La Unión Europea ha prorrogado medio año las sanciones individuales contra ciudadanos rusos por el conflicto en Ucrania. Las medidas restrictivas anunciadas por el Consejo de Europa —que consisten en la congelación de activos y restricciones de viaje aplicadas a 155 personas y 44 entidades— tendrán vigencia hasta el 15 de marzo de 2019.
Las sanciones del bloque europeo son motivadas por la reincorporación de Crimea —que era parte de Ucrania— en Rusia en el 2014. Ese año, en Ucrania la oposición armada en connivencia con diversas fuerzas políticas perpetró un golpe de Estado, disolvió el Tribunal Constitucional y revocó la ley que otorgaba a Crimea y otras regiones usar la lengua rusa como cooficial. Como respuesta, las autoridades territoriales no obedecieron esos actos de Kiev por falta de legitimidad.
En marzo del 2014, en Crimea se llevó a cabo un referéndum en el que venció la opción de la reintegración, tras el cual la península volvió a formar parte de Rusia. Aunque esa votación popular se celebró de acuerdo con la ley internacional (y con presencia de observadores internacionales), la Unión Europea y otras naciones occidentales no aceptaron sus resultados, lo que dio base para la introducción de sanciones contra el Estado ruso.