La mitad de los presos argentinos no tiene condena

"Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario", aquella frase, que hace referencia a uno de los principales pilares de las garantías del debido proceso con las que debería contar un acusado por la Justicia, resuena en una innumerable cantidad de películas internacionales. En Argentina, al menos para la mitad de los seres humanos que están privados de su libertad, no existe tal cosa, a pesar de que el principio de inocencia está contemplado en su marco normativo.

La drástica medida de encarcelar a un ciudadano, sea culpable o inocente, sin una sentencia firme previa, es conocida como prisión preventiva. El argumento para aplicar este poder restrictivo del Estado radica en que, según el juez, el acusado en condición de libertad podría entorpecer la investigación en curso o fugarse. "Esta idea de que la prisión preventiva debe ser excepcional, no se toma así en nuestro país", confirma Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad en el CELS.

Las cifras oficiales, que todavía deben ser actualizadas, no dejan mentir. El último informe ejecutivo del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), con datos que van hasta diciembre del 2016, refleja que de los 76.261 reclusos solo 39.373 tenían condena, mientras que 36.374 todavía no habían recibido su sentencia final. "Acá vas preso por las dudas", aquella suele ser una broma habitual durante las clases de derecho penal en las universidades locales.

Los datos del 2018 en la provincia de Buenos Aires recrudecen el panorama: el 56% de los recluidos no tiene condena, añade la entrevistada. A su vez, en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, que el 7 de junio de este año contabilizó en 12.302 presos la cantidad de internos —superando en 284 plazas el límite de capacidad establecido—, el 58,63% del total tampoco fue condenado, según los datos difundidos por el Estado.

Para Litvachky este es un problema histórico vinculado a "la cultura judicial y política argentina" que se relaciona con la intención de "querer demostrarle a la sociedad que el sistema penal responde a los hechos de violencia". A su vez, considera: "Es una reacción al mal funcionamiento de la Justicia, con procesos muy largos y burocráticos donde es difícil lograr una sentencia rápida, entonces se usa la prisión preventiva como un intento de respuesta a las demandas sociales pero también para esconder la propia ineficacia del sistema judicial y las Policías".

Aumento de encarcelamientos

Aunque sería injusto decir que este país tiene una alta tasa de encarcelamientos —si se lo compara con otras naciones por cada 100.000 habitantes, Argentina presenta 188 recluidos, mientras que Irán tiene 284, Rusia cuenta con 411, Cuba contabiliza 510 y EE.UU. 655, según expone la base de datos de 'World Prision Brief' (WPB), publicada por el Instituto de Investigación de Política Criminal y la universidad de Birkbeck, radicada en Londres—, de todos modos las reclusiones argentinas están aumentado.  

"Está habiendo mucha presión policial en la cantidad de detenciones y en la cantidad de procesos de flagrancias o privaciones de la libertad por delitos leves", advierte la abogada. A su vez, se pregunta: "¿Por qué están subiendo tanto las tasas de encarcelamiento cuando en realidad la tasa delictiva no aumentó tanto?". En efecto, los datos oficiales grafican que desde 2006 hasta 2016 la población carcelaria aumentó desde 54.000 personas hasta 76.261, y si se cuentan los detenidos en comisarías o destacamentos policiales la cifra asciende a 81.975. 

Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad en el CELS.

Las detenciones vinculadas a la ley de estupefacientes, muchas de ellas inconstitucionales por violar el principio de reserva ya que no se daña a terceros con el consumo personal, colaboran en agrandar las estadísticas: en aquellos diez años aumentaron desde 4.049 a 10.476 detenidos. "En general no terminan siendo condenados, pero se pasan un tiempo en prisión preventiva", destaca la experta, y agrega: "Es una de las causas principales del aumento en las encarcelaciones". A su vez, resalta que en muchas ocasiones se detiene a consumidores simplemente "por tenencia" de drogas, y reflexiona: "La fuerza punitiva estatal está siendo dirigida a los eslabones más débiles de la cadena de comercialización de estupefacientes".

