La regulación del cannabis en España: 3.300 millones de euros para el Estado y 100.000 trabajos

España es uno de los países europeos con un mayor consumo de cannabis entre su población. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDD), el 17,1% de los jóvenes entre 15 y 34 años afirman haberla consumido en el último año. Una cifra que se eleva casi al 20% si hablamos de aquellos que tienen entre 15 y 24 años.

Aunque quizá donde más se note la diferencia con los países del entorno es en la franja de edad de los estudiantes de 15 a 16 años: en España reconocen haber consumido cannabis en el último mes un 27%, mientras que los miembros del Proyecto Escolar Europeo sobre Alcohol y Drogas (ESPAD), que incluye a 35 países, tienen una media del 16%.

Lo cierto es que la población es proclive a la legalización de su venta y consumo. Según los datos de Electomanía, web especializada en sondeos de opinión y datos estadísticos, dos de cada tres españoles serían favorables, mientras que tan solo un tercio se opone. Destacan que el apoyo es general en todas las franjas de edades y en todas las regiones del país.

En el único desglose en el que se aprecian diferencias notables es en la ideología, pues mientras las formaciones más progresistas son más partidarias de la regulación, aquellas más conservadoras se oponen en mayor medida, con la excepción de Ciudadanos (Cs), que muestra un apoyo de un 77%, superior incluso al del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez, que es el más tibio entre las fuerzas de la izquierda, con un apoyo del 69%.

Teniendo en cuenta este sesgo, los más proclives son los votantes de Unidos Podemos (92%), mientras que en su lado opuesto tan solo el 43% de quienes se declaran votantes del Partido Popular (PP) se declaran partidarios.

La percepción de la población: menos peligroso que el tabaco

Entre los profesionales que atienden adicciones hace tiempo que se denuncia la poca percepción de riesgo que tiene la población con respecto al consumo de cannabis. Elena Presencio, directora gerente de la Asociación Proyecto Hombre, contaba que la "banalización llega a puntos denunciables".

Los adolescentes "piensan que es más perjudicial el tabaco", según Presencio, y no saben que el cannabis afecta al aprendizaje, a la memoria y que entre el 30 y el 40% de los brotes psiquiátricos que acaban con ingreso hospitalario están relacionados con esta sustancia.

El Doctor Joan Villalbí, especialista en salud pública y medicina preventiva, ponía sobre la mesa la paradoja a la que se enfrentan estos profesionales: "si fuera legal habría muchísimo más control, se podrían reducir los daños", pero quizá se podrían producir otros, como el "aumento del consumo, su publicitación, el aumento de los consumidores crónicos o la aparición de una mayor cantidad de episodios agudos psiquiátricos".

La situación actual: legal el consumo, pero no en la vía pública

En España, actualmente el consumo, cultivo, tenencia y compra están prohibidos, no así el cultivo y consumo en el ámbito de la privacidad y cuando carezca de ánimo de lucro.

La conocida como 'Ley Mordaza', la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015, vino a completar la legislación anterior sobre las sustancias ilícitas. Así, la pena por plantar marihuana con fines lucrativos es de 1 a 6 años de cárcel, y su consumo y tenencia en la vía pública acarrea multas desde los 601 euros hasta 10.400. Con respecto al cultivo en el ámbito privado para el autoconsumo, se enfrentan a la misma sanción económica si las plantas se ven desde la calle.

¿Qué sucede ahora con el uso medicinal?

Hoy por hoy en España está autorizado el medicamento Sativex, que contiene extractos de cannabis y está indicado para tratar síntomas de la esclerosis múltiple. Para acceder a este fármaco es necesario la autorización de la Unidad del Dolor o de un médico especialista.

Pero sucede que la legislación actual deja a estos pacientes en un limbo, puesto que se arriesgan a ser multados por la calle por tenencia ilícita de sustancias cuando transportan la medicina desde el hospital hasta su domicilio. Lo que en realidad convierte el autocultivo en su domicilio en una práctica más segura para ellos.

