Esta semana el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un préstamo a la Argentina por 50.000 millones de dólares. Durante los próximos días se transferirán los primeros 15.000 millones de dólares al Estado argentino.
Con promesas por parte del gobierno de reducir el déficit fiscal y la inflación, y tras 14 años de la última negociación con el organismo de crédito, Argentina vuelve a tomar deuda con el FMI e inaugura así otro capítulo en los más de 60 años de vínculo entre la institución y la nación sudamericana.
Financiando la dictadura militar
El primer préstamo del Fondo Monetario Internacional hacia la Argentina fue otorgado en 1956 al presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, luego del derrocamiento del general Juan Domingo Perón. No obstante, el vínculo entre el país y el organismo de crédito –así como el problema de la deuda externa argentina– comenzó en 1976 con el apoyo del FMI a la dictadura militar liderada por Jorge Rafael Videla, la cual dejó un saldo de 30.000 ciudadanos desaparecidos.
Mario Cafiero, exdiputado nacional, sostiene que el rol del FMI y del sector financiero internacional en el apoyo al gobierno militar y en la implementación de su plan económico fue fundamental.
"La dictadura militar del '76 tuvo un apoyo importantísimo por parte del sector financiero internacional. La banca internacional estaba muy involucrada en apoyar a Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, quien consiguió un respaldo muy fuerte de los organismos internacionales, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional", afirmó Cafiero.
El exdiputado sostiene que más allá de los problemas que pudo haber tenido el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón, éste tenía otorgado en 1975 un préstamo del FMI de 150 millones de dólares, préstamo "que el Fondo demoró a propósito en entregarlo hasta que llegara el golpe militar". "A los pocos días del golpe, el FMI transfirió a la Argentina ese préstamo que había sido otorgado al gobierno anterior. Esa es la importancia que tuvo el FMI en apoyar a la dictadura", añade el experto.
Además, Cafiero afirma que cuando el gobierno de facto llegó al poder la deuda orillaba los 6.000 millones de dólares, mientras que cuando se fue en 1983, con la llegada de la democracia, la deuda externa argentina trepaba a los 48.000 millones de dólares.
Según Mateo Gadano, economista de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinador del Museo de la Deuda Externa Argentina, dos factores influyeron, principalmente, para lograr este crecimiento exponencial de la deuda externa: la 'bicicleta financiera' y la estatización de la deuda privada.
La llamada 'bicicleta financiera' hace referencia a un tipo de operatoria mediante la cual los grandes grupos económicos, con acceso a préstamos internacionales, se endeudaban en el exterior a una tasa de interés muy baja, ya que en ese entonces había un exceso de dólares en los mercados producto de la aparición de los petrodólares.
Los grupos económicos traían los dólares de los préstamos a la Argentina, los convertían a pesos y los colocaban en plazos fijos, que ofrecían ganancias elevadas. Luego, pasaban esa nueva cantidad de pesos a dólares y los depositaban en el exterior.
"Por otra parte, en 1982 se llevó adelante la estatización de la deuda privada. Debido al aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, muchas de las empresas que estaban endeudadas en el exterior, vieron incrementar fuertemente sus obligaciones. Con el pretexto de garantizar que las empresas no quiebren y aumente el desempleo, 14.500 millones de dólares de deuda privada pasaron a formar parte del pasivo del sector público", explicó el economista.
Según destaca el documental 'Memorias del Saqueo', entre los deudores que fueron beneficiados con la estatización de la deuda figuraban bancos extranjeros radicados en el país como por ejemplo el Chase Manhattan, el Citibank, el Bank of América; multinacionales como Esso Fiat, IBM, Ford y Mercedes-Benz; y en el ámbito local empresas del grupo Techint, del grupo Macri, Pérez Companc y Pescarmona, entre otros.
Un documento titulado 'El FMI y la Debacle Argentina', presentado ante el Congreso de la Nación en 2005 por Mario Cafiero, en ese momento diputado nacional, explica la evolución del vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional a lo largo de los años.
