El exvicepresidente argentino Amado Boudou fue condenado este martes a cinco años y diez meses de prisión bajo los cargos de "cohecho pasivo" y "negociaciones incompatibles con la función pública" tras haber sido considerado penalmente culpable de diseñar un entramado para quedarse con la compañía Ciccone Calcográfica, la única que tenía la capacidad de imprimir billetes en aquel país sudamericano.
Además de la pena de cárcel, el político ligado a Cristina Fernández de Kirchner queda inhabilitado de por vida para ejercer cargos en la función pública y deberá abonar una multa de 90.000 pesos (unos 4.800 dólares), según lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 4. A su vez, el Centro de Información Judicial (CIJ) informa que el ex ministro de Economía sería detenido de forma inmediata.
La causa
El denominado caso Ciccone se trata de una investigación judicial iniciada en 2012 a raíz de una serie de revelaciones periodísticas. Aquella indagación penal intentó determinar si el exvicepresidente se quedó con acciones de la empresa dedicada a la impresión de billetes, hoy llamada Compañía de Valores Sudamericana. Como ya se mencionó, Boudou fue acusado y recientemente condenado por "cohecho en concurso real y el delito de negociaciones incompatibles con la función pública". Es decir, se le apunta por haber recibido dinero o acciones de modo ilícito, según la Justicia local.
Vale repasar que Ciccone Calcográfica había quebrado, pero fue salvada gracias al apoyo económico de otra sociedad privada llamada The Old Fund. Así las cosas, las sospechas apuntaron siempre a que Boudou estaba detrás de aquella pequeña compañía, y que acordó rescatar a la empresa privada a cargo de la fabricación de billetes, pero obteniendo el 70% de sus acciones. Sucede que el apuntado no podía quedarse con Ciccone por ser un funcionario público, es decir, no era compatible con su cargo, por ello necesitaba de otro grupo paralelo que haga su rol de testaferro. Sin embargo, esta versión siempre fue negada por el político kirchnerista.
En ese sentido, es oportuno resaltar que el ex ministro de Economía ya había estado 70 días en prisión por otra causa sobre enriquecimiento ilícito, donde intervino el juez Ariel Lijo —el mismo magistrado que dirimió el caso actual en su primera etapa—, aunque luego fue liberado porque la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó la excarcelación. Según la interpretación de Lijo por el caso Ciccone, se produjo un entramado para que la única empresa con capacidad de imprimir billetes quedara en manos del entorno del exvicepresidente durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Desde aquel punto de vista, sobresale que la presunta misión era contratar con fondos del Estado la impresión de billetes y documentación oficial, informa Clarín. Además, subraya que la hipótesis principal del caso fue elaborada por el fiscal Marcelo Colombo, el funcionario a cargo de buscar acusados y elaborar las investigaciones pertinentes en causas penales. Asimismo, aquel diario comunica que durante el juicio se escucharon 80 testigos.
"Hay una cuestión de revancha de clase"
En sus palabras finales antes de recibir la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 4, Amado Boudou aprovechó para criticar las actuaciones en el litigio: "El juicio desde el comienzo tiene algunas cosas extrañas", manifestó. En esa línea, afirmó que "hay un relato construido" y mantuvo firme su posición de presunta inocencia: "Jamás negocié por mí, ni a través de terceros, el 70% del paquete de Ciccone".
En ese tono, negó las acusaciones: "Si fuera cierto el supuesto de cohecho, falta alguien que cohechó. No tiene ningún asidero ni vínculo con la prueba, porque no existió". A su vez, achacó contra la participación de la prensa en esta clase de temas: "El periodismo tiene un rol destacado, pero no es ser la Justicia en la República Argentina". Y continuó: "No hace falta leer el libro de ningún periodista, hace falta leer lo que está
en los expedientes. Todo está en los papeles".
Vale destacar que Alejandro Vandenbroele, acusado de ser el testaferro de Boudou, declaró en la causa bajo esa condición y su testimonio se tuvo en cuenta para la decisión de los magistrados. Este aspecto fue muy criticado por el político: "Vandenbroele dijo que escuchó cosas de otra persona, pero que no me conocía. Se toman como verdaderas cosas que dice que le contaron que yo dije. Es demasiado mediato para ser tomado como una prueba, sobre todo cuando viene por parte de un imputado", reflexionó. Según la versión de Boudou, todo el caso se trató de un simple acuerdo entre privados. "Hay una cuestión de revancha de clase", concluyó, haciendo alusión al actual Gobierno de Mauricio Macri.
La defensa pidió suspender el veredicto
Por otro lado, vale repasar que el abogado defensor Alejandro Rúa planteó cancelar el veredicto ya que el magistrado a cargo de esta etapa del proceso, el presidente del Tribunal Pablo Bertuzzi, había sido candidato del Gobierno de Macri para ocupar un cargo en la Cámara Federal, según publicó TN. En ese sentido, Rúa ya había presentado una apelación ante la Corte Suprema planteando la recusación del juez, es decir, la impugnación de su actuación en el caso por considerarla parcial. Desde esta postura, se reclama que Bertuzzi no debería haber participado de la resolución final ya que el máximo tribunal del país aún no resolvió ese asunto pendiente. Sin embargo, no se hizo lugar a este pedido de anulación.
Por último, se espera que los magistrados a cargo de la determinación exhiban los argumentos por los cuales decidieron privar de la libertad al político. Sin embargo, la directora de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, ya expresó públicamente que "este es un momento histórico". Resta por ver si la defensa de Boudou presenta alguna instancia de apelación para revertir la condena.