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Una provincia argentina pone en manos de la Iglesia la educación sexual en las escuelas

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Si bien la ley que establece este tipo de enseñanza de forma obligatoria es de 2006, la provincia de San Juan recién ahora la empezará a aplicar. Pero la formación de los docentes estará a cargo de la Universidad Católica.
Una provincia argentina pone en manos de la Iglesia la educación sexual en las escuelas

El gobernador de la provincia argentina de San Juan, Sergio Uñac, anunció que implementará la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral. La misma fue sancionada en 2006, sin embargo en muchos lugares del país aún no fue puesta en práctica.

En el caso sanjuanino, además de la demora se suma una particularidad: será la Universidad Católica de Cuyo (UCC) la encargada de formar a los profesores que luego dicten la asignatura en las escuelas.

De todas formas, esto no resulta llamativo en un distrito donde la Iglesia tiene mucho peso institucional. A tal punto que todos los diputados y senadores de la provincia votaron en contra durante el reciente debate sobre el aborto legal en el Congreso nacional.

Una formación contradictoria

Los docentes que podrán impartir la asignatura de Educación Sexual a partir de 2019 serán aquellos que tengan una diplomatura otorgada por la UCC. La decana de la Facultad de Derecho de esa institución, Miryan Andújar, será la coordinadora de ese postítulo.

Al respecto Dolores Córdoba, del Colectivo Ni Una Menos de San Juan, dijo al diario Tiempo Argentino que Andújar es "una de las máximas referentes antiaborto y anti matrimonio igualitario del país". "Es vocera de la Iglesia católica. Dudo que respete los lineamientos curriculares que establece la Ley", subrayó.

Cabe destacar que la normativa establece no solo que se enseñen cuestiones netamente biológicas en relación a la sexualidad, sino también otros aspectos. Entre estos figuran métodos anticonceptivos, nuevas formas de familia —ya sean monoparentales o entre parejas del mismo sexo— y los distintos géneros y orientaciones sexuales.

Córdoba denunció en este sentido que el gobierno provincial "no tiene diálogo con las organizaciones feministas ni con ninguna otra que busque ampliar derechos respecto a la diversidad sexual".

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