Este miércoles 31 de octubre tendrá lugar en Quito una manifestación para solicitar al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el retiro de la nacionalidad al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
El anuncio fue hecho a través de Twitter por Paola Vintimilla, asambleísta nacional por la Alianza PSC-MDG (de corte conservador), quien indicó que el acto se realizará en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet (sede del Gobierno).
"Que entienda el presidente de la República que nuestra nacionalidad se la gana y no se la regala", dice la política en un video que acompaña el tuit de convocatoria.
¿Qué dice la ley ecuatoriana?
La Constitución de la República del Ecuador garantiza que la nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización, como es el caso de Julian Assange, solo se perderá en caso de renuncia expresa. Sin embargo, la Ley Orgánica de Movilidad Humana contempla la posibilidad de que la naturalización de una persona se anule "cuando esta haya sido otorgada sobre la base de ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión".
Ecuador concedió la nacionalidad por naturalización a Assange a finales de 2017, en lo que fue calificado en su momento como un intento para dar solución a lo que el Gobierno de Moreno llama "un problema heredado" de la anterior Administración.
Durante el Gobierno de Rafael Correa, en agosto del 2012, Quito concedió asilo al australiano luego de que este se refugiara en la embajada del país en Londres en junio de ese año por temor a ser extraditado a Suecia, que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.
El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EE.UU., donde podría enfrentar la pena de muerte por haber publicado miles de documentos secretos filtrados.
En los últimos meses, las diferencias entre el fundador de Wikileaks y el actual Gobierno ecuatoriano se han profundizado. Quito cortó las comunicaciones del informático por opinar sobre asuntos políticos de terceros países, mientras que Assange, por su parte, demandó al Gobierno ecuatoriano afirmando que sus condiciones de vida en la misión diplomática "vulneran sus derechos fundamentales".