Asesinatos, despojos, trabajos precarios y peligros: Así es la explotación minera en México

La precarización del trabajo en la minería y las agresiones contra opositores a proyectos extractivos se han convertido en una constante en México durante las últimas décadas.

Una situación que contrasta con la manera en que las grandes empresas mineras del país evaden impuestos, con la complacencia del gobierno mexicano.

Esta es la segunda y última entrega del reportaje que realizó RT sobre el tema de la minería en México. 

Ceden sus tierras a cambio de trabajo

Junio de 2018. Un grupo de transportistas del municipio de Mazapil, Zacatecas, bloqueó el principal acceso a la mina Peñasquito, propiedad de Goldcorp, una de las cinco mayores compañías productoras de oro a nivel global.

Los trabajadores reclaman que la empresa de origen canadiense no cumplió con su palabra de darles empleo en la mina.

El 12 de junio, alrededor de 300 personas reclamaron la intervención del gobierno Zacatecas y el Congreso local para resolver el conflicto. Los transportistas reclamaban que la minera les quitó el trabajo para dárselo a EPSA, una empresa española.

Esto, a pesar de que en un convenio firmado en 2009 por directivos de Goldcorp y los ejidatarios, la empresa se comprometió a dar "trato preferente" a los trabajadores de la región para el traslado de materiales.

"Lo único que queremos es el trabajo que se nos prometió. Ellos se han encargado de hacer creer que estamos aquí ilegalmente, cuando estamos luchando por el sustento de nuestras familias", comentó Ascensión Carrillo, uno de los líderes de la Unión de Transportistas y Trabajadores del Municipio de Mazapil.

De acuerdo con el líder social, los comuneros decidieron ceder sus tierras por un precio mínimo durante un periodo de 30 años para la explotación de minerales, a cambio de que la empresa les diera trabajo. De este modo, Goldcorp firmó un acuerdo con los campesinos que arrendaron sus tierras, por un precio de 50 centavos el metro cuadrado, es decir, 5.000 pesos por hectárea (260 dólares). "Una cantidad ridícula. Pagaron lo que valía un chicle por metro cuadrado", recordaría Carrillo.

De este modo, los ejidatarios compraron camiones de carga para que la empresa los contratara para el acarreo de materiales. Así transcurrieron algunos años hasta que, con un cambio en la administración de minera Peñasquito, considerada una de las minas de oro más grandes de América Latina, se decidió dar por concluido el acuerdo y dejar sin trabajo a los comuneros, con el argumento de que los ejidatarios pretendían "monopolizar" el transporte de carga que se realiza en la mina, según declaró el director de asuntos corporativos de la mina, Michael Harvey.

"Zacatecas tiene un gran potencial de desarrollo minero y es reconocido a nivel internacional por su apoyo a comunidades y trabajadores, un ejemplo de esto es Peñasquito", dijo Harvey a comienzos de junio, durante la Reunión Internacional de Minería.

Tras varios días de bloqueo, Goldcorp amagó con detener la producción minera en Peñasquito. El gobierno de Zacatecas intervino como mediador del conflicto, sin que ambas partes pudieran llegar a un acuerdo.

El caso, es un claro ejemplo de los conflictos sociales que ocurren donde se asienta la megaminería a cielo abierto.

Pero los conflictos laborales entre dueños de minas y trabajadores, no son exclusivos del municipio de Mazapil.

Una huelga de 11 años tras accidentes fatales

A varios kilómetros de distancia, en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, las fuertes diferencias entre la empresa Grupo México y trabajadores del sindicato minero derivó en una huelga hace más de una década, tiempo que lleva prácticamente detenida la mina San Martín.

RT se trasladó al lugar y habló con varios de los trabajadores que se mantienen en paro, a pesar de que, aseguran, la empresa contrató grupos de choque para generar conflictos violentos con los obreros en huelga, con el objetivo de dividir y confrontar a los habitantes de la región y poder operar políticamente para retomar el control de la mina.

