Países de Latinoamérica proponen abrir un "mecanismo de asistencia humanitaria" para Venezuela

Los 11 países reunidos en Quito este martes para debatir sobre la migración venezolana, sin la presencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro, han llamado a abrir un "mecanismo de asistencia humanitaria".

En la llamada Declaración de Quito, el grupo conformado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, acordó "seguir acogiendo" a los emigrados venezolanos, pero solicitó "la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria" que permita atender la "crítica situación". Bolivia no signó el documento.

En anteriores oportunidades, el gobierno de Venezuela ha rechazado este tipo de acciones por considerarlas violatorias de su soberanía y una estrategia para propiciar la intervención. De hecho, Caracas no estuvo presente en la reunión convocada en la capital ecuatoriana.

Los signatarios de la declaración argumentan que tienen una preocupación por el "grave deterioro" de la situación en Venezuela, que fue calificada en el mismo documento como una "crisis" y que consideran como causante de la migración "masiva" de sus nacionales. Asímismo, países como Colombia, Perú y Ecuador han dejado asentado su deseo de recibir mayor "apoyo" y "cooperación regional".

Los países firmantes también expresaron su intención de facilitar los trámites migratorios para quienes deseen movilizarse desde Venezuela, así como el respeto de sus derechos fundamentales. Al mismo tiempo, pidieron a Venezuela agilizar los documentos necesarios para permitir la movilidad humana en condiciones de regularidad.

La reunión ocurre en el contexto de un nuevo programa anunciado por el gobierno de Venezuela, que habilitó un puente aéreo para permitir el regreso de nacionales que han acudido a la embajada de Caracas en Perú, con la intención de solicitar la repatriación por las condiciones de precariedad económica, laboral y social en las que se encuentran.

Un punto medular de la declaración estuvo enfocado en la solicitud de dinero para atender a los emigrados, "de acuerdo a los requerimientos del volumen de personas" que han salido de Venezuela hacia otros destinos, para "incrementar sus acciones y programas hacia la regularización migratoria".

El documento final también prevé el establecimiento de un programa regional "con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas" para prestar "ayuda humanitaria" y permitir una "migración ordenada y segura".

Finalmente, los Estados ratificaron su compromiso con "la lucha coordinada contra la discriminación, la intolerancia y la xenofobia" y acordaron una próxima reunión en Quito para dar seguimiento a la Declaración.