Andrés Manuel López Obrador le dice sí a la comisión de la verdad por el caso Ayotzinapa

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con los padres de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en el estado de Guerrero hace cuatro años, a la creación de una comisión de la verdad hasta saber su paradero.

Desde la desaparición forzada de los estudiantes –ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero–, no ha habido un solo sentenciado. Y a pesar de que aún hay 120 detenidos por diferentes causas conexas, sólo 15 están vinculados con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, una institución educativa con tintes socialistas.

Ese día, en horas de la noche, durante tres ataques de policías de los municipios guerrerenses de Iguala y Cocula, en coordinación con integrantes del cártel 'Guerreros Unidos', fueron asesinados tres estudiantes, dos integrantes de un equipo de fútbol de segunda división y una señora que viajaba en un taxi. Otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas un alumno que hasta la fecha permanece en coma. 

El emblemático caso de estos desaparecidos ha motivado en estos 1.460 días centenares de marchas, protestas, manifestaciones masivas y simultáneas, bajo la consigna de '¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!', todo ello como parte de un registro de 35.647 personas desaparecidas en los últimos 11 años.

La reunión entre López Obrador y los familiares de las víctimas se realizó en el Museo de la Memoria y la Tolerancia. El presidente electo, que el próximo 1 de diciembre asumirá el poder y relevará al centro derechista Enrique Peña Nieto, se comprometió a crear una comisión investigadora y a emitir un decreto, en cuanto tome posesión del cargo, para garantizar que toda la administración pública coopere en la búsqueda de la verdad.

También anunció que solicitará la cooperación y asistencia técnica internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entes que coordinarán los trabajos de esa plataforma.

Con este acuerdo, Alejandro Encinas, quien será el próximo subsecretario de Derechos Humanos, deberá garantizar la investigación de los cuatro lineamientos que dejó pendientes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso casi a la par de la Procuraduría General de la República (PGR), y podrá regresar a esa etapa.

En una emotiva conferencia que siguió a la reunión privada, María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes, uno de los 43 desaparecidos, le dijo a López Obrador: "Cuatro años hemos luchado abriendo puertas, es un honor que se haya abierto sola, es una luz de esperanza para nosotros".

Mientras que Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez, otro desaparecido, consideró este como el primer día en que los padres sienten esperanza de encontrar a sus hijos, porque han sido cuatro años arduos de mucho dolor. "Sin justicia no hay paz para los padres".

¿Qué sucedió aquel día?

El 26 de septiembre de 2014, policías municipales y supuestos integrantes de un cártel de drogas desaparecieron a los 43 jóvenes, todos ellos de una escuela cuyos estudiantes provienen de comunidades con bajos índices de desarrollo humano, muchas veces indígenas. En el marco de su búsqueda fueron encontrados centenares de fosas clandestinas y destapados miles de casos de desaparición.

La CNDH reveló en abril de 2017, en su Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, el hallazgo de 855 fosas clandestinas,de las que se exhumaron 1.548 cadáveres. De estos, solo 796 fueron identificados en el período que va de enero de 2007 a septiembre de 2016.

Mientras, las fiscalías de justicia de los 32 estados mexicanos informaron a la CNDH que de 1995 a agosto de 2015 hay 57.861 registros de personas reportadas como desaparecidas.

Guerrero, uno de los estados más violentos y pobres del sur de México, aparece en ambas listas con el mayor número de casos, seguido por Nuevo León (norte), Veracruz (sureste), Zacatecas (centro norte) y Coahuila (norte).

Tras esos hallazgos, la búsqueda de los 43 estudiantes representó un ejemplo para decenas de colectivos que también buscan en fosas los cadáveres, restos óseos o pertenencias de sus seres queridos, incluyendo niños.

'Tonatiuh', uno de los sobrevivientes, narra a RT lo que ocurrió esa noche: "A los estudiantes de primer año nos tocó conseguir camiones para la mega marcha que se realizaría el 2 de octubre en la Ciudad de México, para conmemorar la masacre estudiantil de 1968. Es una actividad que hacemos".

