La Justicia de Honduras condenó este jueves a siete hombres acusados por el asesinato de la militante ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en marzo de 2016.
Según informó esta tarde el diario local El Heraldo, siete de las ocho personas imputadas recibieron sentencia a prisión por ser considerados autores materiales del asesinato de la dirigente ambientalista.
Sergio Ramón Rodríguez, gerente Ambiental y de Comunicaciones de la Empresa Desarrollos Energéticos, S. A. (DESA); el mayor e instructor de la policía militar, Mariano Díaz Chávez; y el teniente retirado Douglas Bustillo, fueron considerados por el Tribunal culpables de asesinato.
En tanto, el capitán retirado del ejército Edilson Atilio Duarte Meza, otro exmiembro del ejército nacional y trabajador de empresas de seguridad, Henry Hernández y dos presuntos sicarios, Elvin Rápalo Orellana y Óscar Torres, fueron declarados culpables por el delito de asesinato en su grado de ejecución.
El octavo imputado, Emerson Eusebio Duarte Meza, hermano del exmilitar condenado, fue absuelto de todos los cargos.
"Pese a que van a pudrirse en la cárcel, a mi hija no la voy a tener viva", lamentó la madre de Cáceres al finalizar la audiencia.
En tanto, el gerente general de la firma DESA, David Castillo, se encuentra privado de su libertad por su presunta vinculación con la autoría intelectual del homicidio, aunque no fue imputado en este juicio.
Dos años y ocho meses pasaron para conocer la condena a los responsables del homicidio de la ambientalista y defensora de los derechos humanos. Durante el proceso, los familiares de Cáceres denunciaron una serie de irregularidades y anomalías por parte de la Justicia local.
Fueron claves en el juicio las pruebas científicas recolectadas en el lugar del crimen, ya que, según había informado el Ministerio Público hondureño, acreditaron la participación de los sospechosos.
La dirigente fue asesinada de tres balazos el pasado 2 de marzo del 2016, mientras dormía en el interior de su casa de habitación en Residencial El Líbano, ubicada en la localidad occidental de La Esperanza.
Cáceres era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cargo con el que ganó visibilidad por su activismo contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA en territorio de la comunidad aborigen lenca, y debido a su militancia había recibido al menos 33 amenazas de muerte, de acuerdo a su familia.
Cáceres, de 45 años y madre de cuatro hijos, había sido reconocida con el Premio Goldman de 2015 por movilizar a los indígenas lencas contra la construcción de la represa Agua Zarca, en la región oeste de Honduras, por considerar que amenazaba el medio ambiente y los territorios indígenas.