En Argentina, es frecuente escuchar desde varios sectores de la derecha política, y también en importantes medios de comunicación, un discurso que insta a la 'mano dura'; exigen mayor presencia policial en las calles, aumento de condenas y velocidad en los procesos judiciales. Se instaló la idea en la opinión pública, con un éxito rotundo, de que existe una "puerta giratoria", es decir, que los delincuentes entran y salen de prisión sin obstáculos, como si ir a la cárcel se tratase de una tarde de compras en el shoping.

Este concepto se repite en casi todas las campañas electorales, pero los datos oficiales revelan que solo al 2% de los condenados le redujeron las penas en 2016. "Esos mensajes inciden en la Justicia", expresa la especialista del CELS, pero menciona presiones mucho más explícitas: "Denuncias que muchos políticos hacen a jueces cuando toman alguna decisión de libertad". Gracias a ello, "magistrados o tribunales comienzan a tener posturas mucho más restrictivas que en otros momentos". 

Encerrando pobres

"La selectividad del sistema penal es un fenómeno global", opina la entendida, y va más allá: "Está dirigida obviamente hacia los más débiles". Además, agrega: "Las personas de mayores recursos no es que no delinquen, es que tienen menores probabilidades de ser condenados por el sistema penal". Según su criterio, "en general las personas vulnerables tienen menos recursos para defenderse, obtener buenos abogados, pagar una fianza y un montón de instancias que plantea el sistema penal para no caer en la cárcel previo a la sentencia". Y puntualiza: "En los países donde la prisión preventiva se utiliza como regla, se ve más agravada la diferencia. Profundiza la desigualdad".

Aunque desde la clase dirigente se sostenga que el combate contra el crimen se logre aumentando las políticas coercitivas, resulta innegable sostener que el delito tiene un trasfondo de exclusión social, teoría respaldada por las estadísticas del propio Estado: hasta el 2016 el 41% de los presos perdió su libertad en condición de desocupado, otro 41% cuando tenía un trabajo de tiempo parcial mientras que solo el 18% sostenía un empleo a tiempo completo al momento de ser encarcelado.

Por otro lado, cabe preguntarse qué sucede con aquellos que fueron encarcelados preventivamente, pero luego son considerados inocentes. Litvachky señala que cuando son puestos en libertad "casi no tienen instancias de reclamo". Sobre ello, explica que puede hacerse un planteo "por error judicial o connivencia con una acusación falsa, pero por lo general se plantea que ese tipo de decisión judicial es parte de la propia dinámica del proceso penal". A su vez, detalla que se debe probar "que la causa fue dirigida al acusado falsamente", pero las expectativas de que prospere el pedido son muy bajas: "Es muy difícil que se obtenga una reparación".

Su apreciación no es menor si se considera que muchos procesos están plagados de irregularidades "con causas armadas, donde hay personas detenidas con muy pocas pruebas, en casos con fuentes anónimas o testigos encubiertos", vinculados a las fuerzas de seguridad. Y suma: "Recién cuando se llega a juicio se puede excarcelar o confirmar el encierro. Y solo cuando el litigio está avanzado se puede determinar si las fuentes provenían o no de la propia Policía, con el famoso 'buchón' uniformado que tira información y desde ahí se encarcelan personas".

En aquel país sudamericano, el concepto de prisión preventiva se hizo más popular desde que el juez Claudio Bonadío ordenó en diciembre del 2017 encerrar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin condena. Aunque la dirigente no fue encarcelada por tener una banca en el Senado, todavía corre riesgos de ir a la cárcel si el Congreso vota su desafuero. Varios funcionarios de su Gobierno ya pasaron por un centro de detención bajo esta modalidad, o están en él, como el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, expulsado del Parlamento tras el pedido judicial.

Más allá de las simpatías o antipatías que despierte cada acusado, cabe plantear: si esto le sucede a políticos de renombre, incluso con importantes cargos representativos, ¿qué le espera al resto?

Leandro Lutzky