Crimen silenciado: Cómo opera la tortura sexual contra las mujeres en México

"Tomaban turnos e invitaban a otros para subir al autobús donde abusaban de mí", recuerda Norma Jiménez cuando habla de la tortura y el abuso sexual del que fue víctima en un operativo policial que reprimió duramente a manifestantes en San Salvador Atenco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, al protestar contra la construcción del aeropuerto internacional en esa población y en Texcoco, en la misma entidad. 

Ahí se enfrentaron la Policía Federal, la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, la Policía municipal y habitantes del pueblo. El saldo oficial fue de dos personas muertas y 207 detenidas, sin embargo, hubo más de 140 detenciones arbitrarias, así como vejaciones y violaciones sexuales contra unas 26 mujeres.

Norma e Italia Méndez son parte de esas mujeres, quienes junto a María del Sol Vázquez Reyes, sobreviviente de tortura sexual a manos de la extinta Agencia Veracruzana de Investigación, hoy pueden contar su historia fuera de prisión. Sus casos forman parte de una lista de 29 que fueron documentados en el informe 'Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado', presentado por el Centro Prodh, un destacada organización de defensa de derechos humanos.

El principal hallazgo es demoledor: La tortura sexual en contra de las mujeres en México es perpetrada con excesiva frecuencia a manos de fuerzas de seguridad, tanto castrenses como civiles de los tres niveles (federal, estatal y municipal), especialmente la violación sexual.

"En 27 de los 29 casos que documentamos se utilizó la violación como herramienta fundamental para intimidar, someter y castigar a las mujeres. Todas sufrieron alguna forma de tortura sexual, hay un caso de mutilación genital, en dos casos se realizó la violación frente a familiares, se violó de manera tumultuaria", cuenta Araceli Olivos, coordinadora del informe.

Araceli Olivos.

El informe, además, destaca que en todos los casos hubo una detención arbitraria en supuesta flagrancia, sin que se les informara de los motivos; retención prolongada de las mujeres en instalaciones militares, policiales o no oficiales por más de 12 y hasta 72 horas; los ministerios públicos y jueces no cumplieron con sus obligaciones de  verificar las alegaciones de tortura sexual; no se les brindó atención médica diferenciada o especializada; y el Poder Judicial Federal dictó sentencias a partir de pruebas ilícitas.

"El Poder Judicial es un gran cómplice de la tortura sexual, conforme lo que pudimos documentar, los jueces son absolutamente omisos y aceptan procesar judicialmente a las mujeres e incluso sentenciarlas a partir de las pruebas ilícitas que se generan después de la tortura sexual, sobre todo a partir del dicho de los perpetradores", explica Olivos a RT.

Tortura sexual con excesiva frecuencia

Los casos documentados tuvieron lugar en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, y las autoridades responsables fueron tanto las castrenses como civiles de los tres órdenes de Gobierno (federales, estatales y municipales).

Araceli Olivos.

Los casos que contempla el estudio se dan dentro de la implementación de una política de seguridad del combate contra el crimen organizado en México, por lo que abarca detenciones de entre 2006 y 2015.

"Los casos demuestran que en la política del combate contra el crimen organizado, la tortura es generalizada y la tortura sexual contra mujeres se comete con excesiva frecuencia", dice Olivos con contundencia.

De entre 112 casos de mujeres torturadas de los que en el Centro Prodh ha tenido conocimiento, los recogidos en el estudio se eligieron dadas las condiciones para documentar expedientes penales y corroborar las alegaciones de tortura y tortura sexual.

Araceli Olivos.

"Lo empezamos a principios de 2017 y concluimos con la presentación del informe, fue un trabajo que sostuvimos durante dos años en los que trabajamos constantemente con las mujeres que están en el Cefereso 16, en el penal de La Toma, en Barrientos y en Almoloya (todos centros de reclusión por delitos federales). Surgió a partir de una ola masiva de solicitudes de asesoría que recibimos en el Centro Prodh y nos decidimos a documentar estos 29 casos para hacer visible que la tortura sexual es una práctica que se comete por agentes del Estado en contra de las mujeres y, particularmente en esta etapa en México de la guerra contra el crimen organizado, no se habla nada del impacto que ha tenido en las mujeres", refiere la defensora de derechos humanos.

En 28 casos, las mujeres sufrieron abuso sexual, la mayoría mediante tocamientos o actos similares, o bien por haber sido obligadas a desnudarse parcial o totalmente frente a sus agresores; algunas fueron fotografiadas o grabadas. El único caso en el que no hubo tocamientos fue el de una mujer de entonces 52 años de edad, quien, no obstante, fue golpeada brutalmente en los pechos, recoge el documento.

México es un país donde mueren nueve mujeres al día y aproximadamente cada hora se denuncia una violación sexual. "Las mujeres tampoco estamos seguras a manos de agentes el Estado, todo lo contrario. Estos 29 casos demuestran que su vida y su integridad están en riesgo cuando están a manos de militares y policías", abunda Olivos.

En 28 de los casos hubo dos o más formas de tortura sexual. Respecto de los actos de violencia dirigidos a zonas sexualizadas, ocurrió en 10 casos, entre los cuales hay un caso de mutilación genital; el resto de las víctimas son mujeres a quienes, en más de una ocasión, se les aplicaron descargas eléctricas en la vulva, la vagina y/o los pechos.

Cómplices de la tortura

Para el centro de derechos humanos, el Poder Judicial mexicano ha dado una respuesta contundente al mantener presas a las mujeres. "Manda un mensaje de que la tortura funciona, pero la tortura es un crimen que incluso puede considerarse de lesa humanidad y está prohibida incluso en las guerras", dice la coordinadora de la investigación.

Este informe busca incidir judicialmente en los casos que aún están pendientes de sentencia y aquellos que están en apelación. A las mujeres se les acusa de distintas modalidades de delincuencia organizada; posesión, portación o acopio de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; delitos contra la salud; secuestro: homicidio; robo y extorsión.

Araceli Olivos.

"Buscamos que públicamente se envíe un mensaje al Poder Judicial Federal, porque todas ellas están sujetas a procesos penales federales, para que dejen de omitir sus obligaciones y que su silencio deje de ser cómplice de la tortura sexual", concluye la también abogada del centro.

De las 29 mujeres, tres han sido excarceladas. La esperanza es que las restantes, al igual que Norma, Italia y María del Sol, den la batalla en libertad.

Paola Morales