La Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de control judicial en el país, resolvió esta tarde, por cuatro votos contra uno, que el beneficio en la reducción de la condena —conocida como la Ley 'dos por uno'— no es aplicable para detenidos por crímenes de lesa humanidad.
La nueva decisión de la Corte (conformada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rossati) desestima el fallo que había sido aprobado por tres de sus integrantes en 2017, y que le permitió el beneficio de la ley del 'dos por uno' al represor policial Luis Muiña, condenado por el secuestro y asesinato de dos personas durante la última dictadura argentina (1978-1983).
Muiña había solicitado el año pasado que se le aplicara la ley que achica la pena a los procesados que están en prisión sin una sentencia firme, o de manera 'preventiva'. Los jueces Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco accedieron a su pedido por considerar que la misma no excluía a los implicados por crímenes de lesa humanidad.
La decisión movilizó de inmediato a la sociedad argentina, que mostró su repudio en las calles con una multitudinaria protesta frente al Congreso de la Nación. Posteriormente, el parlamento sancionó una ley —por unanimidad— que estipula expresamente dejar afuera del beneficio a los implicados por delitos relacionados a los derechos humanos aunque faltaba la postura de la Corte de rechazar, o no, cualquier otro pedido similar.
¿Retroceso en los derechos humanos?
En diálogo con este medio, la diputada nacional por Unidad Ciudadana Mónica Macha consideró que el reciente fallo de la Corte es un logro de la movilización de 2017.
"El efecto de una manifestación no debe tomarse a la ligera. No hay que confundir que ya es parte del paisaje del país. Este gobierno acusó al anterior de utilizar a los organismos de derechos humanos solo para conseguir votos, pero la defensa de las políticas de memoria verdad y justicia son parte de nuestra identidad contra el genocidio más grande que tuvo el país y, así, se construye nuestra patria", dijo Macha.
La diputada, quien acusa al Gobierno de querer desarticular los organismos creados para mantener la memoria de la última dictadura, considera que hay también una postura clara de muchos partidos de la oposición para no ceder ante esto.
"Los que creemos en un gobierno popular y que no olvida a los desaparecidos del proceso militar representamos a muchos ciudadanos que nos votaron en el Congreso. Macri debe darse cuenta lo que significa para la sociedad algunas decisiones que lleva adelante", completó.
En 2017, durante un acto público para presentar su Primer Plan Nacional de Derechos Humanos, el presidente Mauricio Macri aseveró que en su Gobierno "las políticas de Memoria, Verdad y Justicia están garantizadas".
En el programa se presentaron 243 propuestas, que incluyen varios aspectos para avanzar en compromisos con la justicia, la igualdad, la memoria y la inclusión. "Es un paso histórico, una hoja de ruta para un nuevo paradigma", celebró el mandatario en esa oportunidad.
Los ejes del Plan de Macri no solo respaldan la continuidad de los juicios por lesa humanidad a los represores de la dictadura, sino también apuntan a la incorporación de derechos como la seguridad pública, el acceso universal a la salud y la educación.
Esta tarde, el Secretario de DDHH y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, celebró la decisión de la Corte Suprema: "El fallo coincide con nuestra posición de permanente rechazo en este tema. En la Argentina que queremos no podemos avalar atajos en favor de nadie", dijo el vocero del oficialismo.
"Lentitud nociva"
Luz Palmas Zaldua, abogada y coordinadora del equipo 'Memoria, Verdad y Justicia' del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que promueve la protección de los derechos humanos, asegura que los juicios a ex militares siguieron adelante en la gestión del actual Gobierno, pero con una lentitud nociva para las causas.
"Hay un fuerte impulso de los querellantes y la procuraduría de lesa humanidad, con varios tribunales y jueces muy comprometidos que hacen que continúen los juicios. Lo que ocurre es que hay mucha lentitud para llevar adelante los procesos. Los hechos sucedieron hace más de 40 años y los culpables van falleciendo, igual que las víctimas. Lejos estamos de tener políticas que aceleren las causas", explica Zaldua.
La coordinadora afirma que la postura de Cambiemos, partido de Macri, es negacionista respecto a lo ocurrido entre 1978 y 1983 porque, a su juicio, ha relativizado la cantidad de desaparecidos: "El Ejecutivo tomó una decisión muy grave cuando el año pasado desmanteló la dirección de derechos humanos del Ministerio de Seguridad, que trabajaba sobre documentos de la policía federal en la dictadura, algo crucial para que puedan sumarse pruebas a los nuevos juicios, tanto para absolver o condenar", puntualizó.
La abogada también opinó respecto a la reciente decisión del presidente de convertir, a través de un decreto, a 'Campo de Mayo', uno de los mayores centros de detención militar, en una reserva natural: "Esto puede habilitar a que los intendentes de su partido, en otras localidades del país, repliquen lo mismo, relativizando lo ocurrido durante el terrorismo de Estado", finalizó.
Facundo Lo Duca