscalía Anticorrupción para presentar una denuncia hace dos años que ha desembocado en la detención del exministro.
Este martes se ha procedido al registro de su domicilio en el centro de Valencia durante más de cinco horas en su presencia. Posteriormente fue trasladado a Benidorm (localidad de la fue alcalde) para que estuviera presente en la inspección de otra vivienda de su propiedad.
Este miércoles el expolítico ha sido trasladado a Madrid para la realización de nuevos registros, al menos uno en una vivienda y otro en un despacho, antes de ponerle a disposición judicial, según informa La Vanguardia.
Contactos con otros acusados de corrupción
La Guardia Civil también tiene constancia de contactos de Zaplana con Ignacio González, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 y que actualmente está acusado de los delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental. Ambos estarían vinculados a un abogado uruguayo especializado en la creación de sociedades pantalla y entramados opacos.
El dinero que está siendo rastreado, según la investigación de la Guardia Civil, proviene supuestamente de los sobornos por la adjudicación de dos contratos: la concesión de explotación de las ITV (Inspección Técnica de Vehículos) por 25 años en 2007 y el desarrollo del Plan Eólico Valenciano en 2001.
Reacciones inmediatas
Nada más conocerse su detención y los cargos que se le imputaban el Partido Popular (PP) procedió a darle de baja de la militancia.
Asimismo, Telefónica ha anunciado que suspende "con carácter inmediato" su relación laboral con el exministro, publica la Cadena Cope. Zaplana estaba vinculado a la multinacional española desde su abandono de la política en el año 2008.
También el Gobierno de Murcia ha decidido hoy su expulsión como vocal del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena, del que formaba parte desde 2017, según informa La Sexta.
Incluso el PP de la localidad valenciana de Almoradí ha pedido retirar el nombre de Eduardo Zaplana a un parque del municipio, porque no quieren que "perjudique" a la localidad.