Polémica propuesta de políticos españoles podría cerrar webs sin control judicial

El abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual, David Bravo, lanzó ayer un hilo de Twitter que avisa sobre una nueva propuesta avalada por el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos (C's). El anuncio de que los tres partidos, que suman una amplísima mayoría de los escaños del Congreso de los Diputados, han presentado una enmienda conjunta a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) para habilitar el cierre de webs sin control judicial ha pillado por sorpresa a la mayoría de internautas, ya que ningún medio de comunicación lo había recogido.

Así, el abogado ha anunciado que la propuesta conjunta de los tres grupos parlamentarios ha aparecido publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) este miércoles 19 de septiembre y que afectaría a las webs que alojen contenido que infrinja la LPI, como los derechos de autor.

Para contextualizar, Bravo ha querido hacer un repaso a la polémica sobre el cierre de páginas webs y su relación con la vulneración de la libertad de expresión. Para ello, se ha remontado a 2011, cuando 'nació la Ley Sinde', denominada así en honor a la ministra de Cultura en aquel entonces, que habilitaba a un órgano del Ministerio de Cultura a cerrar webs sin control judicial.

Las protestas fueron masivas en aquellos años, y el PSOE, en el Gobierno, se vio obligado a rectificar, aunque no del todo: si no se vulneraba la libertad de expresión, el juez debía obedecer la resolución del Ministerio.

De esta manera, según explica el abogado, la propuesta de enmienda actual se retrotrae a la legislación anterior, y vuelve a eliminar la figura del juez en los casos "graves", de manera que será el Ministerio de Cultura quien podrá decidir de manera unilateral, sin ningún tipo de control, el cierre de una página web. Para ilustrarlo, Bravo adjunta las imágenes del texto actual de la Ley de propiedad intelectual, y la propuesta de enmienda registrada por el BOCG.

Finalmente, el abogado acaba su aviso asumiendo que la vuelta a la situación de 2011 se debe a que entonces "era una píldora demasiado grande para nuestras tragaderas. Deben tener claro que ahora las tenemos mucho más anchas. No se equivocan", concluye.

La respuesta del Ministerio de Cultura

Pero lo que inició ayer David Bravo, ha continuado hoy en forma de réplica del Ministerio de Cultura. El organismo ha enviado un comunicado que el abogado ha hecho público a través de la red social. En él se dice que "no se propone la supresión de la Autorización judicial previa de Ley Sinde" y, por tanto, que "no se toca" en esta enmienda conjunta de los tres partidos.

Sin embargo, el texto sí reconoce que se "pueda suprimir la segunda autorización" en el caso de "reiteración de incumplimiento", y lo justifica a que este trámite "es innecesario y retrasa los tiempos de la justicia y empeora la tutela judicial efectiva".

Además, el Ministerio acusa de ofrecer "una visión demagógica" a aquellos que consideran "que esta reforma sirve para cerrar webs". En consecuencia, el comunicado finaliza afirmando rotundamente que "es imposible que se produzca el cierre de una web en el que se pueda ver afectado algún derecho fundamental".

La respuesta no convence

Sin embargo, para el experto en derecho de la propiedad, David Bravo, la respuesta no es en absoluto convincente. Así, afirma que "su propuesta es clara y dice que se prescindirá del juez en los casos en los que se incumpla por dos veces un requerimiento de retirada de contenidos declarados infractores por esa misma comisión".

Por lo tanto, Bravo sostiene que será esa comisión perteneciente al Ministerio de Cultura la que decidirá "unilateralmente" cuando existe un supuesto que "permite saltarse el control judicial".