Finalmente el presidente de Bolivia, Evo Morales, optó por no presentar una contrademanda en la disputa legal que lo enfrenta con Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la posesión del río Silala tras recibir "recomendaciones jurídicas", informa EFE.
De haberla concretado, el país plurinacional podía haberse posicionado como parte acusadora del conflicto, tal como lo hace en otro litigio mantenido con Santiago ante el tribunal de la ONU, por el reclamo sobre el eventual acceso al océano Pacífico para Bolivia.
Al enterarse de aquella determinación, el mandatario de Chile, Sebastián Piñera, se apresuró en publicar al respecto en su cuenta de Twitter: "Ante la decisión de Bolivia de no contrademandar, ratificó la posición chilena: el río Silala es un río internacional".
Desde Pekín (China), donde se encuentra Morales realizando acuerdos comerciales, el político boliviano contestó: "Chile se equivoca si considera que Bolivia admite que aguas del manantial del Silala son 'río internacional'".
Así las cosas, la intención de aquel presidente es presentar una "contramemoria" en septiembre, y para ello su nación "acudió a organismos internacionales expertos para que aporten estudios", cita la agencia de noticias ya mencionada. Como todavía no se hizo la presentación, no hay fecha estipulada para las audiencias orales.
La disputa
Desde La Paz se afirma que Chile realiza un uso indebido e ilegal de las aguas del río Silala. A su vez, se sostiene que aquel país mantiene una deuda millonaria con Bolivia por esta acción. El argumento es que el curso natural del agua fue desviado por obras civiles y empresariales, perjudicando a los bolivianos.
En cambio, desde Santiago imparten la postura de que se trata de un río internacional y que ese estado era reconocido por ambos países hasta 1997. "Las obras, que no son tan considerables, se hicieron con autorización de Bolivia", expresó la coagente de Chile ante la CIJ, María Teresa Infante.
En efecto, en 1908 las autoridades de Potosí —donde nace el manantial— aprobaron el pedido de una empresa de ferrocarriles chilena para utilizar el agua, necesaria para el funcionamiento de sus locomotoras. El permiso se acordó con una duración de 99 años, pero en 1997 fue revocado, confirmó el secretario general boliviano de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), David Choquehuanca.
Más cerca en el tiempo, en 2009, hubo un principio de acuerdo entre ambas naciones para determinar el correcto uso del recurso hídrico. Sin embargo, aquellas tratativas se truncaron por acusaciones mutuas. Resta por ver cómo avanza el proceso judicial en el Tribunal de La Haya (Países Bajos), donde la geopolítica y la historia tendrán un rol fundamental.