Según el informe, entre los requisitos que exigió el FMI para otorgar los préstamos en 1976 y 1977 por 300 millones y 185 millones de dólares, respectivamente, se destacan la libre circulación de capitales y la eliminación de los aranceles de importación, medida que generó una avalancha de importaciones que golpeó profundamente a la industria argentina.
El documento presentado ante el Congreso cita diversos análisis que calculan que 30.000 millones de esa deuda se habría fugado del país y aparecido como ahorros en el exterior de residentes argentinos.
"Prácticamente la mayoría de esos préstamos no tuvo ningún tipo de afectación concreta en infraestructura o capacidad productiva del país, sino que fue a alimentar el circuito de especulación financiera", sostuvo Cafiero ante este medio, y agregó: "El proceso de endeudamiento en la dictadura militar no tuvo ningún tipo de encuadre legal".
La pesada herencia y las nuevas presiones
En un contexto económico absolutamente desfavorable producto de las políticas económicas de la dictadura y con el país bordeando el 'default' luego de la guerra de Malvinas, el primer gobierno democrático en siete años, liderado por Raúl Alfonsín, se vio acorralado desde su elección en 1983.
Si bien el FMI se había mostrado complaciente y bien predispuesto para asistir al gobierno militar en sus necesidades económicas, según destaca el informe de Cafiero, no ocurrió lo mismo con la nueva gestión. Antes de otorgar cualquier tipo de préstamo al nuevo gobierno, el FMI le exigió a la Argentina que saldase las deudas contraídas por el gobierno de facto con los principales bancos acreedores extranjeros: el Chase, Jp Morgan y Citibank.
Pese a las necesidades de financiamiento del gobierno, el primer préstamo del FMI llegó más de un año después de comenzado el mandato, en 1985. Dicho préstamo se otorgó al país luego de que el ministro de Economía, Bernardo Grinspun, fallara en su intento de crear un frente de países agobiados por la deuda, conocido como 'Club de Deudores', que pudiera enfrentar en bloque al Comité de Acreedores liderado por el Citibank. Finalmente, por presiones del FMI, Grinspun renunció a su cargo en el ministerio de Economía.
Deuda Odiosa
En 1982, el periodista e historiador Alejandro Olmos denunció al ministro de economía de la dictadura militar, Alfredo Martínez de Hoz, por "producir un incalificable endeudamiento externo" que aprovechó del ingreso de dólares con el objeto de hacer negociados, "produciendo quiebras y cierres de empresas y dificultades en la capacidad exportadora y de producción".
Si bien el fallo de la justicia recién estaría listo en el año 2000, mismo año en que falleció Olmos, el juez federal a cargo de la causa, Jorge Ballesteros, emitió un fallo respecto a la denuncia de 1982 en el que encontró un mínimo de 477 ilícitos vinculados a la deuda externa contraída durante dicho la dictadura, como informaba La Nación en aquel momento. Dado el tiempo que había pasado, cualquier posible delito cometido se consideró prescrito y no hubieron condenas.
De acuerdo a Mario Cafiero, la deuda contraída durante la dictadura con la banca internacional y el FMI podría considerarse claramente como una deuda ilegítima, también conocida como una 'deuda odiosa'.
Esta doctrina jurídica del derecho internacional establece que si un poder autoritario se endeuda para fortalecer su propio régimen y no para satisfacer las necesidades del Estado, esa deuda es odiosa para la población y no es obligatoria para la nación. Es una deuda de régimen, personal de quien la contrajo. La deuda odiosa, por lo tanto, no tiene por qué ser pagada.
En ese sentido actuó el Congreso Nacional cuando en 1984 sancionó una ley que establecía que carecían de validez jurídica las normas y actos administrativos –entre ellos el proceso de endeudamiento– emanados del gobierno militar.
No obstante, el gobierno de Alfonsín cedió ante el FMI en 1985 y con el aval del nuevo ministro de economía, Juan Vital Sourrouille, firmó una Carta de Intención al organismo de crédito en la que reconoció deuda por 45.000 millones de dólares, legitimando así el endeudamiento contraído durante el gobierno militar. Se asumió además el compromiso de utilizar todo el monto del préstamo otorgado por el FMI, de 1.800 millones de dólares, a cancelar deuda impaga con los bancos comerciales.