"El estallido de la huelga tuvo que ver con que ya se venía dando una situación muy ríspida con la empresa y ya no hubo otra manera de protestar, más que irnos a huelga. Antes de esto se venían dando muchos accidentes fatales en la unidad", relata José Núñez Velázquez, secretario general sección 201 del Sindicato Minero en San Martín.

"Nosotros nos sentimos afortunados de estar aquí, porque desde 1980, que uno entró a trabajar aquí en la mina, ocurrieron 32 accidentes fatales, sin contar con los que quedaron con alguna discapacidad", agrega Núñez. "Todo esto provocó que se rompiera la relación con la empresa".

De acuerdo con el testimonio de varios trabajadores mineros, el conflicto ocurrido en San Martín es tan sólo un reflejo de un enfrentamiento político a nivel nacional entre Germán Larrea, dueño de Grupo México (la mayor empresa minera del país) y Napoléon Gómez Urrutia, líder del sindicato minero más grande de México, quien durante años fue perseguido político y en septiembre próximo se convertirá en senador de la República. Esto, luego de formar parte de las listas de Morena al Senado, partido cuyo fundador, Andrés Manuel López Obrador, logró imponerse de manera contundente en las pasadas elecciones presidenciales.

Un enfrentamiento político entre el magnate minero y el líder sindical que se detonó a partir de febrero de 2006, tras el incidente de la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, donde 65 obreros perdieron la vida tras un derrumbe. Un caso que sacudió al país y evidenció las precarias condiciones de trabajo en que operaban las minas de los hombres más ricos de México.

"Pasta de Conchos no explotó por una caprichosa acumulación de gas, sino porque el sistema de ventilación era insuficiente y solo necesitaba una chispa de los equipos eléctricos utilizados en la mina. No hubo accidente, fue un siniestro del que tarde o temprano Grupo México, el Sindicato Minero y el Estado tendrán que asumir su responsabilidad", señala un informe realizado por familiares de las víctimas, doce años después de la tragedia.

A partir de entonces, trabajadores mineros en otros estados como Guerrero, Sonora y Zacatecas estallaron en huelga, luego de que Gómez Urrutia acusara a Grupo México de homicidio industrial debido a la negligencia con la que operaba la empresa, situación que en buena medida provocó la tragedia.

Sin embargo, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox protegió a Larrea, dueño de Grupo México, y emprendió una persecución política contra el sindicato minero y su líder, quien acusado de presuntos actos de corrupción que no han podido ser probados, decidió exiliarse en Canadá, desde donde continuó sus labores al frente del sindicato minero.

Desde entonces, los extrabajadores de la minera San Martín, Zacatecas, se dividen turnos para hacer guardias en las instalaciones del sindicato en el municipio de Sombrerete, al mismo tiempo que realizan otros trabajos, para llevar algo de dinero a casa mientras el sistema jurídico termina de resolver su situación legal.

"Ha sido pesado vivir esta huelga, pero no culpamos a nadie más que a la empresa, porque nos tenía trabajando en una situación muy difícil en cuestión de la seguridad. Nuestros sueldos son muy bajos y la seguridad del trabajador estaba muy mal", señala Juan Carlos Martínez, quien era mecánico de mantenimiento en la mina.

"Íbamos a cambiar guantes y nunca había equipo de protección personal. Las botas nunca tenían y las traíamos rotas. Incluso a veces para las mismas refacciones de las bombas nos mandaban a buscar al basurero", añade.

El obrero cuenta que desde que inició la huelga en 2007, se convirtió en repartidor de tortillas para mantener a su familia, conformada por su esposa y cuatro hijos. La otra parte de sus ingresos las recibe con apoyos que mandan otras secciones del sindicato minero para mantener la huelga.

"Yo ahorita soy repartidor de tortillas, para completar el gasto en mi casa. Lo que tenemos de huelga es el tiempo que tengo repartiendo tortillas, es mi forma de sobrevivir y mantener a mi familia", cuenta Martínez, quien ganaba casi 900 pesos (48 dólares) a la semana cuando trabajaba en la mina.

