Deeqa Dahir Nuur, una niña somalí de 10 años, murió en un hospital de Dhusmareb, ciudad ubicada en el estado central de Galmudug (Somalia), producto de una hemorragia, varios días después que fuese sometida a una mutilación genital.
La pequeña fue llevada el 14 de julio por su madre ante una mujer que le practicó la ablación del clítoris, pero al parecer en la operación cortó una vena importante, que le provocó una hemorragia una vez estando en casa, por lo que fue llevada a urgencias, donde murió, informó la activista Hawa Aden Mohamed del Centro Educativo Galkayo para la Paz y el Desarrollo, citada por The Guardian.
Esta es la primera muerte confirmada desde hace varios años, en un país donde generalmente se niegan las complicaciones del procedimiento por la mutilación genital.
De acuerdo a cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 98 % de las mujeres de entre 15 y 49 años han sido sometidas a la mutilación genital en Somalia.
Práctica constitucionalmente ilegal
La activista ha señalado que es poco probable que se haga justicia en este caso. "La mujer que realizó la operación no ha sido arrestada, pero incluso si lo fuera, no hay ninguna ley que asegure que sea castigada por el acto", ya que es una práctica que "está arraigada en los mitos tradicionales", dijo.
Aden Mohamed, mencionó que "es difícil estimar el número de niñas que mueren por la mutilación genital femenina por mes o por día porque han jurado guardar el secreto, especialmente en las zonas rurales".
Por su parte, Brendan Wynne, de la organización internacional Donor Direct Action, ha afirmado que "es realmente importante que este sea un caso confirmado, ya que los lobistas a favor de la mutilación genital femenina a veces defienden sin ningún sentido que no es dañino". Con este caso —dijo— se puede comprobar que esta práctica tiene "consecuencias médicas y psicológicas para toda la viday, como hemos visto, la muerte".
La mutilación genital femenina es ilegal constitucionalmente en Somalia; sin embargo, la presión de grupos conservadores y religiosos impide que los legisladores promulguen leyes para castigar a los que practican estas operaciones.