En enero de 1985 se aprobó dicho préstamo; en febrero de 1987, se autorizó un segundo préstamo hacia el gobierno argentino.
"Para hacer frente al pago de la deuda el gobierno de Alfonsín empezó a imprimir moneda nacional para comprar dólares y llevarlos a los bancos", sostuvo Cafiero, y agregó :"Eso genero las condiciones para una hiperinflacion que fue del orden del 6.000% anual".
Con una situación económica de absoluto desborde, con múltiples huelgas generales promovidas desde el sindicalismo, Alfonsín renunció a su mandato cinco meses antes de que éste concluyera.
La ola neoliberal
Luego de la salida anticipada de Alfonsín en julio de 1989 y escudado bajo las banderas de la justicia social, llegaría a la Presidencia Carlos Saúl Menem, y con él, una ola de neoliberalismo cuyas políticas dejarían consecuencias ruinosas en la Argentina.
Si bien en su segundo pedido de asistencia al FMI en 1987 el gobierno de Alfonsín se había comprometido a privatizar ciertas empresas públicas, dicho proceso recién empezaría a consolidarse durante la gestión de Menem. Para que esta entrega del patrimonio público se hiciera posible, fueron clave dos medidas que obtuvieron la aprobación y supervisión del FMI: le ley de convertibilidad, sancionada por el Congreso Argentino, y el Plan Brady, que fue un plan de reestructuración de deuda aplicado en varios países en vías de desarrollo.
Según explicó Mateo Gadano, la ley de convertibilidad fue una medida sancionada en 1991 que buscaba detener el proceso inflacionario que vivía el país al establecer la paridad de un dólar con un peso argentino, y para ello debía haber un dólar estadounidense en el Banco Central por cada peso en la economía.
De acuerdo al informe de Cafiero presentado ante el Congreso, la ley de convertibilidad fue el paso previo a la 'entrega' de las empresas públicas y sus utilidades. El propósito de mantener una tasa de cambio baja –un peso argentino, un dólar– tuvo como fin aumentar los márgenes de ganancia de los nuevos propietarios de dichas compañías: los servicios públicos privatizados se le cobrarían a la población argentina en pesos, y la ganancia había que traducirla en dólares.
Plan Brady
De acuerdo al propio FMI, el Plan Brady fue una respuesta del entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, a los problemas que ciertos bancos comerciales tenían para cobrar las deudas que ciertos países en vías de desarrollo habían contraído con ellos. Mediante esta operatoria, los países deudores que suscribieron al plan buscaban reducir sus abultadas deudas externas en parte mediante la compra de los llamado 'Bonos Brady', respaldados por el Tesoro de los EE.UU., y en parte mediante la privatización de sus empresas públicas.
Cómo deja ver un informe del ministerio de Economía Argentino, el FMI ocupó un rol central en el plan, ya que al igual que otras instituciones financieras internacionales y gobiernos, respaldó la operación actuando como garante de la operación.
Según subrayó Gadano, "para ingresar al Plan Brady Argentina debía reconocer toda la deuda contraída durante la dictadura. De esta manera se cancelaba la posibilidad de distinguir la deuda legítima de la ilegítima".
A fines de 1992 el gobierno de Menem, con Domingo Cavallo como ministro de Economía, suscribió al plan del secretario del tesoro estadounidense.
El informe de Cafiero sostiene que a través de dicho plan Argentina canceló deuda con los bancos comerciales extranjeros por 40.000 millones de dólares, 25.000 millones los pagó comprando Bonos Brady, cuyo pago estaba garantizado con bonos comprados por Argentina a Estado Unidos, y 15.000 millones mediante la privatización de empresas públicas.
Se privatizaron de esta manera los teléfonos, aerolíneas, distribuidoras eléctricas y de gas natural, fábricas militares y la empresa petrolera nacional Yacimientos Petrolíferos del Estado (YPF).
