Un video en el que se aprecia cómo una docena de perros caen por un enorme barranco mientras intentan cazar un venado ha recorrido las redes en las últimas horas levantando la polémica en España, así como el debate entre los detractores de la caza y los defensores de las actividades cinegéticas.
Las imágenes, además de por otros muchos usuarios, fueron compartidas por el líder del partido político Podemos, Pablo Iglesias, lo que ha provocado que hayan tenido aún mayor difusión. Los perros van cayendo uno a uno desde una gran altura, en ocasiones varios a la vez, mientras que su dueño parece no inmutarse y solo preocuparse por la posibilidad de acceder a la pieza de caza, que también acaba despeñándose al vacío.
Advertencia: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad
La crueldad de lo que se muestra ha sido percibido como escandaloso por muchos ciudadanos de un país en el que la caza está más que extendida, sin embargo, otras personas opinan que se ha tratado de un simple accidente.
El tercer deporte más practicado del país y el más polémico
Según el Ministerio de Cultura y Deporte, en 2017 en España había algo más de 328.000 personas con licencia de caza. Se trata del tercer deporte con un mayor número de federados, tan solo por detrás del fútbol y el baloncesto.
Precisamente el partido animalista Pacma, que es la principal formación política extraparlamentaria en España, ha sido de los más críticos con la escena difundida. Laura Duarte, portavoz del partido, opina en conversación con RT que estas imágenes que han salido a la luz "son espantosas pero también habituales".
Precisamente, Pacma aboga por la prohibición total de la actividad cinegética, por considerarla "nociva".
También Juan López Uralde, líder de la formación ecologista Equo, se ha manifestado a través de las redes sociales diciendo que no entiende "que se disfrute con esto".
Incidente "fortuito y aislado"
Por su parte, la Real Federación Española de Caza ha emitido un comunicado a través de su perfil de Facebook señalando que se encuentran "consternados" ante el accidente, que según confirman tuvo lugar en Herreruela, un pequeño municipio extremeño del interior del país.
Califican lo sucedido de "fortuito y aislado" e informan de que los perros fueron atendidos por veterinarios en el mismo lugar de los hechos y posteriormente en clínicas. También arremeten contra los colectivos animalistas por querer "criminalizar el sector".
Además, el rehalero (cazador con perros) que protagoniza el polémico video, ha concedido una entrevista al medio Club de Caza en la que afirma: "Quería bajar por cualquier lado a ver a mis perros, no me importaba nada más". Rosado, que es como se identifica el dueño de los perros, informa de que uno de ellos falleció y otro resultó gravemente herido, aunque fue atendido lo más pronto que se pudo por un veterinario y que, aunque le aconsejaron su sacrificio, ha mantenido al animal con vida y parece que se recupera.
Complicada situación legal en España
Lo cierto es que en España la regulación legal de la caza es complicada, puesto que son las Comunidades Autónomas (regiones) quienes tienen la potestad de reglamentarla. Por lo tanto, existen 17 normas con muchas diferencias entre ellas y la mayoría tienen ya más de 25 años de antigüedad.
Recientemente, a principios de este 2018, entró en vigor una legislación europea sobre bienestar animal y algunas Comunidades han comenzado a actualizar sus leyes en la materia. Así ha sido en el caso de Castilla La Mancha, que a principios de año aprobó la suya. Se trata de una región con una gran tradición cazadora, lo que ha hecho que el lobby cinegético haya conseguido que no se categorice a los perros de caza como animales de compañía y no deban cumplir las mismas normas que el resto de personas que tiene un perro.
La Comunidad Valenciana se encuentra en proceso de tramitación y las alegaciones hechas por la comunidad cazadora van en la misma dirección. Según Duarte, lo que se pretende es contemplar a estos perros no como animales, sino como "útiles" o herramientas para llevar a cabo una actividad.
Impunidad del maltrato
La portavoz de Pacma habla de "impunidad absoluta sobre las actividades de los cazadores". Así, cuenta que en en regiones como la manchega no se cumple la legislación y no hay un registro fiable del volumen de perros dedicados a la caza. "El problema no son los 50.000 perros de caza que se estima que son abandonados cuando termina la temporada, sino aquellos que ni siquiera llegan a registrarse", dice Duarte, que agrega que "hay mucho oscurantismo" en este tema.
La pena por el maltrato a un animal doméstico en España va desde los 6 meses a los 18 meses de cárcel. Siempre por debajo de los dos años que, sin antecedentes penales, no obliga a ir a prisión y normalmente se acaba traduciendo en una sanción económica. "En España tan solo tres personas han entrado algún mes en la cárcel por un delito de maltrato animal", cuenta la representante del partido.
Una isla en Europa
España tiene varias particularidades con respecto a los países de su entorno europeo. Por un lado, está la utilidad que se les da a los perros, sobre todo, galgos. En otros países, los perros acompañan a los cazadores, pero no cazan. En España "el animal es la propia herramienta, el arma", indican desde Pacma, y cuentan cómo se trata de una excepción que afecta a la vida de estos animales.
De este modo, la vida útil de los perros empleados para la caza se suele ver reducida a entre 3 y 4 años. En muchas ocasiones viven en condiciones terribles en cubículos demasiado pequeños, de los que solo salen a cazar, y donde no reciben una alimentación adecuada. Cuando no son útiles, muchos cazadores se deshacen de ellos, condenándolos al abandono, relata Duarte.
Además, también explica la diferencia con respecto a otros países en cuanto a las penas más elevadas por maltrato animal, a un mayor control de la tenencia de animales o a la cultura de la esterilización. Diferencias que hacen que España sea, para la formación animalista, "un foco de abandono en Europa".
¿España entera un coto de caza?
La legislación española permite que en la mayor parte de las zonas de labor, montes, caminos y otras áreas rurales se pueda ejercer la caza. De hecho, si un propietario no quiere que se ejerza esa actividad en sus tierras tendría que pagar un monto para que se denominase coto privado de caza y evitar, así, que cualquiera pueda cazar en su propiedad.
Lo que significa esta situación es que otras actividades que se desarrollan en la naturaleza se han visto condicionadas a la actividad de la caza. "Ahora, en temporada de caza, muchas personas no pueden salir al campo", afirma la portavoz de Pacma, puesto que, según dice, el entorno natural "está tomado por personas que están matando animales".
Nuria López
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