En la agenda española tras la legalización en Canadá

La legalización del cannabis, su industria, el narcotráfico, los fines terapéuticos o el desarrollo rural son algunos de los temas que en breve tendrán sobre la mesa los legisladores españoles para debatir y pronunciarse.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos (UP) quiere sacar adelante su propuesta de regularizar el cannabis en el país. Para esta formación, liderada por Pablo Iglesias, el debate que se abre supone discutir sobre la creación de empleo que se produciría en esta industria o sobre los ingresos que el Estado podría obtener para dedicar a asuntos sociales. En palabras del político, tras las experiencias de Uruguay y de Canadá, la pregunta no es si regularizarlo o no, "la pregunta es: ¿quién es el siguiente?".

De hecho, Canadá se convirtió la semana pasada en el primer país del G20 en legalizar esta sustancia con fines recreativos. En este contexto, la Universidad Autónoma de Barcelona ha calculado en un estudio qué implicaría a nivel económico su legalización en España: el erario español ingresaría más de 3.300 millones de euros anuales por impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y se regularían más de 100.000 puestos de trabajo.

Así, Iglesias aboga por ser los primeros, "por ser una referencia en Europa de algo que va a ocurrir" en todos los países del entorno y que significaría "aprovechar una oportunidad que puede traducirse en grandes beneficios para nuestro país".

Desde la formación morada, defienden que se genere un sector público que haga que la ciudadanía se beneficie de los ingresos de esa industria, en lugar de las grandes multinacionales. Asimismo, afirman que es la oportunidad de acabar con la "lacra" del narcotráfico.

El líder de UP se manifestaba así de contundente en el Foro 'Hacia la regulación integral del cannabis', que el pasado jueves tuvo lugar en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, a favor de una regularización integral, no solo del uso medicinal de esta droga.

Debate en el Congreso: uso terapéutico versus regulación integral

En la Cámara legislativa española hay sobre la mesa dos propuestas para la regulación del cannabis. Una del partido Ciudadanos (Cs), que pretende tan solo abordar el uso terapéutico del cannabis, y la de Unidos Podemos, con ese enfoque integral. Esta última fue vetada alegando que ya existía la anterior, pero aún no hay fecha para su tramitación. Aunque la base para debatir sea la propuesta de Cs, una vez comenzada la tramitación se encuentra abierta a enmiendas, por lo que el resultado final podría parecerse a la propuesta de UP.

Lo cierto es que las manifestaciones de los diferentes grupos parlamentarios evidencian que ninguno se muestra abiertamente en contra de su uso medicinal, por lo que sería posible un avance de algún tipo al menos en ese sentido.

La aparición de los clubs de fumadores

La extensión del consumo y algunos vacíos legales han dado lugar a que en los últimos años hayan proliferado en las ciudades españolas las asociaciones y los clubes de cannabis. En estos espacios, los consumidores se agrupan para adquirir el hachís o marihuana y para consumirlo en el ámbito privado. Para comprar en uno de estos clubes es necesario ser socio.

Tras el aumento de su número, estas asociaciones han sido recientemente reguladas por una ley que explicita que entre sus objetivos específicos se encuentra "el autoabastecimiento y la distribución de cannabis entre los asociados para el consumo privado". Para ser socio solo establece como condiciones ser mayor de 18 años, consumidor de cannabis, tener el aval de un socio y conocer los estatutos y los derechos y obligaciones como miembro de la asociación.

De este modo, la normativa establece que estas asociaciones son las únicas facultadas para el cultivo del cannabis.

¿Nuevos productores?

Pero en el ámbito del cannabis terapéutico son más los productores que pueden cultivar. De hecho, en enero de este año el ministerio de Sanidad ya había concedido permisos a cinco compañías para su cultivo con fines medicinales y de investigación, como recogía eldiario.es. Los permisos concedidos contemplan el empleo de 20.000 hectáreas para explotar esta planta.

Una de las compañías agraciadas fue Alcaliber, líder del mercado del opio en España, del histórico empresario farmacéutico español Juan Abelló. Poco después, en abril, la firma fue adquirida por el fondo británico GHO Capital por más de 200 millones de euros, como informó Cinco Días.

La introducción de estos grandes productores en el mercado español es, precisamente, a la que hacía referencia Pablo Iglesias en su alegato a favor de que sea la ciudadanía la que se beneficie de esta nueva industria, en lugar de las grandes multinacionales.

Nuria López