Más de la tercera parte de los trabajadores sindicalizados de San Martín, presionados por la situación económica, terminaron aceptando liquidaciones por "cantidades miserables", muy por debajo de lo estipulado en la ley. 

Los obreros que se mantienen en huelga acusan a Grupo México de operar políticamente junto con el gobierno para imponer un sindicato a modo y retomar el control de la mina San Martín. De ahí que el corporativo de Larrea celebró la posible reapertura de la mina tras más de 10 años de conflicto y fallos judiciales a favor y en contra de ambos bandos.

Sin embargo, el triunfo electoral de López Obrador con su aliado Gómez Urrutia al Senado y un Congreso controlado por Morena, partido del virtual presidente electo de México, podría dar un giro al caso de San Martín y otros conflictos sindicales que existen en el país, luego de que Larrea se pronunciara públicamente contra el "populismo" de AMLO durante las campañas electorales.

Esto, además de que López Obrador ha manifestado en el pasado su intención de solucionar el problema de las mineras sin afectar la economía del país.

"Las empresas no quieren sindicatos para que los presionen a cumplir con sus obligaciones", dice Núñez, quien ganaba 712 pesos (37 dólares) a la semana como "perforista", un cargo de rango medio cuya función es perforar la roca donde se ponen los explosivos.

RT contactó a Grupo México para conocer su versión de la historia pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

Salarios precarios y esclavitud para un trabajo peligroso

Mientras los tres hombres más ricos de México, –Slim, Larrea y Bailleres– han construido buena parte de su fortuna a través de los beneficios que les ha dejado la industria minera, la situación de los trabajadores es diametralmente distinta, al depender de empleos peligrosos y mal pagados.

En tanto que un trabajador minero en México gana en promedio 20 dólares por jornada diaria, en Estados Unidos y Canadá un trabajador minero del mismo rango gana en promedio 40 dólares por hora, según datos de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

En 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció que muchos trabajadores mexicanos del sector minero viven en condiciones de esclavitud.

Esto sin contar el alto riesgo que implica el trabajo.

Tan sólo de 2010 a 2015, se registraron en todo el país 322 accidentes fatales dentro de la industria minera, según datos de la Cámara Minera de México (Camimex).

Violencia y asesinatos contra opositores

De acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), existen más de 15.000 conflictos sociales ligados a la industria minera en todo el país.

México también es el país de América Latina con mayor número de conflictos por la minería registrados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, seguido por Chile y Perú.

Esto explica en buena medida la razón por la cual, en la última década, el asesinato de líderes sociales opositores a proyectos mineros se ha convertido en un tema recurrente en México.

De 2010 a 2017 se registraron 44 asesinatos de defensores del medio ambiente en México, de acuerdo con informes de Global Witness. En ellos, un buen número de asesinatos y agresiones son en realidad ataques contra opositores a proyectos mineros.

De las 88 agresiones registradas de julio de 2016 a finales de 2017 contra defensores del medio ambiente, "los proyectos o actividades más frecuentemente relacionados con los ataques son el despojo de tierras/territorio y la minería, ambos con 17 casos", según un informe reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

En 2016, el Justice and Corporate Accountability Project presentó un informe donde se documentan seis conflictos violentos vinculados con empresas mineras canadienses, dejando un saldo de ocho asesinatos, dos desaparecidos, 14 lesionados, 83 demandas y 35 detenciones.

Entre los activistas y opositores a proyectos mineros asesinados en la última década destacan los casos de:

• Mariano Abarca Robledo, Chiapas, 2009
• Alberta "Bety" Cariño; Oaxaca, 2010
• Bernardo Vásquez Sánchez, Oaxaca, 2012
• Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís, Chihuahua, 2012
• José Alberto Toledo Villalobos, Oaxaca, 2017
• Manuel Gaspar Rodriguez, Puebla, 2018
• El hijo de Quintín Salgado Ochoa; Guerrero, 2018

Asimismo, los cárteles del narcotráfico han aumentado su presencia en el negocio de la minería, situación que también ha propiciado una serie de asesinatos contra líderes sociales opositores a proyectos extractivos en diferentes zonas del país.

