El Tribunal Investigador de Poderes de Reino Unido (IPT, por sus siglas en inglés) ha revelado que los miembros y colaboradores del Servicio de Seguridad de Reino Unido (MI5) pueden cometer actividades ilegales dentro del territorio británico que incluyen la tortura y el asesinato, informa el diario The Guardian.
Un documento oficial de tres páginas —con ciertas partes censuradas— que se presentó el pasado 4 de octubre certifica que esas personas tienen carta blanca para participar en delitos graves para resolver otros crímenes desde principios de los años 90.
Asimismo, el MI5 trató de otorgar aún mayor libertad para que sus integrantes transgredan la ley sin que esos actos tengan "ningún efecto legal" mediante un procedimiento de autorización propio.
Cameron lo sabía
El que fue primer ministro de Reino Unido entre 2010 y 2016, David Cameron, advirtió al juez que investigaba este caso, Mark Waller, que su supervisión "no daría respaldo a la legalidad de la política" en una carta que escribió el 27 de noviembre de 2012, en la que se le aseguró que "no se le pedirá que proporcione una opinión sobre si cualquiera de los casos debe ser remitido a la Fiscalía".
En ese escrito, el antiguo mandatario explica que esta concesión para los agentes y colaboradores del MI5 se debe a que protegen la seguridad nacional y añadió que llegó a la conclusión de que no debía publicar esta misiva porque sería perjudicial para el Reino Unido y contrario al interés público.
¿Inmunidad legal?
Ben Jaffey, representante de colectivos a favor de los derechos humanos, considera que estos métodos son ilegales porque violan los derechos humanos fundamentales y la normativa oficial británica indica que no existe inmunidad judicial para estas situaciones. No obstante, este abogado asegura que tanto las autoridades como la Procuraduría de su país desconocen los detalles de esos delitos debido al secreto policial.
Maya Foa, directora de Reprieve —una de las organizaciones que han llevado el caso ante la Justicia—, critica que los agentes del MI5 puedan "infringir la ley sin límites" e insta al Gobierno a que confirme si existe esta política para que se pueda someter al escrutinio parlamentario y de la población británica.
Es la primera vez que prueba la existencia de los crímenes realizados en Reino Unido y autorizados por el Servicio de Seguridad de ese país. Anteriormente, se reveló que a los agentes de inteligencia británicos en el extranjero —que pertenecen al MI6— se les permitía cometer delitos fuera de las fronteras británicas gracias al amparo de una amnistía legal, que se apoya en el artículo 7 de la Ley de Servicios de Inteligencia de 1994.