La organización Artículo 19 presentó los "Archivos de la Represión", una plataforma en construcción que busca hacer públicas 300.000 imágenes de archivos del Estado mexicano que dan muestra de cómo el gobierno vigiló, detuvo ilegalmente, secuestró, torturó y desapareció a cientos de opositores políticos y líderes sociales desde los años 60 hasta la década de 1980.
Con base en documentos de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), la también desaparecida Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras organizaciones policiales, la organización logró hacer públicos 7.500 imágenes de archivos que permanecían ocultos sobre las violaciones sistemáticas a derechos humanos por parte del Estado mexicano en la década del 60, 70 y 80, durante la llamada "guerra sucia".
"Es inconcebible que las autoridades no permitan a las víctimas y a la sociedad conocer la verdad sobre las violaciones a derechos humanos del pasado", declaró Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, durante la presentación.
Para Artículo 19, México tiene una deuda histórica en términos de memoria, verdad y justicia sobre los crímenes cometidos por autoridades. A más de 40 años que se cometieron esos delitos, los familiares de desaparecidos y la sociedad en general desconoce cuántas personas fueron detenidas, por qué, quiénes son los responsables, y sobre todo, en dónde están.
El caso Rosendo Radilla
Si alguien conoce lo que significa la búsqueda de un ser querido desaparecido por el Estado es Tita Radilla Martínez. Su padre, Rosendo Radilla Pacheco, fue desaparecido tras haber sido detenido en un retén militar en Atoyac de Álvarez (muy cerca de la costa del Océano Pacífico) el 25 de agosto de 1974.
"Yo tengo el expediente de Rosendo, pero es enorme, y están todos censurados. Para encontrar lo que dice tengo que venir a la Ciudad de México (al Archivo General de la Nación) a buscar el archivo", cuenta Tita Radilla a RT.
El caso de Rosendo Radilla es histórico porque es el primero en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos y le ordenó una serie de medidas de reparación. "El caso Radilla también resulta paradigmático en el derecho mexicano por establecer la obligación de adoptar estándares de derecho internacional en relación a la investigación y sanción de la desaparición forzada", refiere la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C (CMDPDH).
A raíz de la decisión de la Corte IDH, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que los jueces militares no eran competentes para juzgar a militares acusados de violar derechos humanos, ordenando que dichos casos sean enviados a la justicia ordinaria federal, recuerda la CMDPDH.
Con todo y la sentencia histórica de la Corte y de la Suprema Corte de México, Tita Radilla cuenta que producto de las lagunas que tienen los expedientes de su padre, debe trasladarse a Ciudad de México para poder tener acceso a él.
En el Archivo General de la Nación, cuenta Radilla, se puede encontrar mucha información, incluso fotografías de sus familiares, "ya con el pelo largo, con huellas de tortura". "Encontramos una ficha de que desde 1963 Rosendo estaba siendo investigado y en 1975 quedó en manos de la Sedena, es lo que encontramos", dice.
Durante la llamada "guerra sucia" de los años 70 se tienen documentados alrededor de 600 casos de desapariciones forzadas, tan solo en el estado de Guerrero, uno de los más pobres del país. Cientos de expedientes como el de Rosendo Radilla permanecen ocultos y en la opacidad, pese a la demanda de verdad y justicia por parte de los familiares.
Pueblo sin memoria
Pese a ser una ventana para poder mirar lo que sucedió en aquellos años, Tita Radilla y Artículo 19 advierten que es una parte de la verdad, ya que está sustentada en los reportes de las las agencias de seguridad del Estado, que muchas veces fabricaron confesiones. "Esos archivos, esas confesiones, fueron arrancadas bajo tortura, ya que hay personas que señalan a otras como parte de los movimientos armados, eso ha generado en el municipio conflicto en las familias", cuenta Tita Radilla, quien es vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM).
Como advierte Nicómedes Fuentes, quien fue titular de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero, un organismo encargado de investigar los crímenes que cometió el gobierno mexicano y que ayudó entregando parte de la información para construir los Archivos de la Represión: "Un pueblo sin memoria es un pueblo sin rumbo".
José Luis Beltrán
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