"En la actualidad casi todos los cárteles de drogas, tanto los considerados de presencia nacional como los clasificados como minicárteles o cárteles locales, ahora se encuentran inmersos en actividades de explotación minera que van desde vigilancia perimetral y seguridad a los transportes de carga hasta detección, control y ejecución de los factores de riesgo", sostiene el periodista Jesús Lemus en su libro 'A cielo abierto'.

"Ese modo de actuar resulta en intimidación, desplazamiento y ejecución a los opositores de los proyectos mineros, que casi siempre son los defensores de la tierra, los líderes comunales, periodistas, defensores de derechos humanos o dirigentes de agrupaciones comunales de defensa de los recursos naturales", añade Lemus, quien considera que la corrupción y la impunidad de las empresas mineras en México funciona de manera similar a la que operan las organizaciones criminales.

Pero además de generar conflictos sociales y ambientales, las mineras tampoco han demostrado generar beneficios en las comunidades donde se asientan.

Comunidades reciben 0,08% de riqueza minera, mientras las empresas no pagan impuestos

Apenas 8 centavos de cada 1.000 dólares que genera la minería en México se queda en las comunidades donde se asientan las empresas mineras.

"Por cada 1.000 dólares de la producción, quedan 999 dólares con 92 centavos a las empresas mineras y apenas le quedan 8 centavos a los estados y comunidades", explica el académico Federico Guzmán, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. "Estamos hablando de un ejercicio inequitativo de la distribución de la renta minera", añade.

Un punto de vista que comparte Beatriz Olivera, experta en industrias extractivas de Fundar.

"Normalmente los proyectos mineros que llegan a las comunidades dicen que habrá desarrollo, que van a generar riqueza, que habrá fuentes de empleo: se vende una idea de progreso", señala Olivera.

"Lo que nosotros encontramos es que la minería no es ese motor de desarrollo para el país y para las comunidades", agrega.

De acuerdo con estimaciones de Fundar, organización especializada en temas de presupuesto y políticas públicas, el sector minero contribuye apenas con 0,35% de los ingresos fiscales que obtiene el gobierno federal en México.

"Esto es menos del 1%, por lo que no podemos decir que es una actividad que va a contribuir sustancialmente a las finanzas públicas", añade Olivera.

El valor de la producción minera en 2017 fue de 417.000 millones pesos (21.813 millones de dólares), mientras que el sector minero apenas aportó 4.000 millones de pesos (209 millones de dólares) a las finanzas públicas. Y esto se debe, en buena medida, a que las empresas mineras no pagan impuestos, ya que el gobierno mexicano ni siquiera cuenta con un padrón confiable de las empresas mineras que existen en el país.

En su informe de la cuenta pública 2016, la ASF señaló que tan sólo el 0,8% de los contribuyentes había pagado el derecho especial para explotación minera, mientras que apenas el 32,4% de los concesionarios mineros realizó el pago del derecho extraordinario.

"El hecho de que las empresas incumplan sus obligaciones fiscales es motivo de cancelación de la concesión minera, tal como lo establece la Ley Minera, cuestión que no sucede y que muestra la impunidad fiscal que prevalece en el sector minero", sostuvo Fundar en un comunicado reciente, luego de que la organización que aglutina a las empresas mineras solicitó más privilegios fiscales al próximo gobierno.

Las grandes mineras no pagan impuestos

Datos de la Auditoría Superior de la Federación sostienen que empresas mineras de los tres hombres más ricos del país –Slim, Larrea y Bailleres– se encuentran en la lista de 59 compañías que han evadido impuestos.

