Bajo la consigna 'Por el agua, por la vida y contra la corrupción', la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) tuvo una semana cargada de manifestaciones coordinadas en varias ciudades de Ecuador.
El pasado miércoles 14 de noviembre, cientos de indígenas, agrupados en la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), que forma parte de la Conaie, llegaron a Quito, tras 11 días de caminata, en un periplo que partió de la parroquia rural de Tundayme, en el cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe, en el suroriente del país.
Los marchantes se dirigieron a la Asamblea Nacional, ubicada en el centro de la ciudad, y entregaron a la presidenta del órgano legislativo, Elizabeth Cabezas, el Proyecto de Ley Orgánica de Prohibición de Minería Metálica en Ecuador.
Yaku Pérez, presidente de la ECUARUNARI, dijo que este proyecto "surge desde abajo, desde los afectados, desde los criminalizados, despojados de sus territorios, desde quienes sufrieron los embates de la industria metalífera".
Además, señaló que el objetivo de entregarlo a la Asamblea Nacional es para que este órgano, "como un acto de justicia con los pueblos y con la Pachamama (tierra)", corrija y prevenga "mayores agresiones sociales y ambientales colosales a la biodiversidad, fuentes de agua y todo elemento biótico que vive en la naturaleza". En concreto, piden la prohibición de la minería metálica en todo el territorio, evitar que se otorguen más licencias y concesiones, y exigen la consulta previa, libre e informada en los territorios.
Además de entregar el proyecto de ley, la ECAURUNARI reclamó:
- Luchar contra la Corrupción.
- Reactivación del sector Agropecuario: No a las semillas y alimentos transgénicos, revalorización de las economías campesinas-indígenas y eliminación de políticas de agrocalidad.
- Restitución de la Educación Intercultural Bilingüe desde inicial hasta superior, con presupuesto del Estado y autonomía real.
El mismo miércoles, otro grupo de de los marchantes se dirigió a la sede de la Contraloría General del Estado del Ecuador, donde pidieron informes de auditorías sobre los proyectos mineros en el país.
Otro de los reclamos es la falta de cumplimiento a la consulta popular realizada en febrero de este año, en particular a la pregunta cinco, que recibió 68,79 % de votos a favor, que decía: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?
Mujeres de la amazonía
Luego de dos días de manifestaciones en las inmediaciones del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, los colectivos de Mujeres Amazónicas y Yasunidos fueron recibidos, la noche del miércoles, por el titular de esa cartera, Carlos Pérez.
Estos colectivos piden detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y rechazan la autorización de Pérez para explotar los bloques petroleros 86 y 87, según denunció Ivone Ramos, vocera de Samaranda Huarmicuna, en Ecuadorinmediato. Esa zona es el territorio de las nacionalidades Sápara, Shiwiar, Kichwa y pueblos aislados, como Tagaeri y Taromenane, y —dice Yasunidos— la medida gubernamental violenta "claramente los mandatos constitucionales de derechos humanos y colectivos".
El tema de la explotación en el Yasuní, también estuvo incluido en la consulta de febrero. La interrogante era: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Los resultados fueron claros: 67,3 % de los votantes dijeron 'Sí'.
En una rueda de prensa posterior al encuentro con el ministro, Salomé Aranda, una de las dirigentes de las Mujeres Amazónicas, dijo que conversaron durante tres horas con el Pérez, pero no obtuvieron respuestas satisfactorias a sus demandas.
"Nuestro sacrificio, nuestro sufrimiento, caminar y llegar acá no fue tan fácil", afirmó Aranda y, por ello, se mostraron "decepcionadas" del resultado de la reunión con el ministro Pérez.
Además, señaló que esperarán posteriores respuestas del funcionario y, si se mantiene la negativa a su demanda, volverán a protestar frente al palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de Ecuador, como lo hicieron en marzo, para exigir ser recibidas por el mandatario, Lenín Moreno, quien no ha respondido aún el documento que le dejaron en aquella oportunidad.
