Un documento de 88 páginas elaborado por un jefe de los servicios médicos de la CIA, cuyo nombre permanece clasificado, revela que los médicos que colaboraban con la Agencia Central de Inteligencia no solo violaron el juramento hipocrático de "no hacer daño", sino que participaron de manera activa en las torturas de los prisioneros y sospechados de terrorismo.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) consiguió hacer público el extenso informe secreto de la CIA sobre el papel de los médicos en su programa de torturas entre 2002 y 2007 tras una victoria en una corte federal.
Según se desprende del documento, poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 la CIA buscaba las posibilidades de utilizar un "suero de la verdad" para obtener información sobre los potenciales ataques de los sospechosos de terrorismo.
En el marco del programa de la búsqueda del fármaco adecuado ―el denominado 'Proyecto Medicación'― los expertos de la CIA estudiaron el uso de Versed (midazolam), una benzodiacepina relativamente nueva, pero finalmente la agencia descartó su uso para la interrogación, porque este paso habría requerido la aprobación del Departamento de Justicia: los experimentos médicos en los presos, así como el uso de medicamentos que alteran la mente, estaban prohibidos.
Antes de decantarse por el fármaco con efectos sedantes que puede causar amnesia como efecto secundario, los médicos examinaron los documentos sobre antiguos experimentos soviéticos y el desacreditado programa de la CIA MK-Ultra. El último se desarrolló en los años 50 y 60 e incluía experimentos con LSD y otras sustancias psicoactivas en personas en busca de un "suero de la verdad", cuya existencia se pone en duda entre los expertos.
Ahogamiento simulado, "un alivio"
El equipo legal de la CIA ya había convencido al Departamento de Justicia de legalizar el ahogamiento simulado ("pese a que el ahogamiento simulado constituye un riesgo de una muerte inminente", no causaba "daño mental prolongado" que duraría meses o años, con lo cual el procedimiento "no constituiría una tortura" bajo los Convenios de Ginebra).
Según el informe, los médicos que trabajaban para la CIA fueron "indispensables" para legitimar los experimentos con torturas de los detenidos. Lo chocante del documento son los intentos del propio personal médico de minimizar las obvias consecuencias negativas de estas prácticas: "el ahogamiento simulado por lo general es limitado a 20 segundos, y no más de 40" y encima "ofrecía un alivio periódico" a los prisioneros porque servía de pausa de los días de la privación de sueño.
Cuando un preso era metido en una caja del tamaño de un ataúd, esta le servía de un "santuario relativamente benévolo" para descansar de otros métodos de tortura. En otro caso descrito por los médicos de la CIA, en el que un prisionero gritaba, rogaba, vomitaba y finalmente tuvo que ser resucitado después de ese tipo de tortura, se destaca que el hombre resultó ser "sorprendentemente resistente al ahogamiento simulado".
Torturas "libres de duraderos efectos físicos o psicológicos"
Finalmente, los médicos llegaron a la conclusión de que los polémicos métodos de interrogación de la CIA fueron "reconfortantemente libres de duraderos efectos físicos o psicológicos", algo con lo que a lo mejor no estará de acuerdo el palestino Abu Zubaydah, sospechado de estar vinculado con los ataques del 11-S, quien denunció haber sido torturado por la CIA entre 2005 y 2006.
Cabe señalar que en lo que concierne a la violenta interrogación de Zubaydah, el informe menciona que quienes observaron cómo lo sometían al ahogamiento simulado se sintieron "muy incómodos visualmente y psicológicamente", y resultaron "profundamente afectados" por una sesión "especialmente agresiva".
La ACLU logró una decisión judicial a favor de la publicación del documento en septiembre de 2017, pero el equipo legal de la CIA logró bloquear su difusión por más de un año. Los abogados gubernamentales aún siguen luchando para mantener en secreto partes del informe, argumentando que el juez federal que dio la luz verde para su publicación dejó revelar demasiada información sensible.