Una nueva resolución en el reglamento de uso de armas de fuego para las cuatro fuerzas de seguridad federal —Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria—, se hizo efectiva esta tarde, luego de que el Ministerio de Seguridad lo anunciara en el boletín oficial.
En el protocolo, impulsado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se detallan las nuevas acciones que las fuerzas pueden aplicar ante un 'peligro inminente' para sí mismos o terceros. Los entes de policía local, correspondientes a la jurisdicción de las provincias argentinas, quedan exentas.
En el anexo titulado 'Reglamento general para el empleo de armas de fuego', se especifican todas las situaciones en las que está permitido disparar. El oficial puede proceder, por ejemplo, bajo la sospecha de que el presunto delincuente posea una arma o cuando considere que, aún desarmado, pueda representar una amenaza letal para sí mismo u otras personas. Situaciones no contempladas antes por la norma.
Estas nuevas disposiciones abrieron el debate por el rol de las fuerzas de seguridad. Distintos referentes políticos y organizaciones sociales expresaron su repudio por las redes sociales y anunciaron un descargo en conjunto en los próximos días.
Román Ariel, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), considera que la decisión del Gobierno legaliza el abuso de las fuerzas en la sociedad: "Con esto comprobamos que se van a profundizar aún más los casos de asesinatos ilegales por la policía. Ya en 2017 advertimos con nuestra investigación que una persona, cada 22 horas, moría por abuso policial. La ministra Bullrich dijo que nuestras cifras eran una mentira, pero nunca lo justificó, ni demostró lo contrario", dijo en entrevista a este medio.
A juicio del activista de esa organización —que lucha contra el abuso policial—, la justicia "está alineada con el Gobierno" porque, según denunció, la mayoría de las veces que un efectivo es enjuiciado por el uso indebido de una arma de fuego, queda absuelto o con una sentencia menor.
"No hay independencia judicial con las fuerzas. Esto no es nuevo, pero se expresa con más claridad. Es mínimo el porcentaje de policías con una sentencia ejemplar", finalizó Ariel.
La interpretación de la ley
En otra línea,Tobías Schleider, doctor en Filosofía del Derecho y especialista en seguridad ciudadana, considera que el nuevo reglamento es criticable, pero no es determinante para que aumenten los hechos de violencia institucional en el país: "Hay que destacar que esto aplica solo para las fuerzas federales y no provinciales, con lo cual reduce el número de fuerzas que puedan adaptarse a esta disposición. Se están haciendo interpretaciones muy apresuradas, cuando los jueces son los que deciden, finalmente, si el nuevo reglamento es compatible con las layes de la Constitución".
Scheleider también advierte que la consideración de 'peligro inminente' es poco clara. "Esta resolución tiene un peso simbólico hoy. No está redactada de la mejor manera, por lo que dudo que devenga en una tragedia nacional como vaticinan algunos", concluye el especialista.
'Gatillo fácil'
El anunció del Ministerio de Seguridad llega pocos días después de la 'Marcha de la gorra', una manifestación realizada todos los años en varias ciudades del país para protestar contra los casos de 'gatillo fácil', como se conocen a las muertes por parte de policías que usaron deliberadamente su arma reglamentaria.
También coincide con un clima caldeado, luego de que el enfrentamiento entre las fuerzas y militantes sociales, tras el reclamo por unas tierras, culminara con muerto, y la Justicia cerrara la causa de Santiago Maldonado, luego de descartar su desaparición forzada por parte de Gendarmería Nacional, fuerza alcanzada por la nueva resolución.
Jorge Suárez Saponaro, abogado y especialista en Defensa Nacional, estima que el reglamento es escueto y limitado y, además, no toma en cuenta qué interpretación pueda hacerse de la ley.
"Las situaciones donde las leyes ameritan el uso de las de armas por parte de las fuerzas, como puede ser un ladrón que dispara en plena vía pública, son muy sensibles. Ningún caso es el mismo y si, a partir de ahora, la ley va a ser más permisible, se deberá también tener en cuenta qué preparación tuvo ese agente. Hay programas de entrenamiento que son de los años 80, con los cuales se están formando las fuerzas que van a custodiar las calles. También está la inexorable cuestión de la corrupción que acecha a los órganos de seguridad, actúan como una corporación donde se cubren unos a otros", sostuvo.
Por otra parte, apunta Suárez Saponaro, la Justicia tiene falencias propias sin resolver por lo que, asegura, no está preparada para este nuevo reglamento: "Primero, implicaría más tiempo para los jueces en este tipo de causas que requieren una investigación muy fina. El criterio de cada magistrado de lo que prevé el Código Penal, puede variar. Esto puede dar una tendencia, también, de corporación judicial que ampare, de manera incorrecta, la mala aplicación del accionar policial a la hora de disparar".
Facundo Lo Duca