"La mayoría de las empresas públicas se vendieron a precio vil, se subvaluaron, se entregaron. Se vendieron a precio menor que su valor de plaza", afirmó Héctor Giuliano, licenciado en Administración y Finanzas y experto en Deuda Pública y Externa.
De acuerdo al especialista, durante el menemismo el FMI supervisaba todo: "Supervisaba el plan de convertibilidad para dar el 'ok' a la reforma monetaria dólar-peso uno a uno y también el plan que la Argentina había pactado con sus acreedores del Plan Brady".
Pese a que el Estado argentino pagó 40.000 millones de dólares de deuda a través de la implementación de dicho plan, durante la Presidencia de Menem la deuda total del país se duplicó: creció de 62.000 millones de dólares cuando llegó al poder a 122.000 millones al finalizar su mandato.
El principio del fin
El plan de convertibilidad comenzó a mostrar fisuras y lo inviable de su propia naturaleza se fue haciendo cada vez más evidente en la economía argentina hacia fines del milenio pasado, durante la gestión del nuevo presidente, Fernando De la Rúa.
El tipo de cambio bajo –un peso, un dólar– estimuló las importaciones y el ingreso masivo de mercaderías extranjeras, lo cual afectó profundamente la actividad productiva interna.
Por el lado de las exportaciones, el tipo de cambio bajo desalentó las exportaciones industrializadas. Fue así que el país no pudo generar los dólares suficientes para que las ganancias de los nuevos dueños de las empresas privatizadas pudieran girar sus ganancias al exterior.
"Esto se vio agravado por el efecto colateral que trajo la destrucción del aparato productivo, que hizo explotar el desempleo y pauperizó la sociedad", sentencia el informe de Cafiero presentado ante el Congreso.
La imposibilidad del gobierno de generar dólares trajo otro inconveniente: el poder enfrentar nuevos vencimientos de deuda. Para hacer frente a esta situación, la administración de De la Rúa instauró lo que se llamó 'blindaje', que constó de un préstamo de aproximadamente 40.000 millones de dólares que sirvió para pagar la deudas asumidas por el país.
Dicho préstamo fue otorgado a la Argentina por bancos, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Para que el préstamo fuera aprobado, el FMI requirió a una economía ya en crisis una reducción del gasto público, un achicamiento del Estado y una reforma previsional, entre otras medidas. Así como ingresaron al país, los 40.000 millones de dólares obtenidos para el blindaje se utilizaron en su totalidad para el pago de deuda preexistente.
De acuerdo a Giuliano, cuando los bancos locales notaron que el país estaba en problemas durante el año 2001, empezaron un retiro gradual de sus dólares para transferirlos al exterior. Hacia fines de ese año se instaló el 'corralito', una medida que impedía que los ahorristas retiraran sus depósitos de los bancos. Según sostiene el especialista, contando con información confidencial, los bancos no solamente se retiraron gradualmente si no que a tiempo, provocando el 'default'.
"El ir vaciando las reservas de los bancos hizo que el país, que se jactaba de tener cerca de 30.000 millones de dólares, cuando llegó a noviembre de 2001 contaba nada más que con un saldo de 7.000 u 8.000 millones de dólares. Se habían ido todas las reservas. Los bancos locales fueron autores de la crisis".
En diciembre de 2001, el presidente De la Rúa renunció a su mandato en un clima de recesión, malestar social y protestas que terminaron con el país en estado de sitio y 39 muertos. Pocos días después, el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá anunciaría que el país entraba en 'default' ante la imposibilidad de pagar vencimientos de deuda con el FMI y otros acreedores.
Argentina podría haber enjuiciado a los banqueros por retirar coordinadamente las reservas de los bancos provocando la crisis del 2001 a través de la llamada Ley de Subversión Económica. No obstante, como informaba La Nación en 2002, el Congreso argentino cedió ante el pedido del FMI y dejó sin efecto dicha ley.
El kirchnerismo y el pago de la deuda
En una operatoria conocida como megacanje, realizada en 2001, el gobierno de De la Rúa renegoció parte de la deuda argentina con acreedores extranjeros y estiró los plazos para el pago de la misma pero con intereses a futuro exorbitantes y con pago de comisiones a banqueros que rondaban los 150 millones de dólares.
