El Gobierno de Uruguay ha negado este lunes el asilo que pidió el expresidente peruano, Alan García, de 69 años, investigado por el caso Odebrecht.
"No concederemos el asilo político al expresidente Alan García", anunció el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, en una rueda de prensa conjunta con el canciller Rodolfo Nin Novoa.
Vázquez señaló que, tras las investigaciones realizadas y tras un "profundo estudio de la situación", se ha concluido que el caso de García "no es una persecución política", y aseguró que la decisión del Gobierno uruguayo se debe "a consideraciones estrictamente jurídicas".
El presidente afirmó que García deberá retirarse "inmediatamente" de la embajada y "por sus medios". "De la misma manera que llegó, tiene que salir", destacó.
"Se tuvo en cuenta que la Justicia peruana es la que está investigando por presumibles delitos económicos al señor Alan García", concluyó el presidente.
Por su parte, el canciller reiteró que "el Gobierno del Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente (...) no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente (1985-1990 y 2006-2011) constitucional de la República de Perú".
Salida de García de la embajada
Inmediatamente después de la rueda de prensa, el canciller peruano, Néstor Popolizio, informó a la radio peruana RPP de que García ya había abandonado la embajada de Uruguay en Lima, donde se encontraba desde el pasado 17 de noviembre tras pedir asilo después de que el Poder Judicial dictara el impedimento de salida del país contra él por un plazo de 18 meses.
"Creo que esta decisión preserva el buen estado y el buen nivel de las relaciones bilaterales entre Perú y Uruguay", señaló Popolizio en referencia a la decisión de Montevideo.
"Nota diplomática"
El 20 de noviembre, el Gobierno peruano, a través de la Cancillería, entregó una "nota diplomática" al embajador de Uruguay en Lima, Carlos Barros, en la que, entre otras cosas, se recordaba que Uruguay y Perú son Estados parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, "cuyo objetivo es precisamente fortalecer los mecanismos anticorrupción para defender a las instituciones democráticas de sus efectos corrosivos".
A García se le investiga por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener durante su segundo mandato un contrato de construcción de una línea de metro en Lima.
Además, la semana pasada la Fiscalía peruana le abrió una investigación preliminar contra García por supuestamente facilitar la concesión del Terminal Portuario del Callao a una empresa holandesa.