El "gran engaño" de las campañas electorales en México: partidos gastan 15 veces más de lo permitido

Los partidos políticos en México gastan en sus campañas, de manera encubierta, 15 veces más de lo permitido en la ley, de acuerdo con un estudio reciente que documenta la "farsa" del sistema electoral mexicano.

Un dato que cobra especial atención mientras reviven los temores de un posible fraude electoral en las próximos comicios presidenciales de 2018.

"El financiamiento y el gasto ilegal de las campañas políticas es el mayor problema de la democracia electoral mexicana", afirma el estudio 'Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México', realizado por las organizaciones civiles Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y la consultora Integralia.

Desvío de recursos y lavado de dinero

El informe detalla que existen tres mecanismos ilegales en la obtención de fondos para campañas en México: "desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de particulares y financiamiento del crimen organizado".

Una situación que explica la manera en que los partidos políticos operan las estructuras clientelares, mediante la compra de votos y otros mecanismos que han ocasionado cuestionamientos a la legitimidad de las últimas dos elecciones presidenciales en México, en 2006 y 2012.

"Las modalidades de financiamiento privado ilegal implican la comisión de algunos delitos como lavado de dinero, defraudación y evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasmas o de fachada, cobertura ilegal de medios, entre otros", añade el estudio.

"Mucho de ese dinero ilegal primero tiene que ser transformado en efectivo, de forma tal que no haya una transacción bancaria que te permita rastrearlo", señala María Amparo Casar, una de las investigadoras responsables del estudio.

"Estamos ante una farsa, un gran engaño", agrega la directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y también académica del Centro de Investigación y Docencia Económica.

De este modo, el estudio encontró que en los meses previos a las campañas electorales, la circulación de dinero en efectivo en el país aumentaba hasta en 5 % del Producto Interno Bruto. Un indicador que evidencia la magnitud de los recursos en papel moneda que se mueven en las campañas electorales, con el fin de que ese dinero no pueda ser rastreado.

"Hicimos un trabajo con los datos oficiales del Banco de México, donde descubrimos que en los meses anteriores a la campaña, de enero a junio, sube 37.000 millones de pesos (1.800 millones de dólares) el dinero en efectivo que hay en la economía", añadió Casar.

"Es curioso el dato de que repentinamente en los cuatro meses de campaña suban las transacciones en efectivo", agrega la investigadora. "Hay compañías especializadas que se dedican a lavar el dinero, transformarlo en efectivo para que no se pueda rastrear", señala Casar.

El rubro más importante de gasto son las estructuras clientelares, a través de las cuales los partidos gastan sumas millonarias para comprar votos mediante dinero en efectivo, despensas, entrega de materiales de construcción, etcétera.

De acuerdo con los datos recopilados por el estudio, el costo promedio para la compra de votos en México es de 1.000 pesos en las zonas urbanas (50 dólares) y 500 pesos en zonas rurales (25 dólares).

El segundo destino más importante del dinero ilegal es el pago de cobertura en medios de comunicación. De acuerdo con el estudio, en las últimas entidades donde se realizaron elecciones a gobernador, durante 2016 y 2017, el gasto en comunicación oficial fue 1.000 % mayor a lo que estaba presupuestado.

"Hay más competitividad, y si hay más competitividad, los partidos requieren más inversión para ganar las elecciones. A eso se deben las estructuras electorales", explica Luis Carlos Ugalde, otro de los responsables del estudio y quien fuera consejero presidente de lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral.

El fantasma de un nuevo fraude electoral

La pobreza es también uno de los principales factores que explican la compra de votos en México, de acuerdo con otro estudio elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una agrupación de 60 organizaciones sociales y civiles.

Hasta el 23 de mayo a las 9 de la mañana, la organización documentó al menos 151 reportes ciudadanos de compra de voto, provenientes de 25 estados del país.

El 41 % de los reportes corresponde a la entrega de cosas, despensas, principalmente; 36 % son acciones de condicionamiento para recibir o dejar de recibir los beneficios de algún programa social; 18 % es por la entrega de dinero en efectivo y un 11% corresponde al reparto de tarjetas electrónicas con depósitos diferidos.

"Se está operando el fraude electoral", señaló Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en una entrevista con la revista Proceso.

De acuerdo con el exfiscal, quien participó como consultor en los dos estudios referidos, el fraude orquestado por el PRI –partido del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto– se está fraguando a partir de un "debilitamiento institucional" de los órganos encargados de garantizar la equidad de la contienda electoral: la Fepade, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el propio Instituto Nacional Electoral.

Nieto Castillo, quien fue removido de su cargo como fiscal electoral a finales de 2017 tras investigar la inyección de dinero ilegal de la constructora Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, se sumó a la campaña presidencial del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de crear un "blindaje electoral" al posible fraude.

Dicho blindaje implica identificar y mapear casillas de los lugares donde los programas de desarrollo social implementados por el gobierno en zonas marginadas del país, sobre todo en el ámbito rural, juegan un papel determinante en la compra y coacción del voto.

En las últimas semanas, el PRI ha reactivado sus estructuras de clientelismo electoral, tras el nombramiento de René Juárez Cisneros como presidente del partido tricolor, en sustitución de Enrique Ochoa, según un reportaje publicado por Eje Central.

Sin embargo, la investigación periodística destaca que, aunque el PRI ha comenzado a movilizar su maquinaria electoral a tan sólo un mes de la elección presidencial, el rezago y falta de atención que el partido dio a sus estructuras en los últimos meses le resta posibilidades de triunfo, en comparación con elecciones anteriores.

Esto, debido a que los llamados "mapaches electorales" (personas que convencen a la gente para asistir a mitines y votar por un partido a cambio de promesas, regalos en especie, dinero o hasta chantajes) que han permanecido fieles al PRI, no recibieron la atención suficiente por parte de Ochoa, un cercano colaborador del presidente Peña Nieto. Lo anterior, de acuerdo con el testimonio de varios "mapaches electorales" consultados por Eje Central.

Sin embargo, los responsables del estudio 'Dinero bajo la mesa' sostienen que el fenómeno de la compra y coacción de votos no es exclusivo del PRI, ya que otros partidos como PAN, PRD, PVEM y Morena realizan prácticas similares para movilizar votos en tiempos de campañas electorales. Por lo tanto, se trata de un problema "sistémico" que requiere soluciones de fondo, de acuerdo con los expertos.

¿Voto obligatorio para resolver el problema?

Si el clientelismo es el principal problema, ¿cómo solucionarlo? Ugalde considera que instituir el voto obligatorio podría ser una opción, toda vez que imponer más sanciones no ha funcionado en un país con serios problemas de impunidad.

"Hay una lógica. En México el voto es obligatorio según la Constitución, pero no hay una sanción para quien no cumpla. Cuando el costo de trasladar a los votantes recae en el partido y las campañas, tienes que invertir ahí. Si el ciudadano está obligado a ir, porque sabe que si no lo hace recibe una multa o no puede realizar trámites oficiales, entonces el costo se traslada de los partidos a la sociedad", afirma.

"No es lo mismo comprar una elección cuando vota el 45 % del electorado, que cuando vota un 85 % o 90 %. El ejercicio pierde lógica, se desmorona", explica Ugalde, al considerar que el voto obligatorio podría romper los cimientos del clientelismo electoral que existe en México.

Manuel Hernández Borbolla