Por las irregularidades de dicho proceso, hubo una causa judicial en la que se denunció al entonces ministro de Economía argentino Domingo Cavallo y al secretario del Tesoro de los EE.UU., David Mulford, entre otros procesados. Los bonos de deuda provenientes del megacanje, por lo tanto, se desprendían de una operación sospechada de fraudulenta y que estaba siendo evaluada por la justicia argentina.
En junio de 2005 el gobierno de Néstor Kirchner realizó un segundo canje de deuda que, según informaba La Nación citando al ministro de economía Roberto Lavagna, le permitiría reducir al país su nivel de endeudamiento de 191.254 millones de dólares a 125.283 millones.
Si bien dicha negociación le permitió a la Argentina salir del 'default' en el que se encontraba desde fines de 2001, Héctor Giuliano considera que el gobierno de Néstor Kirchner, a través de este nuevo canje de deuda, participó de una operatoria que él llama 'lavado de deuda'.
"El megacanje Kirchner-Lavagna fue en gran medida una continuación del anterior. Como los bonos del megacanje del 2001 estaban cuestionados ante la justicia y podían ser objetados quizás de nulidad o de irregulares, el gobierno de Néstor Kirchner se adelantó a reconocerlos como válidos y le canjeó a los acreedores esos bonos cuestionados por la justicia por nuevos bonos. Es lo que yo llamo 'lavado de deuda'".
El especialista sostiene que al igual que ocurre con el lavado de dinero, en el que partiendo de dinero ilícito se llega a un 'blanqueo' mediante las repetidas operaciones y compras de bienes que de a poco van legitimando los fondos, lo mismo ocurre con la deuda externa.
"La deuda, al ser continuamente refinanciada, es 'lavada' y de esa manera escabulle el aspecto legal ante la justicia", sentenció el especialista en deuda pública y privada.
Pocos meses después, en enero de 2006, el gobierno de Néstor Kirchner canceló la totalidad de la deuda del Estado argentino con el FMI en un único pago de 9.800 millones de dólares. Aunque dicho pago le ahorró al país 842 millones de dólares en intereses, Giuliano considera que el gobierno de Néstor Kirchner no utilizó los elementos que tenía a su alcance para responsabilizar al FMI por su accionar, como mínimo, negligente en el país.
"La argentina tenía a su favor lo que nadie tuvo: el informe de la auditoría interna, la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que establecía expresamente que el directorio del Fondo había violado parte de la normativa interna del organismo, al conceder irresponsablemente créditos al país y por ende haber supervisado o haber opinado favorablemente sobre la situación de un Estado que estaba en virtual 'default'", afirmó el licenciado en finanzas.
Giuliano resalta además la existencia de investigaciones sobre la deuda externa argentina y el rol del FMI, causas judiciales y la sentencia de la causa Olmos, que determinó la ilegitimidad del proceso de endeudamiento durante la dictadura. También considera que a lo largo de los años hubieron irresponsabilidades comprobables desde la Presidencia y desde el Banco Central.
"Hubieron cuatro o cinco causas legales, pero no eran auditorías hechas por el gobierno. Ningún gobierno hizo una auditoría de la deuda. Ni si el Congreso intervino para esto".
Mario Cafiero, en la misma dirección que Giuliano, afirma que no ha habido la convicción suficiente por parte de ningún gobierno democrático luego de la dictadura de 1976 para generar un proceso de cuestionamiento jurídico de ese proceso de endeudamiento en el que el FMI tuvo un rol fundamental.
"La democracia Argentina tiene una cuenta pendiente que es la de nunca haber investigado la deuda externa. No se hizo una auditoría, no se hizo un registro de los acreedores, no se hizo una contabilización de lo pagado, no se hizo un estudio de a dónde fue esa enorme masa de fondos que entró a la Argentina, si se usó para obras, para infraestructura, o si se usó para fugar capitales", finalizó Cafiero.
Ignacio Fernández Albano