De acuerdo con un reporte de Reuters, basado en datos oficiales, las empresas Frisco, Grupo México y Peñoles, propiedad de los tres principales magnates mexicanos, adeudaban un monto fiscal de 180 millones de dólares hasta el año 2015.

Además, existe evidencia documental de que la minería no genera beneficios para las localidades donde se asienta, ya que el 76% de los municipios de los cuales se extrae oro desde hace décadas -en algunos casos desde la época colonial-, presentan niveles de pobreza mayores al promedio nacional. En el caso de la extracción de plata, el 87% de los municipios de los cuales se explota este mineral, presenta niveles de pobreza mucho mayores al promedio nacional.

"En un análisis que hicimos a los principales centros productores de oro y plata, en municipios que han realizado estas actividades desde hace décadas, encontramos que los niveles de pobreza son muy grandes. Alrededor del 70% de los municipios productores de oro y plata tienen niveles de pobreza muchos mayores al promedio nacional", explica Olivera.

¿Dónde quedó el dinero?

Para tratar de compensar esta situación, el Congreso mexicano creó un Fondo Minero con el objetivo de impulsar el desarrollo en municipios donde se asienta la industria minera. Aunque tan sólo 9 municipios en estados como Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila concentran la mitad de los recursos de dicho fondo, hasta el momento sólo se conoce el destino del 48% del dinero utilizado para este fin.

"El 52% de los montos del Fondo Minero todavía no se sabe en qué se han gastado. Los municipios no han podido decir en qué han gastado los fondos de ese monto", explica Olivera.

Una situación que genera fuertes sospechas de desvío de recursos y corrupción en municipios que, en los hechos, son controlados por dinero de muchas empresas mineras asentadas en localidades pobres.

Un caso emblemático es Mazapil, Zacatecas, municipio donde en un mismo territorio operan dos de las mayores empresas mineras que operan en el país, como Frisco y Goldcorp, que ejercen una fuerte presión sobre el gobierno municipal y estatal mientras el 60% de la población de aquella localidad vive en condiciones de pobreza.

Crecimiento y desarrollo

"Una cosa es crecimiento económico y otra cosa es desarrollo", explica Alejandro Villamar, analista en el sector minero e integrante de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio.

"La minería sí genera crecimiento de la explotación, extracción, exportación, algunos empleos, pero eso no genera desarrollo, es decir, bienestar de las condiciones de los trabajadores, de las comunidades, ni los ecosistemas, sino al contrario: es la destrucción de los ecosistemas, de la mano de obra, de la salud de la gente", añade Villamar.

A pesar de las fricciones de las empresas con habitantes de comunidades como Salaverna y Peñasquito, recientemente Frisco y Goldcorp anunciaron la firma de un convenio para explotar de manera conjunta una mayor extensión territorial en el valle de Mazapil, Zacatecas.

El campesino que lucha contra una minera de Carlos Slim para impedir la desaparición de su pueblo

"Salaverna es un caso crítico donde las empresas han actuado en contubernio con los gobiernos locales para desplazar a comunidades y pueblos. Esta misma complicidad se ve a nivel de política pública. Hay una laxitud tremenda para las empresas en todo lo que tiene que ver con las regulaciones, en su impacto ambiental, el pago de derechos. Zacatecas es una muestra de lo que ya se está viviendo en otras partes del país", señala Olivera.

A pesar de que los daños ocasionados por la minería y los pocos beneficios que aporta para el país, la minería sigue siendo una actividad prioritaria en México, por encima de otras actividades como la agricultura y la ganadería, según el artículo 6 de la Ley Minera.

Una situación que evidencia las contradicciones en torno al fenómeno minero que existen en el país.

Aunque algunos afectados se muestran optimistas en que un cambio de gobierno pueda ayudar a revertir esta situación, otros en cambio, consideran que remediar los efectos de la devastación tomará varios años, luego de tres décadas de una explotación minera sin precedente en la historia de México.

Manuel Hernández Borbolla