Dice que de la escuela de Ayotzinapa  —de donde egresó años atrás el líder de una de las guerrillas mexicanas, Lucio Cabañas— salieron a las 17:30 horas. Los tres ataques comenzaron a las 19:30. Considera que los confundieron con miembros de algún grupo de tráfico de drogas. 

"Vimos cuando nos dispararon, porque los primeros balazos fueron al aire. Se bajaron seis compañeros del tercer autobús, en el que yo iba. En el momento nos dimos cuenta de que estábamos rodeados. Había policías apuntando hacia los autobuses", cuenta.

Vio como su compañero Aldo Gutiérrez Solís cayó por una bala que le atravesó el cráneo. Desde ese día está hospitalizado, en estado de coma. El 65 % de su cerebro quedó inservible.

El 13 de julio concluyó Tonatiuh sus estudios como maestro de educación primaria, pero asegura que continuará con la exigencia de justicia hasta que aparezcan sus 43 compañeros. De los 140 estudiantes que correspondían a la cohorte 2014-2018, sólo egresaron 74.

Los militares del 27 Batallón de Infantería, que presenciaron parte de los ataques, nunca ayudaron a los estudiantes ni mandaron la ambulancia para Edgar, otro de los heridos de bala. "Nos amenazaban con entregarnos a la policía por lo que llamaban robo de camiones". 

Al día siguiente, varios vieron el cuerpo de su compañero Julio César Modragón Fontes, un estudiante al que le desollaron la cara.

¿Qué se sabe a ciencia cierta de lo ocurrido?

El abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña –organización que ha respaldado legalmente la lucha de los familiares desde 2014–, es optimista con el anuncio de López Obrador.

Considera que, ahora sí, la comisión de la verdad –integrada por la Procuraduría General de la República (PGR), instancias internacionales, el equipo de abogados y los padres– podrá investigar las cuatro líneas propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que la CIDH envío para indagar el caso.

El grupo exigió un informe de las llamadas de todos los involucrados; indagar el trasiego de droga de Iguala (Guerrero) a Chicago (Estados Unidos) y al Ejército; y realizar las consignaciones pendientes contra policías de Huitzuco, municipio aledaño a Iguala.

Así, la supuesta verdad histórica, según la calificóen noviembre de 2014 el exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam, y que reiteró como cierta Peña Nierto, pierde validez, considera el abogado. Ya se puede desechar la versión de que los estudiantes fueron incinerados, cosa que los expertos del GIEI han tachado de imposible.

Además, con el anuncio de López Obrador se atenderá a la sentencia federal que pide se constituya la comisión de la verdad, emitida en junio de este año. Señala además que varios de los detenidos desde 2014 fueron torturados, versión que coincide con un informe en el que la ONU da a conocer que al menos a 34 detenidos se les tomó declaración en la PGR bajo tortura.

Aportes forenses del caso Ayotzinapa

Para Roxana Enríquez, directora del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), el caso Ayotzinapa representa un punto de partida para la búsqueda de personas en fosas clandestinas. Dice que México aún está en una etapa básica en cuanto a prácticas forenses, pero la emergencia rebasa al país por el número de casos, muchos de ellos relacionados con el crimen organizado.

"Es una puerta, pero al mismo tiempo un reto. El problema es muy grande, en términos de cantidad y de volumen. Difícil de abordar, me parece que en cualquier institución y cualquier estado. Nosotros pensamos que hay que estar vinculados, poder integrarse entre sociedad civil, equipos académicos, fiscalías", dice a RT.

Para el EMAF –organización de la sociedad civil, conformada por antropólogos desde 2013–, es impactante el mal manejo, por parte de peritos de las fiscalías de los estados, de los cuerpos hallados en fosas.

Este grupo participa actualmente en casos emblemáticos como el de Rosendo Radilla, desaparecido en Guerrero en los años 60, o en el hallazgo de fosas clandestinas en Veracruz (sureste), otro estado con cientos de desaparecidos.

"Ayotzinapa es un parteaguas en dos sentidos, en las prácticas específicas en materia forense. Estableció una importante demanda con respecto de lo que se tiene que hacer institucionalmente, las especialidades que se requieren; y un trabajo integral en diferentes disciplinas, que permitiría conocer más elementos para una investigación, [lograr] que estén mejor integradas".

Vania Pigeonutt