Avance frustrado
El jueves 15, coincidiendo con la fecha aniversario de la masacre de trabajadores obreros, ocurrida en 1922 en la ciudad de Guayaquil, las organizaciones indígenas se movilizaron en varias urbes, manteniendo el lema de la caminata: 'Por el agua, por la vida y contra la corrupción'.
En Quito, los mismos indígenas que marcharon durante 11 días, a quienes se le sumaron algunos quiteños, realizaron un recorrido por varias instituciones. En la mañana, acudieron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), donde entregaron al titular de la institución, Julio César Trujillo, un documento sobre la protección de la naturaleza y en rechazo a las explotaciones mineras, según señala la CONAIE en nota de prensa.
La columna de indígenas se dirigió posteriormente a la Plaza Grande, ubicada frente a la sede de la Presidencia de Ecuador, con el fin de ser recibidos por el presidente Moreno; pero un fuerte cerco policial impidió su paso. Además, fueron informados que el mandatario no se encontraba en el país, pues había viajado a Guatemala, para asistir a la XXVI Cumbre Iberoamericana.
Contra el "paquetazo"
En Guayaquil, varias organizaciones indígenas de la costa ecuatoriana marcharon por la avenida 9 de Octubre de la ciudad y llegaron hasta las riberas del río Guayas, donde pusieron a navegar las cruces de la lucha de los pueblos, en conmemoración de los 96 años de la masacre de 1922.
Además, informa la CONAIE, marcharon "contra el paquetazo", en referencia a las medidas económicas adoptadas por el presidente Moreno en agosto pasado, que incluyen:
- El aumento de la gasolina súper, que pasó de entre 2,10 y 2,32 dólares por galón a 2,98.
- El aumento del diésel para pescadores y camaroneros.
- Reducción del Estado, con la supresión y fusión de ministerios y secretarías gubernamentales; de 40 solo quedan 20, lo que derivó en despidos de empleados públicos.
- La "delegación, fusión y optimización" de las empresas públicas como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la aerolínea Tame y Correos del Ecuador.
Los pueblos indígenas de la costa también reivindicaron las demandas hechas en Quito, como la defensa del agua, los territorios y, sumaron, trabajo digno.
Rechazo a hidroeléctrica
En la Amazonía, concretamente en la provincia de Pastaza, el Pueblo Originario de la Nacionalidad Kichwa del Cantón Santa Clara (PONAKICSC) mantuvo cerrada la Troncal Amazónica, carretera principal del oriente, durante seis días, para pedir la salida inmediata de la empresa hidroeléctrica Genefran S.A., por vulnerar derechos colectivos y de la naturaleza.
En la madrugada de este jueves, después de más de dos horas de diálogo, los manifestantes alcanzaron un acuerdo con el gobernador de Pastaza, Pablo Landivar, quien se comprometió a garantizar la salida de la hidroeléctrica de la región en un plazo máximo de 48 horas.
De no cumplirse el acuerdo, el pueblo indígena de este territorio kichwa retomará el cierre de la carretera e intensificará las medidas de resistencia.
Las demandas de indígenas de Cotopaxi
El Movimiento Indígena y Campesino de la provincia de Cotopaxi (MICC) realizó una marcha por las principales calles de Latacunga, capital de la entidad, y se concentraron en la Plaza El Salto, donde instalaron una gran asamblea.
En esa reunión, a la que llegaron las autoridades posteriormente, presentaron varias demandas, como la redistribución del agua, el presunto bombardeo con yoduro de plata a las nubes para evitar que llueva, el bajo precio de la leche, la situación precaria del transporte comunitario, entre otras.
Los dirigentes del MICC firmaron acuerdos con las autoridades provinciales y nacionales, que se comprometieron a mejorar el precio de la leche, promover la creación de empresas comunitarias y entregar créditos con facilidades a las comunidades. También prometieron investigar el tema de la sequía en la zona.
Tras la firma de los acuerdos, el MICC anunció que dará un plazo de 30 días para el cumplimiento de las promesas, de los contrario, radicalizarán la protesta en Cotopaxi. Una de las consignas que se escuchó fue: "Hasta hoy el pueblo ha sido cordero, mañana será un león".
Edgar Romero G.
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