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Un fondo buitre amenaza con disminuir su inversión en España y Twitter lo celebra

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Blackstone alega que la legislación del mercado del alquiler propuesta por el Gobierno podría desencadenar la retirada de algunas de las inversiones previstas.
Un fondo buitre amenaza con disminuir su inversión en España y Twitter lo celebra

Un fondo buitre (compran activos por debajo de su valor en época de crisis) amenaza con disminuir sus inversiones en España si el Gobierno aprueba la reforma del mercado del alquiler que está prevista. La advertencia ha llegado a través de las palabras de Claudio Boada, presidente del consejo de administración del fondo de inversión Blackstone en España, durante un diálogo que la ministra de Economía española, Nadia Calviño, ha mantenido con empresarios en un desayuno convocado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en Madrid.

Boada ha recordado que su fondo ha invertido en España 25.000 millones de euros "apostando por el país desde lo peores momentos de la crisis" y todavía no se han ido, aunque ha aclarado que su intención es "seguir en España". Sin embargo, ha apostillado que alguna de sus inversiones previstas dependerían de que el Gobierno apruebe la reforma del alquiler que ha anunciado, recoge La Vanguardia.

Esta advertencia ha llegado tan solo unos días antes de las negociaciones que están previstas entre los grandes fondos de inversión inmobiliaria y la ministra de Economía.

Una buena noticia

Jaime Palomera, portavoz del sindicato de inquilinos de Barcelona, ha celebrado la noticia a través de su perfil de Twitter con un hilo que ya tiene más de 2.000 retuits y casi 3.000 me gusta. "Blackstone, el mayor fondo buitre del mundo, dice que se va de España si el Gobierno hace contratos de alquiler más estables y asequibles. Pues ya está tardando el gobierno en hacer lo que le toca", ha comentado.

Además, Palomera se queja de que los fondos de inversión han alimentado la burbuja del alquiler en el país después de beneficiarse de la reforma legal que hizo el Partido Popular (PP) cuando estaba en el poder entre 2012 y 2013. En su opinión, gracias a esta legislación "especulan con los alquileres, expulsan a familias y no pagan impuestos".

Los usuarios que han comentado la noticia se han mostrado prácticamente de acuerdo con la interpretación de Palomeras, y una gran mayoría coincide en celebrar la posibilidad de que Blackstone abandone el país:

Otros muchos han querido destacar lo que les parece una contradicción: que una empresa que se lucra alquilando viviendas amenace con abandonar un mercado si se aprueba una legislación, alegando que esa legislación subirá los precios.

Y es que uno de los argumentos que se han expresado en el foro que han compartido los empresarios del sector con Nadia Calviño es que la nueva normativa "va a tener el efecto contrario al deseado y subirá considerablemente los precios". Además, si se sabe que no se va "a poder subir el precio en cinco o siete años, el nivel de entrada va a ser mucho mayor", han asegurado según el citado medio.

Algún usuario también ha aprovechado para recordar los vínculos de José María Aznar Botella con la empresa Blackstone, que en 2013 compró 1.890 viviendas de la empresa municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por 128 millones de euros (una media de menos de 70.000 euros por vivienda). Una venta que presentó irregularidades, según un informe de la Cámara de Cuentas, y que fue llevada a los juzgados y aún está sin resolver.

Aznar Botella es hijo del expresidente del Gobierno José María Aznar y de Ana Botella, que en el momento de la venta de las promociones de vivienda de la capital era alcaldesa de Madrid.

Principales puntos de la reforma

Los principales puntos de la reforma pretenden dar una mayor estabilidad al inquilino y diferenciar a propietarios particulares y profesionales. El sector de los fondos, precisamente, exige que las condiciones sean las mismas para ambos.

En este sentido, entre las medidas se encuentra alargar la vida del contrato. Tras la reforma del PP, en la actualidad los contratos de alquiler tienen una duración de 3 años. La reforma propone que si el propietario es un particular la duración sea de 5 años y si es un profesional sea de 7 años.

También establece una limitación a la subida de los precios, de forma que la subida anual no pueda superar la del Índice de Precios al Consumo (IPC).

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