Ante la aproximación de la caravana migrante hacia EE.UU., los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior estadounidenses han emitido una nueva norma interina que prohíbe la concesión de asilo a quienes no lo hayan solicitado en los puestos fronterizos, sino tras haber cruzado ilegalmente la frontera sur del país.
"Nuestro sistema de asilo está sobrecargado con demasiadas solicitudes de asilo sin mérito de extranjeros que imponen una carga tremenda en nuestros recursos, lo que nos impide poder otorgar rápidamente el asilo a quienes realmente lo merecen", reza el documento.
La medida se basa en la potestad legal del presidente de EE.UU. de suspender la entrada al país de una clase específica de inmigrantes si se determina que sería perjudicial para los intereses nacionales. Esto podría modificar lo que actualmente establece la ley estadounidense, que, con ciertas excepciones, garantiza que un inmigrante físicamente presente en ese territorio norteamericano pueda solicitar asilo "esté o no en un puerto designado de llegada".
Estas restricciones no entrarán en vigor hasta que el mandatario Donald Trump emita la proclamación correspondiente, que podría darse este mismo viernes. Una vez en vigor, sin embargo, la medida podría ser bloqueada primero por tribunales menores y en última instancia por la Corte Suprema.
En el caso de que la norma no sea derribada por los tribunales, los inmigrantes ilegales aún podrían evitar ser deportados si se les conceden protecciones especiales en el marco de convenciones internacionales. Esto, no obstante, es más difícil de conseguir que el asilo, y no conduciría hacia la obtención del estatus legal permanente.
Este es uno más de los obstáculos impuestos por la Administración Trump al proceso de solicitud de asilo, cuyas tasas de aprobación llegaron en 2018 a un mínimo de dos décadas. En junio, el ahora exfiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, ordenó a los jueces de inmigración dejar de conceder asilo a la mayoría de las víctimas de abuso doméstico y violencia de pandillas.