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El conflicto en la reserva Chaparrí: Comuneros peruanos se enfrentan a traficantes de tierra

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Los ánimos han estado caldeados este año, luego que en diciembre pasado José Napoleón Tarrillo Astonitas, teniente gobernador del caserío El Mirador, en Chongoyape, fuera asesinado.
El conflicto en la reserva Chaparrí: Comuneros peruanos se enfrentan a traficantes de tierra

Comuneros de aldeas circundantes a la Reserva Ecológica Chaparrí, ubicada en el distrito Chongoyape, a 60 kilómetros al este de la provincia de Chiclayo [departamento peruano de Lambayeque], viven una batalla constante contra traficantes de tierra, que pretenden invadir áreas naturales protegidas.

Chaparrí fue reconocida por el Estado peruano, en 2001, como Área de Conservación Privada, luego que comuneros del área lo exigieran, cansados de la excesiva depredación de su flora y fauna.

Es el hábitat de especies en peligro de extinción como el oso de anteojos, el guanaco (similar a la alpaca), la pava aliblanca y el cóndor andino; además, funciona como centro de investigación científica dedicada a los ecosistemas del bosque seco y las especies forestales que ahí se encuentran, según el portal Perú Travel, que promociona los lugares turísticos del país.

Sin embargo, pese al reconocimiento del Estado, este espacio no ha estado excento de intentos de invasión por traficantes de tierra, acciones que han sido frenadas por los aldeanos cercanos y la Policía.

Asesinato y amenazas

Los ánimos han estado caldeados este año, luego que el 30 de diciembre de 2017 fuera asesinado José Napoleón Tarrillo Astonitas, teniente gobernador del caserío El Mirador, uno de los 25 caseríos que forman parte de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, que forma parte del territorio de Chaparrí.

Tarrillo fue torturado y estrangulado en su propia vivienda, por cuatro personas desconocidas, denunció su esposa, Flor Vallejos Rodas, citada por RPP Noticias.

El presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez, se comprometió a no dejar impune este delito; sin embargo, luego de reunirse con las comunidades del Chaparrí, recibió amenazas de muerte, según una nota de la Fiscalía.

Han pasado más de ocho meses del asesinato y hasta ahora no se conoce nada acerca de los responsables del delito, cuya víctima era amenazada por oponerse a la invasión de tierras y proteger el Chaparrí, dijo Javier Ruiz, según recoge el citado medio. 

"Durante todos los años que he vivido aquí, la situación nunca ha sido tan amenazante. El asesinato del vicegobernador en esta aldea nos hizo organizarnos para protegernos ", señaló por su parte Humberto Gonzales Núñez, jefe de Rondas Campesinas de El Mirador, a The Guardian.

Desde marzo pasado, por orden del Ministerio del Interior y del Ministerio del Ambiente, la policía trabaja de la mano de "los ronderos", grupos de campesinos de las aldeas de Chaparrí, que hacen rondas para garantizar la seguridad y protección de la reserva ecológica.

Última invasión

El último intento de invasión dentro del área del Chaparrí ocurrió a principios de septiembre, cuando al menos 30 personas llegaron hasta la zona de la Cascada Racarrumi, denunció Juan de Dios Carrasco Fernández, comunero defensor de la reserva y quien se desempeña como orientador turístico en la zona, reseñó El Comercio.

Carrasco señaló que los invasores llegaron con un cerco perimétrico prefabricado y el objetivo de sus accionar era la construcción de una hidroeléctrica.

El comunero denunció a la Policía la invasión y señaló que la cabeza de la acción era Miguel Ángel Becerra Fernández; los uniformados interrogaron al invasor, quien dijo que era dueño de un área de Chaparrí, por lo que se inició un proceso de constatación de esa información.

El Frente de Defensa Salvemos Chaparrí ha denunciado, según menciona La República, que desde 2014 hasta febrero de este año al menos 1.000 hectáreas, de las 34.000 que conforman la reserva, ya habrían sido afectadas; pero el Ministerio del Ambiente señala que son solo cincuenta.

El Frente también denunció que 25 comuneros han sido víctimas de una serie de amenazas.

Un muro truncado

El pasado 8 de septiembre, la Policía de Chongoyape detuvo la construcción de unos muros de concreto que comenzaron a levantarse seis días antes, por orden de Becerra, reseñó RPP Noticias.

El comunero Edivar Carrasco dijo que donde se levantaba el muro se dañaban especies forestales protegidas como el vichayo, zapote, cactus, robo de zorro y melocaptus.

Debido a la intensificación de la problemática en la zona, con acciones como la tala de árboles e incendios provocados, la Defensoría del Pueblo de Perú incluyó a Chaparrí dentro de su Mapa Interactivo de Conflictos Sociales, en el cual incluyen 196 conflictos: 144 activos y 52 latentes.

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